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FrasesEn proceso, adelantada
Se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.

La promesa de Javier Milei en 2023: “Vamos a privatizar las empresas públicas deficitarias”

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

  • En 2024, el Poder Ejecutivo logró que el Congreso aprobara la Ley Bases, que incluyó un listado de 8 empresas sujetas a privatización o concesión.
  • En 2025, privatizó IMPSA y avanzó con los pasos administrativos iniciales para la mayoría de las compañías, aunque ninguna privatización o concesión se concretó.
  • En el primer semestre de 2025, el déficit operativo de las 33 empresas públicas no financieras fue un 65% menor que en el mismo período de 2024.

En 2023 el entonces candidato y hoy presidente Javier Milei incluyó en su plataforma de campaña presentada ante la Justicia Electoral la promesa de “privatizar las empresas públicas deficitarias”.

A 2 años de su gestión, esta promesa se encuentra “en proceso, adelantada”. En 2024, el Poder Ejecutivo consiguió la aprobación de la Ley Bases, que incluía un listado de 8 empresas sujetas a privatización o concesión. En 2025, logró privatizar IMPSA y dio los primeros pasos administrativos necesarios para avanzar con la mayoría de las compañías, pero ninguna de las restantes privatizaciones o concesiones previstas en la ley se concretó aún.

Según la metodología de Chequeado, una promesa se encuentra “en proceso, adelantada” cuando “se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida”.

¿Qué pasó con las privatizaciones previstas en la Ley Bases?

En 2023, el Gobierno había presentado un proyecto de Ley Bases que consideraba “sujetas a privatización” a 41 empresas estatales. La iniciativa no reunió los consensos legislativos necesarios, y en una segunda versión el Gobierno nacional redujo a 11 el número de empresas a privatizar, aunque posteriormente, en el debate en el Senado, también se quitaron de la lista Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina.

De este modo, la Ley Bases finalmente declaró sujetas a privatización a Energía Argentina, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio e Intercargo, y otras 4 fueron declaradas “sujetas a privatización o concesión”: AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales.

¿Qué hizo el Gobierno con cada una de ellas?

AySA: en julio de 2025, el Presidente dictó el decreto que autorizó la privatización de la empresa que brinda el servicio de agua en el Gran Buenos Aires. El Estado tiene el 90% de las acciones (el 10% restante corresponde al personal a través de un Programa de Propiedad Participada). El decreto autoriza a vender al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante una licitación y el remanente, en bolsas y mercados del país. A mediados de agosto el Ministerio de Economía dictó la resolución que da inicio al proceso.

Belgrano Cargas: en febrero de 2025, Milei dictó un decreto mediante el cual autorizó el procedimiento para su privatización. Se dispuso que sea “ mediante la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio, bajo la modalidad de remate público para la venta del material rodante, y a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública para las vías y sus inmuebles aledaños”. En julio el Ministerio de Economía dictó la Resolución 1049/25 para iniciar el proceso de privatización.

Corredores Viales: en febrero de 2025 el Presidente dictó el Decreto 97/2025 autorizando la privatización de la compañía bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. A fines de agosto el Ministerio de Economía oficializó el inicio del proceso a través de la Resolución 1284/2025.

Energía Argentina: en abril de 2025, Milei dictó el Decreto 286/2025 que autorizó el procedimiento para la privatización de la compañía. Habilitó la venta por parte de Enarsa de sus acciones en Citelec SA, empresa controlante del 52% de Transener, entre otras. En julio, el Ministerio de Economía dictó la Resolución 1050/2025 que dio inicio al proceso de privatización de Enarsa, en una primera etapa, mediante la venta de acciones por concurso de Citelec SA.

Intercargo: el Decreto 198/2025, de marzo de 2025, autorizó su privatización por venta de acciones y el Ministerio de Economía dictó la resolución que dio inicio al proceso. Esa resolución también instruye a la Secretaría de Transporte a que rescinda el contrato entre Intercargo y el Estado nacional para la explotación con carácter exclusivo del Servicio Único de Atención en Tierra a Aeronaves.

Nucleoeléctrica Argentina: el Gobierno autorizó el procedimiento de privatización a través del Decreto 695/2025, que dispuso la venta del 44% de las acciones por licitación, el 5% a un Programa de Propiedad Participada y el 51% restante en manos del Estado. En noviembre, el Ministerio de Economía dictó la resolución que da inicio al proceso de privatización parcial.

Yacimientos Río Turbio: en febrero, el Ejecutivo reconvirtió la compañía en una sociedad anónima bajo el nombre Carboeléctrica Río Turbio SA.

La empresa restante es la SOFSE, conocida comercialmente como Trenes Argentinos, sobre la que por ahora no se registran mayores avances.

Por fuera de la Ley Bases, el Gobierno manifestó la intención de privatizar otras compañías, como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino e IMPSA. En los primeros 2 casos no se registraron avances.

Sobre IMPSA, una empresa del sector energético en la que el Estado nacional contaba con mayoría accionaria, el Gobierno concretó allí su primera privatización: en febrero anunció la firma del contrato por la transferencia de las acciones clase C al consorcio IAF, liderado por ARC Energy.

Chequeado consultó al Ministerio de Economía sobre los próximos pasos de las privatizaciones iniciadas y qué pasará con las que aún no comenzaron el proceso, pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

¿Cuál es el déficit de las empresas públicas?

Según la información oficial de la Oficina de Presupuesto de la Nación, en 2024 las 33 empresas públicas no financieras registraron un déficit operativo (la diferencia entre los ingresos de la empresa -sin contar las transferencias del Tesoro nacional- y los gastos como remuneraciones, bienes y servicios) de $ 2.094.714 millones.

Al cierre del ejercicio 2023, en el mismo informe se había estimado que el conjunto de estas empresas públicas presentaba un déficit de $ 1.606.157 millones.

La reducción del déficit se comenzó a percibir con mayor claridad en 2025. En el primer semestre del año el déficit operativo de las 33 compañías fue de $ 470.392 millones, una reducción del 65% respecto al mismo período de 2024.

Trenes Argentinos fue la compañía pública con mayor déficit operativo: $ 517 mil millones en el primer semestre de 2025. Energía Argentina fue la segunda empresa que tuvo mayor déficit operativo en el primer semestre de 2025, por un total de $ 310 mil millones.

En contraste, AySA ($ 210 mil millones), Nucleoeléctrica Argentina ($ 103 mil millones), la Administración General de Puertos ($ 91 mil millones), Correo Argentino ($ 58 mil millones), Aerolíneas Argentinas ($ 43 mil millones), Empresa Argentina de Navegación Aérea -EANA- ($ 15 mil millones) y ARSAT ($ 6 mil millones) son las 6 empresas públicas con superávit operativo.

 

EN PROCESO, ADELANTADA: se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.

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