Frigerio: “El Gobierno anterior había concentrado como nunca antes en la historia los recursos en el poder central”

“El Gobierno anterior había concentrado como nunca antes en la historia los recursos en el poder central con el objetivo de someter políticamente a gobernadores e intendentes”, criticó el ministro de Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, en una entrevista en Radio Mitre. El funcionario destacó así la carta de intención consensuada con las provincias para avanzar en una nueva ley de coparticipación federal.

El Estado nacional envía recursos a las provincias a través de dos vías: las transferencias denominadas “automáticas” y las “no automáticas”. Las primeras se refieren al monto que la Nación distribuye en base a la ley de coparticipación federal, además de otras leyes y regímenes especiales; mientras que las transferencias no automáticas son recursos discrecionales (es decir, no fijados por la Constitución ni ley alguna), como los fondos para obras públicas.

En 2015, el Estado nacional recaudó $1,7 billones, de los cuales $416 mil millones se transfirieron automáticamente a las provincias, incluídos los montos por el Fondo Federal Solidario que se recauda por impuestos a las exportaciones de soja. Se trata de un 25% del total, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación y de la AFIP.

Los datos tributarios disponibles se inician en 1997. Desde ese momento a la fecha, una serie elaborada por el Instituto Argentino de Análisis Financiero (IARAF) revela que entre 2008 y 2012 se registraron los porcentajes más bajos de transferencias, y que subieron en los últimos años hasta alcanzar el 27% en 2015. Entre 1997 (uno de los primeros años con datos de la AFIP) y 2000, ejemplifica el instituto, el promedio de transferencias fue del 31 por ciento. Estas cifras van en línea con la respuesta que el Ministerio de Interior envió a Chequeado.

Porcentaje de la recaudación que reciben las provincias. Período 1997-2015.

Fuente: IARAF en base a Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

El reparto entre la Nación y las Provincias, resaltó Walter Agosto, investigador del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), presenta un “fuerte proceso de centralización en el gobierno nacional, gestado a lo largo de décadas por sucesivos acuerdos fiscales, precoparticipaciones, afectaciones específicas de tributos, regímenes paralelos y creaciones y/o aumentos de impuestos no coparticipados”.

Aún así, el Gobierno nacional no se queda con todo el 75% restante, ya que una parte relevante de ese porcentaje corresponde a la seguridad social, es decir, al pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones en todo el territorio. De esta manera, según los expertos, la recaudación se podría dividir en tres partes: las provincias, la Nación y la ANSES.

Al excluir los recursos de la seguridad social de la recaudación, el IARAF muestra que las provincias recibieron un 36,5% del total, más cerca del promedio 1997-2000 (38,6%) y por encima de los años más bajos de la serie (2001-2002).

Agosto criticó en 2015 que la ANSES presentaba resultados positivos, a diferencia del déficit que justificaba el descuento a las provincias, y que con parte del superávit financiaba anualmente el déficit del Tesoro nacional, mientras que las provincias padecían dificultades para financiar sus propios desequilibrios.

Por otra parte, un documento del Centro CIFRA del sector de la CTA que lidera el sindicalista docente Hugo Yasky señala que “los tributos que presentaron un mayor crecimiento relativo en la post-convertibilidad no son coparticipables o se coparticipan sólo parcialmente, como los derechos de exportación y el impuesto a los débitos y créditos bancarios”. Es decir que, al haber crecido más el total de la recaudación que la parte que se coparticipa, se explica en parte el por qué de la caída de las transferencias del Gobierno nacional a las provincias.

“Las estadísticas marcan una relativa concentración de los recursos en manos del Gobierno nacional”, explicó en este chequeo la economista Luciana Díaz Frers, y concluyó que desde Nación en los años 2000 “se intentaron hacer correcciones, como la coparticipación del 30% de las retenciones a la soja o del 30% del impuesto a los débitos y créditos bancarios, pero no compensaron lo suficiente”.