Kicillof: “Los delitos vinculados a drogas subieron un 33,1% [en la Provincia]”

El candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, se refirió en una entrevista al narcotráfico y criticó la gestión de la actual gobernadora, María Eugenia Vidal: “Los delitos vinculados a drogas subieron un 33,1% [en la Provincia]”. Al referirse a esta suba el candidato aclaró que se refería a datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, el organismo que produce anualmente estadísticas criminales en el distrito. ¿Qué dicen los datos?

De acuerdo con esta fuente, en 2018 (último año con datos disponibles) se iniciaron casi 69 mil Investigaciones Penales Preparatorias en fiscalías de la Provincia por infracción a la Ley 23.737, la llamada “ley de estupefacientes”. Esto representa, como dijo Kicillof, un incremento del 33,1% en la cantidad de IPP iniciadas respecto de 2017.

“Los datos del año 2018 ponen en evidencia un importante crecimiento del ingreso de nuevas investigaciones, especialmente aquellas vinculadas a personas y/o lugares en los que se comercializan o tienen con esa finalidad estupefacientes”, señala el último informe sobre estupefacientes realizado por el Ministerio Público.

Pero respecto de esta fuente hay que hacer algunas salvedades. El narcotráfico es un fenómeno que se investiga principalmente en el fuero federal, aunque en algunas provincias del país se desfederalizaron algunos delitos de esta ley, es decir que pasaron a ser competencia provincial. La Provincia de Buenos Aires es una de ellas desde la sanción de la Ley 13.392 en 2005.

El Ministerio Público provincial sólo recopila datos de las infracciones a la Ley 23.737 que fueron desfederalizadas, lo que el organismo llama “el último eslabón de la cadena”, es decir, la venta directa al consumidor, o el microtráfico. Esto también incluye la tenencia simple y la tenencia para consumo personal.

La penalización de la tenencia para consumo fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hace 10 años. Según el Ministerio Público, casi un 30% de las IPP que se inician por infracciones a la ley de drogas son por tenencia para consumo, una infracción que el máximo tribunal de Justicia ya dijo que no es delito.

“Afirmaciones tan generalizantes como las que considera en una misma categoría a cualquier delito ‘vinculado con drogas’ corre el riesgo de agregar a este cómputo a las personas demoradas o aprehendidas por tenencia de drogas para consumo personal, que son irrelevantes a los efectos del abordaje de la narcocriminalidad”, explicó a Chequeado Tobías Schleider, investigador del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).

La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) recopila las causas que tramitan en la Justicia federal. Según datos de esta fuente, en 2018 en el fuero federal de la Provincia de Buenos Aires se iniciaron 683 causas por violación a la ley de estupefacientes. Esto es un 53% menos que lo registrado en 2017. Las causas iniciadas habían subido fuertemente en 2016, habían registrado una leve baja en 2017 y en 2018 bajaron a menos de la mitad.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene sus propios datos. Recopila todos los “hechos delictuosos” vinculados a la “ley de drogas” que fueron registrados por las fuerzas de seguridad. De acuerdo con esta fuente, entre 2017 y 2018 los delitos vinculados a drogas aumentaron un 25%. Pero no se trata de una estadística judicial, sino de un registro policial, es decir de denuncias o investigaciones policiales y no de causas iniciadas.

“El sistema judicial descarta gran parte de lo que le lleva la policía porque se trata de causas por consumo o porque la mala investigación policial provoca que ni siquiera se pueda iniciar un proceso judicial”, señala el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un reciente informe especial sobre narcotráfico. Y agrega: “En los últimos años, la cantidad de causas iniciadas por drogas en la Justicia federal se mantuvo estable, entre 20 mil y 24 mil causas anuales. Pero, aumentaron las causas que iniciaron los sistemas de justicia de las provincias que adhirieron a la ley de desfederalización 26.052”.

“Los números de causas hablan más de la actividad de las agencias penales que de la magnitud del fenómeno”, explicó a Chequeado Alejandro Corda, abogado e integrante de Intercambios Asociación Civil.

“Pretender que porque hay más causas ‘vinculadas con drogas’ la situación está peor es tan poco conducente como sostener que porque hay más detenidos la seguridad es mejor. Podría ser, o no. Y con ese único dato no hay manera de saberlo. Porque más causas pueden significar más violencia o delito, pero también un mejor trabajo policial”, sostuvo Schleider.