Alberto Fernández y su promesa como presidente: “Vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable”

Durante el debate televisivo de 2019, el entonces candidato y ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, prometió: “Vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable”. 

Al concluir su mandato, esta promesa quedó “incumplida con avances”. La gestión del Frente de Todos se esforzó en incluir a la minería dentro de un plan de desarrollo nacional, sin embargo no se alcanzaron cambios de fondo.

Durante los 4 años de Fernández se presentaron e implementaron actividades como una mesa nacional, un plan estratégico y un sistema de información pública sobre la actividad, pero no hubo decisiones oficiales que establecieran una política de Estado.

Según la metodología de Chequeado, una promesa es considerada así cuando “la promesa tenía una meta establecida que no se alcanzó, pero se registraron avances en esa dirección”.

Algunos avances sin resultados o logros

Desde un primer momento, el Frente de Todos quiso incluir a la minería dentro de un plan de desarrollo. En noviembre de 2020, el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, creó una mesa nacional integrada por diferentes sectores. Esta sería la encargada de elaborar un plan estratégico que debía contener una propuesta para fomentar la actividad en forma sustentable.

Este documento -que finalmente fue lanzado un año después, en diciembre de 2021- planteaba 3 iniciativas vinculadas al desarrollo de una actividad ambientalmente sostenible: fortalecer las actividades de fiscalización y monitoreo ambiental y la disponibilidad y acceso a la información; armonizar, actualizar y complementar el ordenamiento jurídico vinculado a temas ambientales; y mejorar el desempeño ambiental en los procesos productivos de la cadena de valor minera.

Respecto de la primera iniciativa, en octubre de 2022 el Gobierno nacional puso en vigencia el Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales, con el propósito de aumentar la exhaustividad de los controles ambientales y las auditorías. Antes, en mayo, se había lanzado el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina, una herramienta de información donde se encuentra disponible información cuantitativa y cualitativa. 

Al analizar las otras 2 iniciativas, hubo algunos avances, pero sin mostrar resultados o logros alcanzados según pudo verificar Chequeado al consultar a la secretaría que dirigía Fernández Ávila, que depende del Ministerio de Economía. 

En relación a “armonizar, actualizar y complementar el ordenamiento jurídico vinculado a temas ambientales”, se trabajó en el diseño de herramientas para los gobiernos provinciales frente a posibles conflictos socioambientales mineros. Además, se colaboró con el Congreso durante el proceso estipulado para el Anteproyecto de Ley de Cierre de Mina y se trabajó en el Proyecto PNUD “Apoyo a la Implementación de la Contribución Nacional al Cambio Climático”. 

En referencia a la última iniciativa, la Secretaría de Minería estuvo desarrollando el Programa de Diagnóstico de Activos y Pasivos de la Minería.

Sin embargo, en 2023 no se pudieron mostrar logros concretos en los procesos que se pusieron en marcha en 2021 y 2022. Hubo una falta de resultados en esta materia. Las páginas oficiales mostraban como novedad ese año documentos alcanzados en 2021 como corroboró este medio.

Las críticas de diversos especialistas

Tanto la conformación de la mesa nacional como el plan estratégico que se elaboró recibieron críticas. Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, señaló a Chequeado: “Los sectores que formaron parte de la primera instancia promueven la actividad. Hay una ausencia muy marcada de actores sociales y gubernamentales con una mirada distinta”.

Del mismo modo, Enrique Viale, abogado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental y fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), explicó a este medio que, “durante la gestión del Frente de Todos, no solo no se avanzó en cuanto a la sustentabilidad de la actividad sino que se retrocedió. Sobre todo con el litio en el Norte. Sin una legislación mínima de protección de humedales vamos por mal camino”. 

Por su parte, otros especialistas señalaron que desde 2019 hubo avances, a pesar de que no resultaron del todo significativos. Bernardo Parizek, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba y magister en Evaluación de Impacto Ambiental de la Universidad de Málaga (España), destacó a Chequeado: “Se han ido formando buenos equipos dentro del Estado. En los ‘90, las provincias dueñas de los recursos no sabían cómo manejar el tema ambiental. Hoy eso ha cambiado”. 

Ante la consulta de este medio sobre esta modificación, desde la Secretaría de Energía ponderaron la mesa nacional creada en 2020, “una política que promueve la participación activa y pública de todos los sectores de la sociedad mediante encuentros federales”. 

La cartera que dirigía Fernanda Ávila desarrolló 2 instancias de debate: la primera, en mayo de 2022, en el edificio del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación; y, la segunda, en la provincia de San Juan en octubre de 2022. En 2023 tuvo lugar una reunión el 24 de agosto. Pese a que se estaba en la recta final de la gestión del Frente de Todos, en esa reunión se repitió un esquema de proponer temas, revisión de otros y compartir puntos de vista, sin que surgieran definiciones específicas de políticas.

¿Cuáles fueron las materias pendientes sobre esta promesa?

El plan estratégico planteaba 4 puntos para el desarrollo sostenible de la actividad minera: “Minería Inclusiva (aspectos sociales), Minería Ambientalmente Sostenible (aspectos ambientales), Minería Competitiva y Minería Integrada (aspectos económicos)”.

Con respecto a estos lineamientos, Goméz señaló a Chequeado: “La sostenibilidad va más allá de esto. Además, la sostenibilidad no puede dividirse y hablar solo de sostenibilidad ambiental, es un conjunto a tratar. En este sentido, el documento tiene una mirada de buenas prácticas cuando lo que tiene que primar es una perspectiva normativa que respete y garantice el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales”.

Con respecto al objetivo de “impulsar el desarrollo de la cadena de valor minera local, provincial, regional y nacional” que aparece en el punto “Minería Integrada”, el experto de la FARN explicó que “la minería no es una actividad que presente encadenamiento productivo o valor agregado en las comunidades locales”, y agregó que “se la presenta como la única posibilidad de desarrollo productivo a nivel local”. En el mismo sentido, Viale remarcó que hizo falta un plan de transición para terminar con esta actividad extractiva. 

Para Parizek, por su parte, “el mayor problema es conocer la actividad y conocer sus potencialidades”. Y, en este sentido, invitó a “salirse de los miedos y los formatos que los antimineros encasillaron a la actividad”, y que esto fue una debilidad de la gestión de Fernández en el manejo de la minería.

Por lo tanto, la promesa de Alberto Fernández quedó como “incumplida con avances”. La gestión del Frente de Todos se esforzó en incluir a la minería dentro de un plan de desarrollo nacional, sin embargo no se alcanzaron cambios de fondo.

Durante los 4 años de Fernández se presentaron e implementaron actividades como una mesa nacional, un plan estratégico y un sistema de información pública sobre la actividad, pero no hubo decisiones oficiales que establecieran una política de Estado.

INCUMPLIDA CON AVANCES: la promesa tenía una meta establecida que no se alcanzó, pero se registraron avances en esa dirección.