Un chequeo al candidato oficialista Martín Llaryora

El candidato a diputado nacional y vicegobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que salió segundo en las elecciones primarias de agosto, se refirió en una entrevista en el programa “Animales Sueltos” y en un acto de campaña a la situación fiscal de la provincia y a la pobreza que afecta a los argentinos. A continuación, un chequeo a sus dichos:

1 “¿Sabés cuánto ponemos nosotros en retenciones de soja? $ 23 mil millones. ¿Sabés cuánto nos devuelven? 2 mil [millones de pesos]”
VERDADERO

Gonzalo Agusto, analista económico de la Bolsa de Cereales de Córdoba, explicó a Chequeado que para estimar cuánto pagó esa provincia por retenciones “se tiene que establecer el monto total que recaudó la soja cordobesa, y a esto recortarle el 30%”, porcentaje que deben pagar estos granos desde que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dictó el Decreto Nº 133 a fines de 2015.

Según cifras del Ministerio de Agroindustria de la Nación sobre la cosecha 2015/2016 (último dato disponible), Córdoba produjo 17,9 millones de toneladas de soja. Si a este monto se le aplican los precios internacionales de diciembre de 2015 y el 30% de retenciones, la provincia aportó al Estado nacional $23,6 mil millones, levemente superior a lo dicho por Llaryora. Si se considera el precio de la soja a mayo de 2016, período durante el cual se realiza gran parte de la cosecha de este grano, el monto aportado se eleva a $30,6 mil millones.

El cálculo mencionado se trata de una estimación. David Miazzo, jefe economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), sostuvo que “la soja tiene diferentes precios y porcentajes de retención (ver acá y acá), dependiendo cuál sea el producto final”. A pesar de esto, los especialistas consultados por Chequeado sostuvieron que no existe una forma más exacta de chequear el monto aportado por Córdoba en concepto de retenciones a la soja.

Al hablar de los “$2 mil millones”, el candidato Llaryora hizo referencia al Fondo Federal Solidario, creado en 2009 y que se distribuye automáticamente de acuerdo con los porcentajes establecidos en la ley de coparticipación federal. Este fondo está compuesto por un 30% de los ingresos que la Nación recauda por las retenciones a las exportaciones de soja y está destinado a “financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales”.

En 2016, efectivamente, el Gobierno nacional otorgó a Córdoba $1.759 millones de los $20.508 millones que repartió a las provincias, es decir, un monto similar al mencionado por el vicegobernador.

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), hoy Córdoba recibe 2,4 puntos porcentuales más de los que recibía con la antigua ley de coparticipación (Ley N° 20.221), que perdió vigencia en 1988. “En el estudio hicimos un cálculo donde, al fondo repartido en 2014, le aplicamos ambas leyes de coparticipación, como para dimensionar las diferencias. Esto nos dió que Córdoba recibió $5.300 millones más con la nueva ley de coparticipación que con la antigua”, concluyó Martín Mangas, especialista tributario e investigador de la UNGS.

1“Un país donde cuatro de cada diez hermanos son pobres e indigentes”
EXAGERADO

Según los últimos datos oficiales disponibles del INDEC, la pobreza en la segunda mitad de 2016 alcanzaba al 30,3% de las personas, mientras que los indigentes representaban el 6,1% de la población.

“Es necesario hacer una distinción entre la pobreza y la indigencia: todo individuo considerado indigente también es considerado pobre, pero no a la inversa. Hay tres grupos: los pobres indigentes, los pobres no indigentes y, por último, los no pobres”, explicó a Chequeado Daniel Schteingart, doctor en Sociología y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes. Por lo tanto, es un error sumar el porcentaje de pobres con el de indigentes, como hizo Llaryora, y en realidad tres de cada diez argentinos se encuentra en la pobreza.

¿Cómo se define si una persona es pobre o no? El INDEC fijó, a julio de 2017, un ingreso superior de $1.985 mensuales para no ser considerado indigente, al ser un monto mínimo y suficiente para cubrir las necesidades calóricas básicas (lo que se llama Canasta Básica Alimentaria). A su vez, para no ser considerado pobre, se necesitan como mínimo $4.862 mensuales para cubrir alimentos y servicios básicos como ropa y transporte (se denomina Canasta Básica Total).

Ambos montos están calculados para un varón adulto entre 30 y 60 años, aunque el INDEC establece una tabla de equivalencias dependiendo del sexo y la edad, ya que no tienen las mismas necesidades una niña de 10 años que un adulto de 35.

Hay un sólo rango de edad que supera el porcentaje dicho por Llaryora: hoy los niños, de entre 0 y 14 años, tienen un nivel de pobreza de 45,8 por ciento. Pablo Gluzmann, investigador del Conicet y del Centro de Estudios Laborales y Sociales (Cedlas), dijo que “hay muchas explicaciones de por qué esto ocurre. Una de ellas, es porque hay una correlación positiva entre el nivel de ingreso y la cantidad de niños: los pobres suelen tener más hijos, y los ricos suelen tener menos hijos. Cualquier momento o país que tomes, esto ocurre así”.

Otra fuente alternativa que mide la pobreza e indigencia es el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Según sus datos, el 6,9% de la población se encuentra por debajo de la línea de indigencia, y el 32,9% de la línea de indigencia. De todas maneras, tampoco se llega al porcentaje mencionado por Llaryora.

Este chequeo es resultado del proyecto “Elecciones cordobesas chequeadas”, una iniciativa de Chequeado y La Voz del Interior.