Prat Gay: “Todo el mundo habla del juicio del siglo, pero el reclamo de los holdouts es menos de 2% del PBI”
“Todo el mundo está hablando del juicio del siglo entre la Argentina y los holdouts, y cuando lo ponés en contexto el reclamo que estamos negociando en la Justicia de Nueva York es menos de dos puntos del PBI”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en el panel “El dilema global de la deuda” en el que participó durante el Foro de Davos.
El dato cobra especial relevancia porque esta semana Prat Gay anunció un principio de acuerdo con 50 mil italianos tenedores de bonos argentinos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 (también llamados holdouts), representados por la alianza de organizaciones American Task Force Argentina, por aproximadamente US$ 900 millones. Además, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, adelantó que en los próximos días se presentará la propuesta de pago a los holdouts.
Prat Gay precisó en conferencia de prensa que la deuda actual ascendía a US$ 9.882 millones, es decir, el 1,98% del Producto Bruto Interno (PBI) de 2015 si se considera que el PBI en dólares de la Argentina post-devaluación de diciembre, según la consultora Econométrica, alcanzó un monto de alrededor de US$ 500 mil millones. Chequeado consultó a su equipo de Comunicación pero no obtuvo respuesta a la consulta sobre la fuente oficial de ese monto.
Con datos de una fuente alternativa, la consultora Quantum Finanzas, el peso de la deuda en default representa un 3,3% del PBI, un porcentaje cercano al mencionado por el Ministro. Este cálculo surge de dividir el reclamo total de los holdouts, estimado en US$ 16.668 millones (contando el monto original de capital y los intereses), por el PBI mencionado. De todas maneras, ambos porcentajes son cercanos al que dio el ministro de Finanzas en Davos.
En 2012, el juez estadounidense Thomas Griesa ordenó en un fallo a la Argentina pagar a los llamados “fondos buitre” NML Capital y Aurelius, entre otros, el 100% del valor de sus bonos y los intereses acumulados, suma que en ese momento representaba un total de U$ 1.330 millones. A diciembre de 2014, ese monto había crecido a US$ 1.600 millones.
Sin embargo, estos fondos que lograron un fallo favorable de la Justicia de Nueva York representan sólo una porción del universo de bonistas que no ingresaron en los canjes. También están los denominados me too, tenedores de bonos que no hicieron juicio a la Argentina pero que podrían hacerlo apelando al fallo Griesa, y aquellos que llevaron su reclamo al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, con los que el Gobierno nacional llegó a un preacuerdo esta semana. Si se incluye a todos, se llega a la cifra mencionada de casi US$ 17 mil millones.
Por otro lado, los economistas consultados para esta nota sostienen que, aunque el reclamo representa un porcentaje bajo del PBI, pagar la deuda en default tiene un valor estratégico.
“Hay que recordar que la Argentina pagaba ocho puntos del PBI en deuda a fines de la convertibilidad”, comparó a Chequeado Ramiro Castiñeira, economista de la consultora Econométrica, y agregó que el déficit fiscal de 2015, calculado en 6,8% del PBI (sin incluir los aportes de la ANSES y el Banco Central de la República Argentina -BCRA-), también es más alto que el reclamo. “Los tres puntos del PBI no son un monto considerable. Ningún país entró en default por este monto, aunque en el caso argentino el equipo económico de la gestión anterior consideró tomar otra posición”, observó.
En este sentido, Fernando Baer, economista de la consultora Quantum Finanzas, señaló: “Con las necesidades de financiamiento que hay en 2016 (el déficit fiscal, los vencimientos de deuda, las inversiones en infraestructura, etcétera), cerrar el laudo tiene un efecto mucho mayor en las perspectivas de financiamiento externo que se le abren a la Argentina que seguir discutiendo el reclamo”.
“Sin embargo -observó Baer- también está pendiente el número que represente el arreglo final con los holdouts”. Según el economista, el reclamo final podría ser menor a 3,3% del PBI. Para sostenerlo, puso como ejemplo que el preacuerdo por US$ 900 millones anunciado oficialmente esta semana con los 50 mil italianos “implica una quita de intereses punitorios del orden del 60%”.
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