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Javkin: “La infraestructura de control [en los puertos de Rosario] es absolutamente deficiente”

Verdadero

¿Qué significa?
La afirmación ha demostrado ser verdadera, al ser contrastada con las fuentes y datos más serios y confiables.

Arturo Chomyszyn

22 Diciembre, 2014 | Tiempo de lectura: 3 minutos


VERDADERO
Los informes de la Auditoría General de la Nación y de la Jefatura de Gabinete dan cuenta de lo que afirma el diputado nacional: los controles del Gobierno nacional en las terminales portuarias de la zona son defectuosos.

¿Por qué Rosario se transformó en uno de los puntos de operación más neurálgicos del narcotráfico en el país? La respuesta incluye a un conjunto de causas, entre las cuales son determinantes los débiles procesos de control aduanero, la corrupción de las fuerzas de seguridad y que Rosario es una zona geográfica estratégica por concentrar uno de los complejos portuarios más grandes de América Latina.

De los puertos de Rosario sale cerca del 80% de las exportaciones del país y la infraestructura de control es absolutamente deficiente”, afirmó el diputado nacional por la Coalición Cívica en el Frente Progresista Cívico y Social, Pablo Javkin, durante una entrevista en Radio Vorterix.

La Provincia de Santa Fe cuenta con cuatro puertos públicos y más de veinte privados. Y, según los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), los controles del Gobierno nacional en las terminales portuarias de la zona son defectuosos. Los expertos consultados coinciden en este punto.

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, presentó a principios de diciembre último un informe sobre el control del Gobierno nacional en Aduanas y fronteras. Se trata de una recopilación de las evaluaciones que hizo la AGN en la última década, una de ellas referidas específicamente a los procedimiento en las Aduanas de San Lorenzo y Rosario, (ver acá), que revela que en esos puestos aduaneros faltan vehículos y equipamiento, escáneres permanentes, y que los precintos electrónicos no son confiables para tareas de control.

Otro informe de la AGN señala que en las Aduanas de San Lorenzo y Rosario falta personal, que la infraestructura edilicia es precaria e insuficiente, y que el Sistema Informático María (SIM) es ineficaz “porque no es amigable para sus usuarios” y “carece de flexibilidad en las rutinas de carga de datos”.

Pero no sólo la información pública producida por la AGN es la que da cuenta de los controles defectuosos del Gobierno nacional en los puertos de Rosario. El jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, afirmó en su informe de gestión de abril de este año ante la Cámara de Diputados que la Hidrovía Paraguay-Paraná era un corredor “vulnerable” por la frontera fluvial con Paraguay, “principal productor de marihuana y utilizado cada vez más como país de tránsito de la cocaína”.

Como respuesta, Capitanich señaló que la JGM, en conjunto con la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Seguridad y la Prefectura Naval, se encontraba elaborando un “Programa de fortalecimiento de las fuerzas federales destinado a la Fiscalización de Contenedores y Buques de Perfiles de Riesgo en el Puerto de Buenos Aires”. Seis meses después, en su último informe ante la Cámara baja, el Jefe de Gabinete aseguró que ese protocolo “aún no ha sido aprobado” y evitó responder si se extenderá a las terminales portuarias de Rosario.

Un segundo aspecto que reconoció Capitanich en su primer informe es que, en el ámbito de la Hidrovía, las dependencias aduaneras sólo realizan “controles aperiódicos y selectivos” de barcazas y remolcadores que utilizan ese corredor fluvial.

Alberto Föhrig, profesor de la Universidad de San Andrés especializado en el estudio del tráfico de drogas, señaló que “el Gobierno nacional está reconociendo que no lleva adelante ninguna política sistemática frente al mayor riesgo de seguridad que tiene la Argentina”. Y, además, agregó: “No hay fronteras inexpugnables, pero lo que sí podés tener es un control que te minimice la penetración de la criminalidad organizada. Con controles ‘asistemáticos y no periódicos’, como reconoció Capitanich que tenemos, esa presencia se maximiza”.

Para entender más sobre el tema vea esta nota en la sección El Explicador de Chequeado: “Los datos del narcotráfico”

Rosario es la segunda jurisdicción del país con mayor cantidad de causas iniciadas por tenencia para comercio de drogas, después de la ciudad de Buenos Aires y antes que Salta, según el informe estadístico 2014 publicado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Pero, ¿por qué Rosario? “Porque cuenta con varios puertos privados en la orilla del Río Paraná, indispensables para exportar droga al exterior, donde el control es realizado en parte por Prefectura pero también por empresas privadas de seguridad; porque es una zona de islas donde se hace difícil el control; y porque aquí confluyen rutas con conexiones internacionales que bajan desde el Norte, de Bolivia y Paraguay, como la Ruta Nacional 34 que atraviesa toda la Provincia”, explicó el hoy titular de la Procunar, Adolfo Villatte, al señalar que el fenómeno del narcotráfico en Santa Fe no se explica por una sola causa sino que se relaciona con varios factores.

Föhrig, quien realizó un post-doctorado mediante una beca del Programa sobre Drogas, Seguridad y Democracia del Social Science Reasearch Council en Nueva York, agregó que “la Provincia de Santa Fe tiene una Policía provincial que ha estado involucrada en relaciones con organizaciones de tráfico”, aunque reconoció que en los últimos años se han hecho cambios institucionales en la fuerza.

Aun así, concluyó el especialista, “la problemática del narcotráfico en Rosario debe considerarse como parte de lo que sucede en el resto país, como la falta de control en los puntos fronterizos, porque Rosario es parte del territorio nacional”.
 

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2 Respuestas

Raul R. 23 de Diciembre de 2014 a las 7:18 pm

Pregunto y me pregunto si una forma de luchar contra la corrupción no sería si a las personas denunciadas por algún delito se le aumentara un 50% la pena prevista si se trata de un funcionario público y duplicara en caso de miembros de las Fuerzas Armadas, o sea todas las que usan oficialmente armas (Policía -cualquiera de ellas- Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura)y agencias de vigilancia privadas. Me gustaría escuchar opiniones. Raúl R.

Emili 23 de Diciembre de 2014 a las 11:48 pm

Leandro Despouy denunció lo mismo hace 12 años. Apenas asumió como presidente de la AGN.

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