Claves para entender el FIFAgate y su vinculación con empresarios y dirigentes del fútbol argentino

El empresario Alejandro Burzaco, involucrado en el escándalo internacional conocido como FIFAgate, declaró ante la Justicia de los Estados Unidos haber pagado US$ 4 millones en concepto de coimas a dos ex funcionarios del kirchnerismo vinculados con el programa Fútbol Para Todos. Se trata de Pablo Paladino, ex coordinador del programa, y Jorge Delhon, un ex funcionario vinculado con este programa que ayer, tras la difusión de la confesión de Burzaco, se suicidó, según informó el maquinista del tren Roca que lo embistió.

El empresario declaró ante la Justicia norteamericana, donde se lo investiga por el pago de coimas a dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para la obtención de los derechos televisivos de distintas competiciones futbolísticas. Acá te contamos las claves del FIFAGate en la Argentina:

Cómo se inició el caso

En mayo de 2015, la fiscal general de los Estados Unidos Loretta Lynch presentó un dictamen en el que imputó a nueve importantes dirigentes del fútbol de América Latina y cinco empresarios vinculados con este deporte. Los acusó de los delitos de crimen organizado, fraude electrónico y lavado de dinero. De los cinco empresarios acusados, tres son argentinos: Burzaco, de la empresa Torneos y Competencias (TyC), y Hugo y Mariano Jinkis, de la empresa Full Play.

Según este dictamen, estas dos empresas, asociadas con la brasilera Traffic, crearon la empresa Datisa, a través de la cual pagaron coimas a dirigentes de la Conmebol para quedarse con los derechos televisivos de las ediciones 2015, 2019 y 2023 de la Copa América, el principal torneo continental de las selecciones de fútbol. Los tres empresarios argentinos estuvieron un tiempo prófugos. Los Jinkis se entregaron a la Justicia a menos de un mes de la denuncia. El juez federal Claudio Bonadio les otorgó la prisión domiciliaria y en octubre de 2016 rechazó el pedido de extradición de los Estados Unidos, por lo que actualmente los dos empresarios están en libertad.

Burzaco se entregó a dos semanas de la denuncia en la localidad italiana de Bolzano. Fue extraditado por pedido de los Estados Unidos y en noviembre de 2015 se declaró culpable ante las autoridades norteamericanas. Además, se comprometió a colaborar con la investigación con el objetivo de reducir su responsabilidad penal. En esta declaración, al admitir su responsabilidad, reconoció el pago de coimas a dirigentes de la Conmebol, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y la FIFA.

Ayer Burzaco declaró ante la Justicia norteamericana como testigo en uno de los juicios que se originaron a partir del FIFAGate. En este caso, contra tres ex importantes dirigentes de la Conmebol: el paraguayo Juan Napout, el brasileño José Marín y el peruano Manuel Burga. Burzaco aseguró haber pagado coimas a los tres y al ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Julio Grondona. Señaló, además, que también pagaron coimas otras empresas extranjeras, como Fox Sports (EE.UU.), Televisa (México), Media PRO (España) y TV Globo (Brasil), entre otras. Respecto al fútbol de nuestro país, aseguró haber pagado US$ 4 millones a Paladino y Delhon.

La investigación local por los fondos

En la Justicia federal porteña tramita una causa por irregularidades con los fondos del programa Fútbol Para Todos. En la causa fueron procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, aunque a este último luego le fue dictada la falta de mérito por la Cámara Federal. María Servini de Cubría, la jueza federal que instruye la causa, había procesado también a Paladino, a quien Burzaco acusó ayer de haber recibido coimas. Sin embargo, la Cámara Federal revocó este procesamiento y lo sobreseyó.

Según Servini, los tres jefes de Gabinete no controlaron el destino final de los fondos que se asignaron al programa. También fueron procesados dirigentes de distintos clubes del fútbol argentino, como Rafael Savino (ex presidente de San Lorenzo), Carlos Portell (ex presidente de Banfield) y Luis Segura (ex titular de la AFA y ex presidente de Argentinos Juniors), entre otros. Servini aún no cerró la etapa de instrucción de la causa, que luego elevará a juicio oral.

El dinero público aportado por la televisación

En 2009, cuando el Estado nacional adquirió los derechos televisivos del fútbol, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner acordó con la AFA pagar un 50% de los montos recibidos por el Estado en concepto de comercialización y explotación de las transmisiones. Sin embargo, se estableció, independientemente de los ingresos por comercialización, un monto mínimo que el Estado debía abonar a la AFA, que en un primer momento fue de $600 millones anuales.

La empresa Televisión Satelital Codificada, cuyos accionistas eran Torneos y Competencias (TyC) y el Grupo Clarín, había ofrecido una cifra menor. Ese ingreso mínimo que el Estado nacional garantizó a la AFA fue creciendo año a año hasta que en 2015 llegó a los $1.480 millones.

Para 2016, el gobierno de Mauricio Macri acordó un pago a la AFA de $ 761 millones, más de un 40% menos que el año anterior. Al mismo tiempo, los canales de aire privados desembolsaron $135 millones para televisar diferentes partidos del torneo, entre ellos, los de Boca y River. En 2017, el Poder Ejecutivo Nacional tomó la decisión de rescindir el contrato con la AFA, institución que licitó los derechos de televisión que finalmente quedaron en manos de las empresas Fox Sports y Turner.

Según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda de la Nación, entre agosto de 2009 y diciembre de 2016 el Estado nacional destinó casi $10 mil millones al programa Fútbol Para Todos. Esto incluye los montos que el Estado destina a la AFA para adquirir los derechos televisivos y los que utiliza para la producción de las transmisiones televisivas.

A mediados de 2015, la Auditoría General de la Nación (AGN) remitió a la jueza Servini de Cubría el informe sobre los montos destinados por el Estado a este programa. La investigación, que abarcó el periodo agosto 2009-diciembre 2012, detectó una diferencia de $179 millones entre el presupuesto ejecutado y las órdenes de pago emitidas por la Jefatura de Gabinete, es decir, que el Tesoro Nacional destinó más fondos a Fútbol Para Todos que los que finalmente llegaron a este programa.

Luego de recibir el informe, Servini de Cubría designó a tres veedores informantes en la AFA, que en los meses posteriores reportaron a la jueza informes sobre la situación financiera de la institución.

Como advirtió la AGN, uno de los objetivos iniciales del Fútbol Para Todos era el “fortalecimiento económico de los clubes”, meta que no fue cumplida, ya que en este periodo los clubes registraron un “mayor endeudamiento y promesas contractuales en muchos casos impagables”. En este sentido, según la jueza, una vez que el dinero que giraba el Estado ingresaba a la AFA no tenía ningún tipo de contralor.