El caso Fibertel, ¿es un ataque a la libre elección y a la libre expresión?

En medio de la feroz pelea que mantiene el Gobierno con el Grupo Clarín, la Secretaría de Comunicaciones de la Nación declaró el pasado 19 de agosto la caducidad de la licencia que tenía Fibertel –una empresa del Grupo- para brindar servicios de banda ancha. Además, dio un plazo de 90 días a sus clientes para buscar otro prestador. Inmediatamente, tanto la empresa Cablevisión -que ordenó la disolución de la firma en enero de 2009 y desde entonces brinda el servicio de Internet con la licencia de la desaparecida Fibertel- como los principales dirigentes de la oposición en Diputados repudiaron la decisión oficial. Consideraron que la medida “avanza sobre la libertad de elección” de los usuarios ya que los obligará a contratar los servicios de banda ancha que ofrecen telefónicas. También, que atenta contra la “libertad de expresión”. Estas argumentaciones son, por lo menos, discutibles.

Según información de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), en la Argentina existe una lista de 178 empresas y 155 cooperativas con capacidad y licencia para brindar el servicio de banda ancha. Si bien ya nadie podrá optar por Cablevisión/ Fibertel, no habría motivo para no elegir libremente entre las firmas que componen el resto de la oferta, de la que las telefónicas forman parte, pero no son las únicas opciones. El Gobierno prometió que los usuarios que migren forzosamente no deberán pagar aumentos ni cargos de instalación. Un rápido relevamiento llevado a cabo por chequeado.com a partir del listado oficial dio como resultado un alto número de teléfonos equivocados o desactualizados, que ponen en duda las abultadas cifras oficiales. Pero también demuestra la existencia de prestadores con tarifas incluso más bajas que las de la desaparecida Fibertel.

En cuanto a las restricciones a la libertad de expresión, denunciadas tanto por el propio Grupo Clarín como por referentes de la oposición, no parece existir sustento para ello. Durante una conferencia de prensa brindada por representantes de casi todo el arco opositor, donde se anunció que se impulsará un proyecto para derogar la “prohibición oficial” a Fibertel, el jefe del bloque radical, Oscar Aguad, consideró que la medida adoptada por la Secretaría de Comunicaciones, “forma parte de un ataque sistemático para restringir la libertad de expresión y el derecho a elegir el medio de información”. Otros políticos se manifestaron en términos similares. Si bien es cierto que podría interpretarse el ataque a un grupo que maneja medios de comunicación como un atentado a la libertad de expresión, en este caso se trata de la baja de un servicio de conexión a internet y no de un medio propiamente dicho. En sentido estricto, no existen restricciones en cuanto a la posibilidad de navegar por la Red mediante el servicio ofrecido por otro proveedor, ni para que los usuarios publiquen sus expresiones en internet.