Según Sanz, el proyecto de reforma del nuevo Código Civil y Comercial reduce la responsabilidad del Estado

El senador radical Ernesto Sanz habló de la reforma y unificación del Código Civil y Comercial en una nota publicada en Clarín y aseguró que la presidenta Cristina Fernández “usó el prestigio de 100 juristas para mandar después lo que quería. Uno de los objetivos del oficialismo es trasladar la responsabilidad del Estado y de los funcionarios del Estado de la jurisdicción del Derecho Civil, donde estuvo siempre, desde Vélez Sársfield, a la del Derecho Administrativo. En el Civil, el ciudadano y el funcionario tienen un mismo rango, en el Administrativo son los funcionarios los que gozan de preeminencia.”

Lo que dijo el senador Sanz es correcto en lo substancial y podría ser verdadero, pero es resultado de una proyección y no de un dato objetivo. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que en este punto modifica la propuesta de la Comisión de juristas, declara a la responsabilidad del Estado sujeta al derecho administrativo nacional o local, y la misma regla establece para la responsabilidad de los funcionarios públicos.

El Código Civil actualmente (1) no tiene ninguna norma especial para la responsabilidad del Estado, por lo cual se le aplican las normas de responsabilidad por hechos ilícitos que rigen para las personas jurídicas en general, y (2) declara a la responsabilidad de los funcionarios públicos sujeta a las normas del Código Civil.

La jurisprudencia de la Corte Suprema, que comenzó aplicando las normas del Código Civil a la responsabilidad del Estado por hechos ilícitos, ha tendido más recientemente a ampliar la responsabilidad del Estado utilizando argumentos de derecho público. Cuando dicha responsabilidad emana de actos lícitos, la aplicación del derecho público es inevitable porque el Código Civil no resultaría de aplicación.

El resultado de esta discusión tiene consecuencias directas sobre la manera en que deben responder los funcionarios y el Estado en innumerables casos, como la tragedia de Cromañon o la de Trenes de Buenos Aires (TBA), en los que puede existir negligencia en los controles estatales. También en el caso “Mendoza” de la Corte Suprema el tema de la responsabilidad del Estado fue central y tiene efectos en los que reclaman por los daños que la contaminación del Riachuelo produjo.

“El PEN modificó la propuesta original de la Comisión de juristas en lo que respecta a la responsabilidad del Estado tendiendo a no responsabilizarlo tan severamente como se proponía”, indicó Leandro Vergara, director del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.  

La reforma “posibilitaría que tanto la Nación como cada provincia (porque según la Constitución el derecho administrativo no es de carácter nacional sino local) dicten normas especiales para regular la responsabilidad del Estado nacional o provincial, según el caso, y de sus funcionarios públicos. Queda por verse si esas normas serán más o menos respetuosas de los derechos individuales que las que hoy rigen razonablemente el tema. Conociendo cómo actúan algunas provincias, cabe la duda”, señaló Héctor Mairal, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires y socio del estudio Marval, O´Farrell & Mairal.

“Una posible alternativa sería mantener la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios por hechos ilícitos sujeta al Código Civil y establecer que solo cuando dicha responsabilidad deriva de actos lícitos se regirá por el derecho administrativo”, propuso Mairal.

El proyecto de ley fue enviado el 8 de junio último por el PEN al Congreso con 16 modificaciones al anteproyecto elaborado por una Comisión de juristas a pedido de la Presidenta. La Comisión fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, e integrada por las juezas Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci y entregó su versión de Código Civil y Comercial unificado el 27 de marzo (el video del acto de presentación del anteproyecto en la Casa Rosada puede verse aquí).

El debate en el Senado ya tiene fecha de inicio: mañana, martes 26 de junio, la reforma propuesta por el PEN comenzará a discutirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el neuquino Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria). Cabe destacar que esta discusión no tendrá consecuencias sobre el derecho penal y la responsabilidad de los funcionarios por actos de corrupción, que no sufrirá modificaciones por este proyecto de reforma.