Diferencias e inconsistencias del blanqueo de capitales 2013

“Estamos planteando este instrumento en un contexto más amplio, de una exteriorización de activos que sabemos que es un mecanismo que se ha utilizado en la Argentina, que se utiliza en el mundo”, argumentó la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, en una reunión plenaria de tres comisiones en el Senado.

El blanqueo es un instrumento fiscal que se utilizó en la Argentina y se utiliza en otros países del mundo (ver informe 2010 de la OCDE). Pero, ¿el proyecto actual es diferente del de 2008? Y, ¿cumple o no con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?

Diferencias…

El texto que se discutirá en el Senado propone el blanqueo de dólares que estén sin declarar dentro o fuera del país, a cambio de un certificado inmobiliario o un bono energético. Según el proyecto, “el importe expresado en pesos de la moneda extranjera que se exteriorice no estará sujeto a impuesto especial alguno”, lo cual no significa que no existan costos en función de la cotización secundaria que reciban los bonos en el mercado secundario.

La ley aprobada en 2008, en cambio, sí exigía el pago de impuestos por el blanqueo. Las tasas iban de 1% a 8%, y se fijaban de acuerdo a los fines que se dieran a esos fondos. Si los dólares eran repatriados para comprar títulos del Estado nacional había que pagar un porcentaje mayor que si se lo hacía para adquirir una vivienda.

Ese año también se dio la posibilidad de la regularización del empleo en negro, algo que este proyecto no contempla.

Agustín Carrara, director del Centro de Información y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), destacó que “tanto este blanqueo como el anterior evidencian que el Estado es ineficiente para perseguir a la criminalidad económica”.

Según un estudio del CIPCE, los delitos económicos le significaron al Estado un perjuicio de US$13 mil millones entre 1980 y 2007. “Es más del triple de lo que el Estado recuperó con el blanqueo de 2009”, calculó.

…e inconsistencias

El GAFI publicó en 2010 un manual con las mejores prácticas para la Gestión de las políticas Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo en programas de blanqueo. El objetivo es que los países distingan los activos que provienen de la evasión tributaria de los de delitos graves, y que los investiguen. Entre las principales recomendaciones figuran:

– “Los contribuyentes están obligados a depositar los activos repatriados en una institución financiera que esté sujeta a las medidas ALD / CFT”.

– “Las instituciones financieras están obligadas a adoptar medidas razonables para establecer el origen de los activos que se transfieran, repatríen o depositen”.

– “Las instituciones financieras están obligadas a identificar al beneficiario efectivo de los activos que se transfieran, repatríen o depositen bajo el programa”.

Para el caso de moneda extranjera en el país o proveniente del exterior, el proyecto del oficialismo deja abierta la posibilidad a que el blanqueo sea por depósito de los dólares en el banco y no por transferencia (artículo 4). “Es dinero líquido que va en contra de los estándares anti-lavado, porque es muy difícil averiguar su origen”, advirtió Roberto Durrieu (h), abogado especialista en la prevención del lavado de dinero.

Por otro lado, el artículo 9 exime a los interesados de informar a la AFIP “la fecha de compra de las tenencias y el origen de los fondos”. Según Durrieu, “por un lado se dice que la AFIP no preguntará sobre el origen de los fondos; pero por otro que las prevenciones de la Ley Anti-Lavado siguen vigentes”.

El abogado explicó que “la contradicción es porque uno de los principios del régimen anti-lavado es preguntar sobre el origen de los fondos y la identidad del interesado”. La ley de 2008 tenía el mismo problema, pero en su reglamentación se introdujeron cambios que permitieron tener más detalles sobre los beneficiarios.

En cuanto a las restricciones, los únicos que no podrán ingresar al blanqueo son los que están en situación de quiebra, imputados por delitos de lavado de dinero o terrorismo y los que ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consaguinidad o afinidad ascendente o descendente.

Alberto Abad, ex titular de la AFIP, afirmó a Chequeado.com: “En el proyecto local está totalmente abierta la posibilidad de utilizar ‘testaferros’ para el blanqueo”. Los organismos internacionales, como la OECD, el GAFI, la ONU y el Banco Mundial, cuentan con recomendaciones para conocer al último y real beneficiario de los activos.

“Además de exigir un marco normativo, el GAFI analiza el riesgo que en la práctica puede generar un blanqueo. El texto de este proyecto aumenta ese riesgo de que se blanquee dinero de delitos complejos a través de la exteriorización, pero hay que esperar a la reglamentación de la ley”, concluyó Abad.