Clarín: “Cinco trans por día tramitan un documento acorde con su aspecto físico”

El diario Clarín publicó una nota en cuyo titular señala que, a cuatro años de que el Congreso de la Nación sancionara la Ley de Identidad de Género, “cinco trans por día tramitan un documento acorde con su aspecto físico”.

Ante la consulta de Chequeado, desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper), que depende del Ministerio del Interior de la Nación, informaron que desde 2012, 7.614 personas trans pudieron tramitar un nuevo documento acorde a su identidad, es decir, un promedio de cinco personas por día.

La ley define como identidad de género “a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”. Esto permitió a la comunidad trans acceder a distintos derechos, como el reconocimiento de su género a través del DNI.

“Se trata de un primer reconocimiento del Estado al derecho de ser uno mismo y no otro, derecho fundamental para acceder al resto de todos los derechos”, explicó a este medio María Rachid, directora del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires y secretaria General de la Federación Argentina LGBT (FALGBT).

La ley sentó un precedente a nivel mundial, ya que no es necesario “acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico”, como ocurre en otros países como Holanda, para cambiar el género en el documento. Además, permite el acceso gratuito a tratamientos hormonales y a cirugías para la reasignación genital.

Sin embargo, a cuatro años de la sanción de esta ley, aún no existen estadísticas oficiales sobre la población trans en todo el país. En 2012, el INDEC y el INADI anunciaron que harían una encuesta a nivel nacional sobre la situación de los travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans.

Al día de hoy, solo se publicó una prueba piloto que se realizó en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. En la prueba se reflejó que el 80,4% de las personas trans dijo que no tenía obra social, prepaga o plan estatal, mientras que el 80,4% de las trans femeninas y el 6,4% de los trans masculinos dijeron que ejercieron la prostitución en algún momento.

Un informe realizado en 2014 por la fundación Huésped y la Asociación Travestis, Transexuales y Transgénero Argentina (ATTTA) señala que muchas de las situaciones de violencia y discriminación sufridas por esta comunidad en distintas instituciones, como las médicas o educativas, disminuyeron tras la implementación de la ley.

Aún así, el informe señala que esta población está en la vulnerabilidad, con una situación laboral precaria de elevada inseguridad e informalidad. “De las 452 encuestadas, solo 14,6% mencionó nunca haber realizado trabajo sexual”, señala el informe y agrega que, “de las restantes, seis de cada diez participantes están vinculadas al trabajo sexual actualmente”.

“En lo que es acceso al trabajo, no hubo grandes cambios. El 90% de las compañeras siguen cayendo en la prostitución para poder sobrevivir”, destacó Florencia Guimaraes García, presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (ALITT).

Por otro lado, el informe denuncia que antes de la sanción de la ley, el 48,3% de las mujeres trans consultadas denunció haber sufrido violencia física, y el 43% fue abusada sexualmente por las fuerzas policiales mientras se encontraban detenidas. Luego de la ley, estos porcentajes se redujeron a 8,7% y 9,3%, respectivamente.

“La población trans todavía tiene un promedio de vida de 40 años y es producto de la falta de acceso a sus derechos”, señaló Rachid y destacó que “es necesario avanzar en el cumplimiento de la ley en lo que respecta a la salud y brindar asistencia al universo de personas trans adultas mayores, que tienen un acceso imposible al mercado de trabajo registrado y no cuentan con ningún medio de subsistencia”.

En lo referente al mercado laboral, la Provincia de Buenos Aires aprobó en 2015 la Ley 14.783, que establece que el 1% de los puestos de trabajo que dependan del Estado provincial deben estar cubiertos por personas transexuales, travestis y transgénero. Sin embargo, hasta el momento la ley no fue reglamentada.

Esta norma es también conocida como “Ley Diana Sacayán”, en homenaje a la militante trans impulsora del proyecto que fue asesinada en octubre del año último. No se trata de un caso aislado: en 2015, al menos cinco personas trans fueron asesinadas por su condición de género, según datos de la ONG La Casa del Encuentro.

“Hay un montón de casos de compañeras asesinadas de los que, por no ser conocidas, no se habla. Pero los asesinatos no disminuyen; al contrario, crecen”, concluyó Guimaraes García.