La familia judicial: conocé las relaciones de parentesco que existen en la Justicia Federal de Comodoro Py

Desde afuera, los tribunales de Comodoro Py 2002 se ven como una mole de cemento compacta y apacible. Desde adentro, las tensiones se perciben distintas. Lo mismo que las lealtades que hacen que ese andamiaje no colapse. Muchas de esas lealtades surgen de lazos sanguíneos y de amistades duraderas dentro del mundo judicial, que tienen en la sede de los tribunales penales federales un ámbito privilegiado.

Durante décadas, detectar quiénes eran parte de la “familia judicial” era un ejercicio sencillo: bastaba con saber que unos pocos apellidos en los tribunales y en las facultades de Derecho que se repetían. Pese a cierta naturaleza endogámica, la llegada de nuevos integrantes al Poder Judicial se fue tornando con los años más habitual, especialmente por los concursos públicos o las modalidades de “ingreso democrático” que ensayan algunos magistrados. Sin embargo, la detección de algunos apellidos repetidos sirve para entender hasta dónde se extienden las redes de algunos actores poderosos dentro del mundo judicial -especialmente en Comodoro Py, los tribunales penales más influyentes del país-.

Mucho más que doce

Son 12 los juzgados federales que se ubican en el tercer y cuarto piso de tribunales, pero son 11 los magistrados que los ocupan -desde que la renuncia de Norberto Oyarbide dejó vacante su despacho-. De esos 11 magistrados, sólo una es mujer: María Servini de Cubría. Esa sobrerrepresentación masculina es una de las particularidades más inquietantes del mundo penal. Designada en 1990, Servini viene de y supo armar una familia judicial. Su abuelo y su padre fueron jueces. Y sus hijos también encontraron su lugar en los tribunales.

Juan Carlos Cubría, su hijo mayor, es secretario letrado en el Consejo de la Magistratura y fue hasta febrero del año último su administrador general, cargo al que renunció en medio de una controversia pública con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por el manejo de los fondos del Poder Judicial. Su hijo menor, Eduardo, está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal 22 de la Capital Federal. La esposa de Juan Carlos, Nora Dorado, es jueza de la Cámara Federal de la Seguridad Social, mientras que Stella Maris García Vigo, esposa de Eduardo, es defensora de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo. Una de las nietas de la jueza, Agustina Cubría, trabaja a un par de pisos de distancia de su abuela, en la Fiscalía a cargo de Ramiro González.

También nombrado en la era menemista, Rodolfo Canicoba Corral es otro de los jueces con más familiares en los tribunales. Su hijo Emiliano es juez federal de San Martín desde junio de 2015. Su hija Malena trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto al auditor Javier Fernández y actualmente es jefa de despacho en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco), la oficina de las escuchas telefónicas antes conocida como la “Ojota”. La mujer de Emiliano, Alejandra Pizzi, es abogada y trabaja en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.

Ariel Lijo no viene de una familia judicial, aunque se maneja en los tribunales de Comodoro Py como si fuera un nacido y criado. Entró como meritorio (el más bajo escalafón en la Justicia) en los primeros años de la década de 1990 y fue ascendiendo. Concursó y se hizo cargo en 2004 del juzgado que había dejado vacante su entonces cuñado, Gabriel Cavallo, hoy uno de los socios del estudio JC Abogados y Asociados. Lijo estaba entonces casado con la actual fiscal federal de Quilmes, Silvia Ruth Cavallo. Otro de sus ex cuñados, Sergio Cavallo, trabaja como subsecretario administrativo de la Dajudeco.

La actual esposa del titular del juzgado 4 es Magalí Mazzuca, prosecretaria letrada de la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte Suprema y docente de la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que dirige Lorenzetti. Dos de los hermanos del juez, Hernán y Alfredo, conocido como “Freddy”, son abogados. “Freddy” entró a la Justicia de la mano de Javier Fernández, con quien trabajó en la AGN. El fiscal Federico Delgado lo incluyó en una investigación sobre operadores judiciales surgida a partir de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos).

Luis Rodríguez también tiene varios parientes en la Justicia. Su esposa, Silvia Arcos Valcarcel, es secretaria letrada en la Dirección de Bibliotecas de la Corte Suprema. Rodríguez fue compañero de colegio del auditor Javier Fernández, quien es, además, padrino de su hija. Su sobrino Luis Marcos Almada pidió licencia en enero de 2017 en el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires para pasar a trabajar como subsecretario letrado de la Dirección General de Desempeño de la Procuración General de la Nación.

El juez Sebastián Ramos tiene un hermano magistrado. Martín Ramos fue designado juez federal de Morón en noviembre de 2016. La esposa de Marcelo Martínez de Giorgi -actualmente a cargo de su juzgado y del que dejó vacante Oyarbide- es la abogada Ana María Cristina Juan, prosecretaria de la Sala I de la Cámara Federal. La esposa de Julián Ercolini, María Julia Kenny, no trabaja en los tribunales federales, pero en 2016 fue asesora de prensa de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia de la Nación y antes lo había sido de Esteban Righi en la Procuración General de la Nación.

La Cámara

El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, sí es un nacido y criado. Hijo del juez Víctor José Irurzun, entró en el Poder Judicial en 1972. Su hermano Ignacio Irurzun lidera un estudio jurídico, mientras que su otro hermano, Alejandro, es ingeniero en sistemas y hasta 2014 trabajó en la AGN -también de la mano de Javier Fernández-.

Su colega Leopoldo Bruglia ingresó en la Justicia también en la década de 1970, aunque hace poco tiempo llegó a la Cámara. Está casado con María Josefina Gutiérrez, que es secretaria de la Fiscalía 30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal.

Casación Federal

Aunque hace poco más de un año que llegó al máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques tiene una trayectoria amplia en la Justicia y su familia es una de las más ramificadas. Su hijo Juan Bautista figura como secretario letrado de la Procuración General de la Nación, pero está adscripto al Ministerio de Justicia de la Nación, donde ejerce como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica. También es el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y remoción de los jueces. La esposa de Juan Bautista, María Victoria Ordóñez, es abogada y es una de las referentes convocadas por la cartera que dirige Garavano para trabajar en la reforma procesal de familia.

El otro hijo de Mahiques, Ignacio, está a cargo de la Fiscalía 35, pero en mayo de 2016 fue designado por la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó para que colabore con el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa Hotesur. Ambos acusaron a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesta corrupción en el manejo de la obra pública durante su gobierno. El hijo de Pollicita también trabaja en los tribunales de Comodoro Py. Está designado como oficial de la Fiscalía Federal 12, la que dirigía el fallecido fiscal Patricio Evers y que ahora está a cargo de Alejandra Mangano.

Gustavo Hornos ingresó en el Poder Judicial a los 21 años, a finales de los años 70. Su hermano, Roberto Hornos, es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico desde 1995. Su cuñada, Mariana Isenberg, también trabaja como prosecretaria administrativa en el mismo tribunal. La hija del integrante de la Sala IV de la Casación, Rosario Hornos, es jefa de despacho de la secretaría judicial 3 de la Corte Suprema. Su sobrina Josefina trabaja en el juzgado de Martínez de Giorgi.

Eduardo Riggi entró durante la dictadura de Agustín Alejandro Lanusse en la Cámara Federal en lo Penal. El “Camarón”, como se conocía a la Cámara entonces, fue un tribunal especial creado para juzgar “actividades subversivas” y fue disuelto en mayo de 1973, pero Riggi volvió a la Justicia en 1978, cuando fue nombrado juez. Integra desde 1992 la Cámara de Casación y tiene dos hijos que también transitan los tribunales. Eduardo Javier Riggi es fiscal de Cámara -Norte- del Ministerio Público de la Ciudad. Agustín Eduardo Riggi está a cargo de la Secretaría 10 del Juzgado en lo Penal Económico N° 5 que tiene a cargo el juez Diego Aramante.

Juan Carlos Gemignani viene de una familia de tradición judicial. Su padre, fallecido en 2014, integró el Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe y fue parte de la primera conformación del Consejo de la Magistratura luego de la reforma constitucional de 1994.

Dos de las tres mujeres del máximo tribunal penal tienen parientes en los tribunales. La jueza Ana María Figueroa tiene una familia judicial, aunque entró en los últimos años a la magistratura. Junto a su hija, María Virgina Blando Figueroa, trabajó como abogada querellante en causas por delitos de lesa humanidad antes de su designación en la Cámara de Casación en 2011. Su hijo, Nicolás Blando Figueroa, fue designado secretario de la Sala I del tribunal en 2015. Por su parte, Liliana Catucci llegó a la Casación después de la reforma procesal que en 1992 derivó en la creación del máximo tribunal penal del país. La reforma fue propiciada por el penalista y por entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Levene, de quien su hermana Silvina era secretaria letrada.

Alejandro Slokar -uno de los referentes de la agrupación Justicia Legítima- es la pareja de la defensora pública María Lousteau, hermana del diputado nacional Martín Lousteau (Suma +).

La familia

Hace años que propios y ajenos hablan de la “familia judicial”, pero ¿qué significa? Para la antropóloga María José Sarrabayrouse, puede pensarse en términos de relaciones de parentesco concretas: los mismos apellidos que se repiten a lo largo y ancho de la guía judicial. Pero, según la experta, es más útil pensarlo a partir de la “pertenencia a ciertos clanes o grupos de interés que conforman una malla de relaciones tejida en función de lazos de amistad, camaradería, compañerismo, vecindad”. Es a través de estas redes que se puede comprender cómo el Poder Judicial recluta a sus integrantes y cómo estos van ascendiendo en los escalafones. También cómo se van generando obligaciones de reciprocidad para no romper esa relación.

Pese al complejo entramado que sostiene a la Justicia penal, Sarrabayrouse resalta que eso no debe implicar pensar al mundo judicial como un espacio homogéneo ni libre de conflictos.

Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), coincide en que pensar los lazos sanguíneos no alcanza para explicar el complejo -y opaco- escenario que se da en la Justicia argentina.

“Hay nepotismo en la Justicia, y es algo malo, pero hay que prestar especial atención a las redes de afinidad y lobby de las tribus judiciales”, sostiene el jurista y concluye: “Antes la Justicia era un coto más cerrado, más propio del patriciado, donde se repetían cuatro o cinco apellidos, pero ahora es el escenario donde a través de redes informales se juegan fuertemente los intereses, es decir, el partido por los nombramientos y el futuro de las causas”.