Massot: “Es el blanqueo con los impuestos más altos de la historia argentina”

“No es cierto que sea un blanqueo generoso, porque de hecho es el blanqueo con los impuestos más altos de la historia argentina”, respondió el presidente del bloque Unión PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, ante la consulta en una entrevista en radio Continental sobre el proyecto ómnibus, que incluye un blanqueo de capitales para personas y empresas de fondos no declarados ante la AFIP y que se encuentran dentro o fuera del país.

Si bien es cierto que una de las tasas del impuesto especial establecida en el proyecto de ley actual es la más alta comparada con las leyes anteriores de blanqueos, el texto prevé la posibilidad de eludir el pago del tributo en caso de que los fondos declarados se destinen a comprar títulos públicos o adquirir fondos comunes para inversiones en infraestructura o productivas y se mantengan al menos cinco años.

Desde el retorno de la democracia en 1983 hubo cuatro iniciativas que permitieron el blanqueo de fondos “en negro”: en 1987, con la normalización tributaria de Raúl Alfonsín; en 1992, cuando Carlos Menem lanzó un plan para regularizar “la tenencia de moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exterior y de moneda extranjera en el país”; en 2008, con la regularización y “repatriación de capitales” de Cristina Fernández de Kirchner; y en 2013, cuando nuevamente Fernández de Kirchner impulsó un proyecto que el Parlamento se convirtió en ley.

Al analizar el impuesto especial que cada iniciativa establecía para las personas o empresas que deseaban blanquear capitales (ver comparativo de leyes), el proyecto actual presenta las alícuotas más altas, que pueden alcanzar el 15% sobre el valor de los bienes si el monto a declarar es mayor a los $800 mil y los capitales se informan ante la AFIP antes del 31 de marzo de 2017.

Sin embargo, “el mismo proyecto de ley prevé la posibilidad de eludir todo pago, si los activos declarados se destinan a comprar determinados activos financieros”, explicó a Chequeado Carlos Martínez, economista de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS). El artículo 40 del proyecto establece que las personas o empresas interesadas en blanquear sus capitales no deberán pagar el tributo cuando destinen sus fondos, sin importar el monto, a:

-“Adquirir en forma originaria uno de los títulos públicos que emitirá el Estado nacional”;

-“Suscribir o adquirir cuotas partes de fondos comunes de inversión (…) cuyo objeto sea la inversión en instrumentos destinados al financiamiento de: proyecto de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pequeñas y medianas empresas, préstamos hipotecarios actualizados por Unidad de Vivienda (UVI); desarrollo de economías regionales y demás objetos vinculados con la economía real”.

En el caso de los títulos públicos, que son bonos en dólares, el texto oficial puntualiza que serán “intransferibles” y “no negociables”. Y, en segundo lugar, en el caso de las inversiones en infraestructura o productivas, obliga a que los fondos blanqueados permanezcan en estos instrumentos por un lapso no menor a cinco años y que la Comisión Nacional de Valores fiscalice este cumplimiento.

En un artículo de análisis, el doctor en Economía de la Universidad de Oxford Sebastián Galiani explicó que “el éxito de cualquier blanqueo radica en hacerle creer a los evasores que éste es el momento indicado para hacerlo”, ya sea por la oportunidad en sí, porque no habrá otra en el futuro o porque las consecuencias de ser encontrados en falta serán más onerosas, lo cual consideró muy difícil de lograr, entre otras cosas, porque “a medida que los blanqueos se repiten, los agentes económicos comienzan a descontar la posibilidad de un blanqueo futuro”.

“Lo importante es resolver los problemas de incentivos perversos asociados a la existencia de blanqueos sucesivos”, señaló y agregó que “incluso una alícuota de 10% [N. de R.: una de las más altas que plantea el proyecto de ley actual] es baja si se la compara con el Impuesto a las Ganancias (y a los bienes personales no tributados por años)”. Por eso, “se debería plantear una ley cerrojo al blanqueo de capitales” para que “este blanqueo sea finalmente el último”, recomendó.

Esta nota contó con la colaboración de Ariel Riera (@AM_Riera).