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Yasky: la prórroga del mandato, “es un trámite administrativo”

La afirmación ha demostrado ser falsa, al ser contrastada con las fuentes y datos más serios y confiables.
05 Noviembre, 2010 | Tiempo de lectura: 2 minutos


FALSO
Tras elecciones polémicas, el Ministerio de Trabajo decidió extender el mandato del hasta hace dos meses secretario general de la central obrera, cercano al gobierno. El candidato opositor denuncia una “intervención”.

Además...
>Tiempo Argentino y una crítica... criticable

En medio de una situación de acefalía, tras elecciones polémicas, el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, defendió la prórroga de su mandato dispuesta por el Ministerio del Trabajo, y consideró que se trata de una decisión burocrática, frente a las acusaciones del candidato opositor, que considera la medida una intervención. Sin embargo, Chequeado.com pudo corroborar que el poder que se le prorroga a Yasky -dirigente cercano al oficialismo- va más allá de lo puramente administrativo.

El pasado 23 de septiembre se realizaron elecciones en la central obrera, que culminaron en un escándalo. La falta de definición sobre el ganador dejó a la CTA sin una conducción clara y legítima.

El Ministerio de Trabajo, entonces, firmó una disposición por la que se extiende el mandato actual de la dirección de la central obrera. Pablo Michelli, candidato opositor y presunto ganador de los comicios, denunció una intervención del Gobierno en la interna sindical, para mantener en el poder a un dirigente al que califica de afín al oficialismo: “[Hugo] Yasky es el interventor del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dentro la CTA”, declaró el dirigente gremial.

Por su lado, Yasky dijo que la disposición del Ministerio no era más que un asunto administrativo, para poder llevar a cabo las tareas cotidianas. “Es un trámite administrativo para seguir cumpliendo obligaciones contractuales, pagar los salarios, firmar cheques y mantener relaciones internacionales”, declaró el dirigente.

El Ministerio de Trabajo explicó que este tipo de medida es común ante una situación de acefalía en una asociación gremial. En efecto, la ley que rige a los sindicatos, número 23.551, estipula que “en caso de que se produjere un estado de acefalía”, y los estatutos de la asociación no tengan previsto “el modo de regularizar la situación”, el Ministerio de Trabajo puede designar a un funcionario para que la regularice. Este es el caso de la CTA, que en sus estatutos, no prevé qué hacer en caso de un conflicto electoral, o de quedar sin una dirección legítima para todos sus afiliados.

Sin embargo, el punto está en que dentro de las atribuciones prorrogadas existe la de convocar a elecciones en forma unilateral, lo cual excede lo administrativo, puesto que va más allá de sólo firmar contratos o pagar salarios.

Pero la cuestión que despierta mayores suspicacias es que el Ministerio no estaba obligado a prorrogar el mandato de Yasky, aunque sí podía hacerlo. “Es una capacidad, no una obligación”, explicó a Chequeado.com, Maria Victoria Murillo, investigadora de las universidades de Yale y Columbia, especialista en sindicalismo argentino, autora de numerosos libros y trabajos sobre el tema. Aunque el Ministerio asegura que sólo se trata de una medida administrativa, la prórroga le da a la actual dirigencia la posibilidad de convocar a elecciones unilateralmente. En el contexto de un conflicto entre las dos partes, sobre nuevas elecciones, esta medida inclina la balanza. Según Murillo, “el principal efecto de esta medida, es la posibilidad de llamar a elecciones unilateralmente, y eso cambia la capacidad de negociación de Yasky frente a Micheli”.

En cuanto a la necesidad administrativa de continuar el mandato de la actual dirigencia, la especialista explicó que “estaban en esa situación [de acefalía] desde septiembre, cuando venció el mandato de Yasky”. Y agregó: “Al hacer la intervención dos meses después de caducado el mandato, pareciera existir un interés del Ministerio en destrabar el conflicto y acelerar las nuevas elecciones”.

En concreto, si bien es cierto que la prórroga del Ministerio es administrativa, le otorga un poder de negociación mayor a una de las partes, interviniendo así en el conflicto gremial.

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