Audiencia pública: qué es, para qué sirve y qué antecedentes hay

El Ministerio de Energía de la Nación aumentó en marzo último las tarifas de gas a través de una resolución, que impactó en las facturas de abril. Luego, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó una acción de amparo colectivo que fue aceptada por la Justicia para frenar la suba hasta que se hicieran las audiencias públicas que establece la ley. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que definió que es obligatoria la audiencia pública antes de que el Gobierno proceda con aumentos de las tarifas.

Por qué tiene que haber audiencia pública

A diferencia de cualquier otro servicio en el que un consumidor puede elegir al proveedor que le ofrezca el mejor precio o calidad, en el caso de los servicios públicos hay una única empresa que cubre una zona, por lo que el consumidor está obligado a contratarla.

En esta situación monopólica, las empresas están sometidas a un sistema distinto de fijación de precios: es el Estado el que establece cuánto se pagará. Dado que el cliente no puede optar por dejar de contratar el servicio, se organiza una audiencia pública para que los consumidores puedan presentar sus argumentos a la hora de establecer los precios.

Así lo establece desde 1994 la Constitución nacional en el artículo 42 al referirse a “la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”, para los servicios públicos nacionales. En este caso, el organismo de control a cargo de la regulación de las empresas es el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

“La audiencia siempre se debe hacer para el transporte y distribución de gas, porque son fijados monopólicamente”, explica el comunicado del Centro de Información Judicial (CIJ) sobre el fallo de la Corte que estableció la obligatoriedad de las audiencias públicas en este caso.

Qué pasa en una audiencia pública

En el evento se discuten los argumentos de los distintos actores para la fijación de las tarifas. Pueden participar y exponer todas las personas interesadas, lo que incluye a las asociaciones de consumidores, las empresas y el Gobierno nacional. Es necesario anotarse previamente de manera personal en el Enargas y, en el caso de los expositores, deben presentar un informe sobre el contenido de su presentación. El ente regulador es quien decide el orden de exposiciones, ya que la audiencia puede extenderse durante más de un día.

Antes de la audiencia, las autoridades están obligadas a presentar la información relevante para que los otros actores puedan argumentar con conocimiento de la situación. Esta se encuentra ahora publicada en la página del Enargas y el Ministerio de Energía de la Nación.

Luego de la audiencia, el ente regulador tiene diez días para publicar un informe de cierre con un resumen de la audiencia, y la resolución final sobre el tema se debe dictar en los 30 días que siguen al informe de cierre, de acuerdo con la reglamentación del Enargas. Lo mismo debe hacer el Ministerio de Energía, según lo que le corresponda determinar a cada uno. En sus resoluciones, los organismos deben explicitar cómo tuvieron en cuenta las posiciones presentadas de la audiencia pública.

Las discusiones en la audiencia no son vinculantes, ya que las autoridades pueden rechazar los argumentos que se hayan presentado. Sin embargo, la Corte insistió en su fallo en que no se puede tratar de una mera formalidad.

“Si bien no son vinculantes, tampoco el funcionario puede apartarse de lo que se expresa en las mismas transformándolas en una mera formalidad. El Gobierno tiene la obligación política de evaluar todo lo que ahí se dice y reflejarlo luego en la resolución que va a tomar”, explicó Héctor Polino, el representante legal de la asociación Consumidores Libres.

Qué se discute en esta audiencia

De acuerdo con la convocatoria, se discutirán los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), conocidos como “boca de pozo”, y las tarifas transitorias de transporte y distribución.

Toda la información debería estar disponible para que se discutan los diferentes aspectos de la tarifa. Sin embargo, el CEPIS, litigante en la causa que llegó hasta la Corte, pidió al juez federal de La Plata, Alberto Recondo, que se suspenda la audiencia porque -sostiene- no se han informado los costos de producción de gas en boca de pozo. Sin embargo, la Justicia rechazó su pedido.

¿Es una audiencia federal, para todo el país?

La audiencia se llevará a cabo en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para seguir la audiencia desde el interior del país, el Ministerio definió ocho centros regionales desde los cuales se podrá participar por conexión satelital de TV y audio en directo.

Pocos antecedentes

Hubo pocos casos de audiencias públicas en los últimos años. “La gestión de Cristina Fernández de Kirchner se basó en la Ley de Emergencia Pública para renegociar los contratos de licencia con las empresas de gas. Los ajustes transitorios de tarifas se definieron por pautas incluidas en tales acuerdos y estos fueron firmados previa celebración de audiencia pública en 2005. Sin embargo, la mayoría de los aumentos no se realizaron. Para el aumento del precio del gas en boca de pozo a los usuarios residenciales se incluyó un cargo por gas importado (asimilado a un impuesto) por fuera del sistema tarifario y por eso no se realizaron audiencias públicas”, explicó Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE) en esta nota.

Las últimas audiencias sobre el precio del gas se llevaron a cabo hace 11 años y, de hecho, son las que el Gobierno citó como antecedente para la suba actual, aunque la Corte no lo consideró suficiente.