Sí, es verdad que en Mendoza se están rematando casas del IPV por falta de pago

La última semana Diario Uno publicó una nota que se titula: “Se están rematando casas del IPV por falta de pago”. El título hace referencia a las casas construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Mendoza -un organismo que depende del Estado mendocino y se encarga de garantizar el acceso habitacional a través de distintos programas– y es verdadero, según pudo comprobar Chequeado.

De acuerdo con lo publicado por Diario Uno, que tuvo más de 12 mil interacciones en Facebook -según Crowdtangle, una herramienta para medir el alcance en la red social-, la información había sido comunicada por el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Esto efectivamente ocurrió el 27 de septiembre último, durante la inauguración de 59 viviendas en el barrio COINQUIM, en la localidad de Maipú, Mendoza, donde el mandatario provincial afirmó: “Estamos rematando las casas que no se pagan”.

Además, según un comunicado publicado por el gobierno provincial, el gobernador de Mendoza explicó: “[Las casas] tienen cuotas irrisorias de $17 pero que tampoco se abonan. Entonces las vamos desadjudicando y se rematan entre las personas que están inscriptas en el registro del IPV y que tienen los puntajes más altos”.

Consultado por este medio, Damián Salamone, presidente del IPV mendocino, explicó a Chequeado que las viviendas que fueron desadjudicadas eran casas no escrituradas: “En este caso, el IPV puede desadjudicar la vivienda a su titular siempre que se verifique una situación de ocupación irregular o alta morosidad [N. de R.: retraso en el pago]”.

Salamone señaló que existen distintas instancias para regularizar el retraso de pago de las cuotas. En el caso de las viviendas que ya han sido escrituradas, “cuando se detecta una situación de alta morosidad comienza un proceso administrativo de ejecución hipotecaria, que se inicia con un emplazamiento para la regularización de la mora”, precisó.

Además, el presidente del Instituto explicó que en el caso de que no se haya convenido un plan de pago, el IPV reclama la cancelación de la vivienda, mientras que la próxima instancia corresponde al inicio de acciones judiciales para la ejecución hipotecaria a través de un remate público. Actualmente, hay nueve casos que se encuentran en esta etapa y podrían ser rematadas.

Según los datos enviados por el IPV, de los créditos activos, el 37% corresponden a cuotas inferiores a $50, 16% a cuotas de entre $51 y $100, 22% a cuotas de entre $101 y $500 y 24% a cuotas mayores a $500. De ese 37%, que incluye a 24.271 créditos, el 51% están en mora.

Por último, Salamone sostuvo: “Las siete viviendas desadjudicadas se pueden readjudicar a sus ocupantes, siempre que cumplan con los requisitos sociales que exija el IPV, o se adjudican a familias con alto grado de vulnerabilidad social, que han sido priorizadas e informadas al IPV por los municipios”.

Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checker de Facebook en la Argentina.