Rubinstein: “En los países que legalizaron el aborto, la mortalidad materna bajó drásticamente”

A días de que se confirmara el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, afirmó en una entrevista con Clarín que “en los países que legalizaron el aborto, la mortalidad materna bajó drásticamente”. Chequeado consultó al ministro por la fuente de esta afirmación y no obtuvo respuesta. ¿Qué dicen los datos disponibles?

De acuerdo con un relevamiento por este medio en base a datos de la ONU, en el mundo hay 60 países que permiten legalmente el aborto por voluntad o solicitud de la mujer, el principal punto que plantea el proyecto de ley de la alianza de organizaciones Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que se debatiría en la Argentina y que se sumaría a la posibilidad de interrumpir un embarazo por las causales actualmente vigentes (peligro para la vida o la salud de la madre, violación o atentado al pudor de una “mujer idiota o demente”).

En línea con lo que dijo el ministro, los estudios de casos disponibles muestran que las tasas de mortalidad materna por abortos disminuyeron luego de reformas legales más permisivas.

“El problema más grande es la falta de datos sobre la cantidad de abortos que se producían en los países que tenían legislaciones prohibitivas o que presentaban obstáculos para los casos no punibles”, indicó a este medio Laura Belli, bioeticista, doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidenta de la organización Economía Femini(s)ta. Esto dificulta hacer una comparación pre y post sobre el impacto de la legalización en la tasa de mortalidad materna a nivel mundial.

Además, “en la mayoría de esos países el aborto se legalizó en la década del 70 y el 80, por eso es probable que no haya datos oficiales de esos años”, agregó Paola Bergallo, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) e investigadora en temas de Derecho a la salud y género. De los 60 países mencionados, 40 legalizaron el aborto dentro del período mencionado por la especialista.

Sin embargo, existen estudios de casos para los países que avanzaron en este tipo de regulaciones durante las décadas del 90 y los 2000. En España, por ejemplo, el número de abortos cayó en términos absolutos y relativos desde que se legalizó esta práctica en 2010, mientras que en Portugal ocurrió lo mismo a partir de 2007.

Dentro de la región los especialistas suelen mirar a Uruguay, donde el aborto es legal desde 2012, ya que ocupa uno de los lugares con menor tasa de mortalidad materna en América. En el país oriental los abortos eran responsables del 37% de las muertes maternas durante el quinquenio 2001-2005, y cayeron hasta representar alrededor de 8% entre 2011 y 2015.

En la Argentina, de acuerdo con el anuario del Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 (último dato oficial disponible) murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, el 17,6% fueron muertes por un “embarazo terminado en aborto” y esto ubica al aborto como la principal causa individual de la mortalidad materna en nuestro país.

Un informe conjunto del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) señala también estudios sobre Rumania y Guyana, donde las tasas de mortalidad materna por abortos disminuyeron luego de reformas legales más permisivas.

Además, agrega que las tasas de aborto son más bajas en las subregiones con normas de este tipo. “Ejemplos de los cambios normativos sobre la disminución de las tasas de aborto pueden observarse en los países de Europa del Este a partir de las décadas de 1980-1990 (Albania, Bulgaria, Estonia, Eslovenia, Letonia y Rumania)”, destaca el informe.

Sin embargo, la experiencia de Uruguay indica que no basta con la legalización del aborto por voluntad de la mujer para bajar la mortalidad. “La disminución acelerada de la mortalidad materna que se observa desde el año 2005 es coincidente con la implementación de una batería de acciones sociales y sanitarias de protección de la mujer, que aumentó aún más desde 2010 con la aplicación de políticas específicas, como la creación y ampliación de los servicios de salud sexual y reproductiva universales, con implementación en todo el país”, explica un trabajo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.

“Las muertes maternas por aborto son muertes evitables cuando los abortos se realizan en condiciones de seguridad. Y la legalidad brinda esas condiciones de seguridad porque habilitaría que se realicen con mejor información, con disponibilidad y accesibilidad a métodos seguros para la interrupción del embarazo”, destacó Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

En la Argentina, de acuerdo con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable vigente desde 2003, el Ministerio de Salud de la Nación debe capacitar a educadores, trabajadores sociales y operadores comunitarios para asistir a las mujeres en la elección de los mejores métodos anticonceptivos.

“Entre las adolescentes de 10 a 19 años seis de cada diez embarazos no son intencionales. Es fundamental potenciar el impacto que tiene el Programa mediante una mayor asignación de recursos, y es esencial lograr acuerdos políticos con las provincias para eliminar resistencias, entre funcionarios y equipos de salud, a determinados componentes de las consejerías, a la interrupción legal del embarazo y a la disposición de métodos anticonceptivos como el hormonal de emergencia (conocido como ‘la pastilla del día después’)”, explicó a Chequeado José Florito, coordinador del programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

La ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer. Sin embargo, “en los seis años transcurridos desde el caso F.A.L. de la Corte ni el Estado federal ni la mayoría de las provincias ha logrado garantizar la provisión universal y el acceso a servicios de salud para la interrupción legal del embarazo”, recordó Bergallo.

Además, la especialista concluyó: “No existen aún registros sanitarios adecuados de los abortos legales, no se han autorizado las drogas más seguras para realizar la práctica, ni se han hecho campañas de información para que las mujeres sepan dónde pueden ejercer su derecho. Esa desidia evidencia los límites de la regulación actual para garantizar el respeto del derecho reconocido por la Corte”.