¿Cuál fue el origen de la ley del “2×1”?

“Escucho muchos dirigentes que han tenido roles protagónicos en los últimos años, en el Congreso, en el Ejecutivo, de los distintos gobiernos que nos antecedieron, y que no hicieron nada cuando esta ley se aprobó”, señaló el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en una conferencia de prensa en Mendoza el miércoles último, y agregó: “Liderada por [el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl] Zaffaroni esta ley se aprobó con el consenso de muchos de los que hoy se los escucha muy enojados con el ‘2×1’”. ¿Cuál es el origen de esta ley?

La Ley 24.390, por la que se aplicó el llamado “2×1”, fue aprobada en noviembre de 1994, durante la Presidencia de Carlos Menem. El proyecto original fue enviado al Congreso en diciembre de 1993 por Menem y el entonces el ministro de Justicia de la Nación, Jorge Maiorano, aunque recién tuvo los primeros avances legislativos en julio de 1994, cuando Maiorano había sido reemplazado por Rodolfo Barra, un abogado egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA) que asumió como ministro luego de ser juez de la Corte durante el período en el que prevaleció en el tribunal la llamada “mayoría automática” que solía fallar a favor del Gobierno.

El origen del proyecto tuvo, al menos, dos causas conocidas. Por un lado, como se argumentó en el debate legislativo de aquel momento, las cárceles se encontraban (igual que ahora) sobrepobladas con personas sin condena que llevaban más de cinco años a la espera de un juicio, según explicó el entonces diputado Miguel Pichetto, hoy jefe de la bancada de senadores del PJ.

“Es el proyecto posible. No sé si será el mejor pero es la iniciativa del consenso”, señaló Pichetto en octubre de 1994 en el recinto y, además, agregó: “En base a datos concretos del Ministerio de Justicia puedo informar que el Servicio Penitenciario Federal cuenta con tres mil presos entre procesados y condenados. Sólo el 10%, estimativamente, podría estar alcanzado por esta iniciativa que queremos sancionar. Existen 375 internos sin condena con más de dos años de detención, 127 internos con más de tres años de detención sin condena, 54 con más de cuatro años de detención y 52 con más de cinco años de detención”.

Por otro lado, al mismo tiempo que se debatía esta ley, sesionaba en Santa Fe la Convencional Constituyente que ese año reformó la Constitución nacional e incorporó, entre otros tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este tratado, en su artículo 5, sostiene el derecho de toda persona detenida a “ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad”, y se incluyó en la redacción final de la Ley 24.390. Este fue otro motivo por el cual los legisladores nacionales creyeron importante sancionar esta normativa.

En línea con eso, el entonces senador Augusto Alasino (PJ) explicó: “En aquel momento había una gran superpoblación de las cárceles y además tiraban colchones por las ventanas quemados. ¿Por qué? Porque había gente que estaba hace siete, seis años presos con prisión preventiva, sin juicio, en contravención con el Pacto de San José de Costa Rica (otra manera de llamar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y con la ley”.

El ex ministro Barra, en diálogo con Chequeado, dijo: “La ley fue un paliativo, no era buena. No formaba parte de la agenda del Gobierno nacional en ese entonces sino que fue una respuesta a la presión de los organismos de derechos humanos y a la modificación de la Constitución, que le dio más lugar a los tratados internacionales”.

Según datos del Servicio Penitenciario Federal, en 1994, del total de detenidos, un 56,36% no tenía condena. Esa proporción se mantuvo en el tiempo e incluso subió en algunos años durante la vigencia de la ley. Finalmente, el Congreso derogó la norma en mayo de 2001, año en que el porcentaje de presos en prisión preventiva llegó al 59,67 por ciento. En 2015 (último dato disponible), el porcentaje era casi idéntico al de ese año: 60,08 por ciento.

En cuanto a la influencia de Raúl Zaffaroni en la ley, Jorge Maiorano, ministro de Justicia y cofirmante del proyecto de ley enviado al Congreso, señaló a este medio que no le consta la participación del ex juez en la redacción de la norma y agregó: “Mi pensamiento en esta materia está muy lejano del Dr. Zaffaroni”.

El ex juez de la Corte Suprema, en tanto, se pronunció en varias oportunidades a favor de la aplicación de la ley. En 2001, cuando era titular del INADI y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Zaffaroni consideró que “la derogación de la ley nos va a crear problemas con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, debido a que va a haber prisiones preventivas infinitas y, por ende, mil denuncias”.

Más acá en el tiempo, y como juez de la Corte en 2013, Zaffaroni avaló la aplicación del “2×1” en el caso “Rei, Víctor”. Este militar, condenado por apropiación de un hijo de desaparecidos durante la dictadura, pidió que se le aplicara el criterio del “2×1”, la Corte lo rechazó por mayoría con el artículo 280 y dejó firme el fallo de Casación, que no avaló la reducción de la pena. En esa fallo, Zaffaroni votó en disidencia.

Por lo tanto, si bien Zaffaroni se mostró en contra de la derogación del “2×1” en 2001 y votó en ese sentido en 2013, el proyecto de ley fue ideado por el gobierno de Menem en 1994.