Javier Milei y su promesa a un año como presidente: “Vamos a reformar la Ley de Inteligencia”

A un año de asumir Javier Milei como presidente de la Argentina, en su Plan de Gobierno presentado por La Libertad Avanza en 2023 durante la campaña electoral hizo la promesa como candidato de “reformar la Ley de Inteligencia”. También mencionó esto en el debate presidencial de 2023 previo al balotaje.

Esta promesa se encuentra “en proceso, adelantada”. Si bien el Gobierno de Milei no presentó un proyecto para reformar la Ley de Inteligencia, dictó un decreto de necesidad y urgencia que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y restablece la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), reformando varios aspectos de la Ley de Inteligencia.

Según la metodología de Chequeado, una promesa se encuentra “en proceso, adelantada” cuando “se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida”.

Especialistas consultados por Chequeado señalaron que el DNU representa “un retroceso” en varios aspectos del sistema de inteligencia.

DNU: disolución de la AFI y creación de la SIDE

El 15 de julio de 2024, el Presidente Milei dictó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 614/2024, para disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y reinstalar la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Más allá del nombre, se modificó la estructura del organismo, con 4 nuevas dependencias bajo la dirección del secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert, quien reemplazó en junio de 2024 a Silvestre Sívori. Estas áreas incluyen el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

La Secretaría de Inteligencia, según el decreto, es el organismo rector del sistema, coordina en términos operativos y controla el presupuesto de las áreas de inteligencia del Ministerio de Seguridad (Dirección Nacional de Inteligencia Criminal) y del Ministerio de Defensa (Dirección Nacional de Inteligencia Militar).

Chequeado consultó a la Jefatura de Gabinete si, además del DNU, el Poder Ejecutivo tenía prevista una reforma de la Ley de Inteligencia que pase por el Congreso, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

DNU: qué cambió en la Ley de Inteligencia

El DNU modifica 13 artículos de la Ley de Inteligencia e incorpora 8 artículos nuevos, permitiendo que los organismos de inteligencia actúen como auxiliares de la Justicia en expedientes judiciales, aunque aclara que debe ser “excepcionalmente y de manera fundada”.

Esto había sido vedado por Alberto Fernández (Frente de Todos) a través de un DNU dictado en marzo de 2020, amparado en que ese “resquicio legal” permitió “generar y retroalimentar vínculos espurios” entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia.

Además, el DNU de Milei dispone otra novedad en materia judicial: solicita al Ministerio Público Fiscal (MPF) “que adopte las medidas necesarias a los efectos de crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia para cooperar” con la SIDE. El procurador general, Eduardo Casal, asignó a la Secretaría de Coordinación Institucional del MPF está función, y se firmó un convenio de cooperación entre esta secretaría y la SIDE.

Margarita Trovato, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -organización que es miembro de la Iniciativa para el Control Ciudadano del Sistema de Inteligencia (ICCSI)-, señaló a Chequeado que el DNU “habilita la vigilancia masiva y la interceptación de comunicaciones directamente por parte de la SIDE”.

La especialista detalló: “El DNU crea la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) dentro de la SIDE y le da facultades para ‘interceptar comunicaciones’ privadas y recolectar, adquirir y procesar ‘toda información relevante para el Sistema de Inteligencia Nacional’ -algo que según la ley en su formulación anterior la AFI no podía realizar por sí misma- sin detallar a qué se refiere, de qué forma lo haría, bajo qué parámetros, con qué controles, qué haría con la información obtenida ni por cuánto tiempo la almacenaría. No deja en claro siquiera si es necesaria la autorización de un juez, cuestión que sí preveía la ley previamente”.

El Gobierno eliminó también la necesidad de un acuerdo del Senado para el nombramiento del jefe de Inteligencia, requisito que existía para la AFI, aunque durante el gobierno del Frente de Todos los 3 titulares del organismo actuaron en calidad de interventores, sin acuerdo legislativo.

A principios de noviembre, el CELS presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU en el Fuero Contencioso Administrativo Federal. “El Decreto no sólo autoriza a la AFC a interceptar comunicaciones, sino a recolectar, adquirir y procesar información que podría estar alojada en bases o bancos de datos privados o archivos digitales privados, con grave afectación de la intimidad tutelada por la Constitución”, señala la organización en el escrito presentado ante la Justicia.

Y agrega que “se trata de normas que pueden ser calificadas como materia penal” y que “no pueden ser incorporadas al sistema jurídico por el Presidente de la Nación por vía de un decreto aun cuando hubiera necesidad y urgencia, que no la hay”.

El DNU de Milei estuvo acompañado de otro decreto que reglamentó “un nuevo Estatuto para el Personal, un nuevo Régimen de Administración de Fondos y un nuevo Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios de la SIDE”. En esa norma, se habilitó la posibilidad de reincorporar personal retirado. 

Fondos reservados

El 19 de julio de 2024, Milei dictó otro DNU, el N° 656/2024, que asignó $ 100 mil millones a la SIDE en gastos reservados. Estos fondos, destinados al ámbito de la inteligencia, no se publican ni detallan por razones de seguridad nacional. Su control externo recae en la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de Actividades de Inteligencia del Congreso, mientras que a nivel interno, la supervisión corresponde a la División de Asuntos Internos.

“Cuando asumimos el gobierno el 10 de diciembre de 2023, nos encontramos con que solamente el 10% del presupuesto total de la AFI eran fondos reservados”, informó Guillermo Francos, jefe de Gabinete, ante el Congreso.

Si bien no dio detalles sobre el destino de estos fondos, explicó: “La Agencia Federal de Ciberseguridad requiere una inversión fundacional relevante en tecnología que permitirá proteger los intereses de la República Argentina”.

Y agregó: “Los grupos de ciberdelincuencia que vulneraron los sistemas informáticos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), ponen en riesgo la seguridad de los habitantes de la Nación. El Estado no puede mantenerse inmóvil frente a estas amenazas, tiene que reconocerlas anticipadamente”.

Sin embargo, ese DNU perdió vigencia porque las 2 cámaras del Congreso rechazaron su validez. 

Trovato observó que “los fondos reservados están previstos para el Sistema de Inteligencia en la Ley 25.520 (2001), por lo que la atribución de otorgarlos ya existía y todos los gobiernos desde entonces lo han hecho. Sin embargo -como se trata de presupuesto secreto sobre el que no hay obligación de registro, se gasta discrecionalmente y el único control es ex post por parte de la Comisión Bicameral-, debería ser un monto mínimo indispensable para el funcionamiento de las actividades que realmente requieren ser financiadas en secreto y no la regla general”.

Y aclaró que sigue vigente el Decreto N° 331/2023 (anexo II), que “exige que sean sólo para gastos excepcionales cuando su publicidad pueda afectar ‘el normal desarrollo de las actividades de inteligencia, poniendo en riesgo la defensa nacional o la seguridad interior’, y prevé que el resto de las operaciones deben regirse por el presupuesto ordinario y controlarse según la Ley de Administración Financiera N° 24.156”.

Por todo lo expuesto, la promesa de Milei se encuentra “en proceso, adelantada”. El Gobierno de Milei no presentó un proyecto para reformar la Ley de Inteligencia, pero dictó un decreto de necesidad y urgencia que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y restableció la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Este DNU reforma varios aspectos de la Ley de Inteligencia.

EN PROCESO, ADELANTADA: se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.