Luces y sombras de la minería en la Argentina

No hay duda de que la minería en la Argentina es uno de los temas que capitaliza buena parte del debate público y político. Es uno de los temas más polémicos, y al mismo tiempo, más difíciles de comprender. Es que alrededor del boom minero iniciado en 2003, se abrió una discusión que guarda estrecha relación con el papel que deben cumplir las industrias extractivas en el proceso de crecimiento de los países subdesarrollados, y que atañe a todas las áreas que se encuentran atravesadas por la actividad, como la economía, la política, la cultura, la ecología y el desarrollo social.

Mientras los senadores se preparan para debatir la Ley de Glaciares el próximo 30 de septiembre en una sesión especial, circulan por la web videos que muestran cuáles pueden ser los efectos de la gran explotación minera a base de cianuro, en la modalidad de “cielo abierto”. Los daños ecológicos de los que se acusa a la llamada “megaminería” merecen un análisis aparte. En lo económico la explotación de estos recursos no renovables enfrenta a dos posturas fundamentales: para unos, la minería es un verdadero “saqueo”, que no le deja al país más que tierra arrasada y magras regalías. Para otras voces, en especial las que provienen de las provincias con recursos metalíferos y la cámara que nuclea a los empresarios mineros, la minería es una de las principales fuentes de ingresos. En algún sentido, las dos posturas tienen razón.

Días antes de protagonizar un debate sobre la megaminería con el senador sanjuanino César Gioja, el dirigente de Proyecto Sur, “Pino” Solanas, repudió en una entrevista que la minería se explote en la Argentina con un sistema de “saqueo puro” y además agregó: “Todo se extrae sin control público, se deja la extracción de esos recursos en manos de los propios explotadores”.

Repasar las grandes concesiones brindadas a las empresas extranjeras en materia de impuestos nacionales, provinciales o municipales, así como también las ventajas aduaneras, arancelarias y legales, es un ejercicio suficiente para descubrir que Solanas no está tan errado. El país se encuentra por ejemplo, dentro del grupo de naciones que menos impuestos perciben en el sector cobre.

El paquete de leyes vigente en la Argentina -que fue votado en la década del ’90, durante la presidencia de Carlos Menem, y al que todas las provincias han adherido mediante el Acuerdo Federal Minero– cede a las empresas beneficios exclusivos que no gozan otras ramas de la industria, como la agricultura y la ganadería. Consultado por Chequeado.com, el ex secretario de Minería de la provincia de San Juan y técnico minero, José Matar, explicó que, si bien la minería tiene un nivel de riesgo y de período de maduración de inversión más grande que otras actividades, la mayoría de las minas que se explotan actualmente en la Argentina fueron descubiertas por equipos técnicos del Estado en la década del ’80 y no por las empresas. “Por eso, los capitales extranjeros que llegaron al país ya tenían ese trabajo servido y comenzaron a perforar con la confianza de que eran proyectos viables y que iban a contar con grandes beneficios”, agrega Matar que, además, fue presidente de Yacimientos Carboníferos Fiscales durante la presidencia de Ricardo Alfonsín e integró el Consejo Federal Minero (Cofemi).

Tanto es así que los aspectos comerciales, tributarios y financieros que caracterizan al sector minero actual, garantizan al inversionista la libre transferencia de sus ganancias al exterior, la libre comercialización interna y externa, y la estabilidad fiscal de los emprendimientos por un período de 30 años, el plazo más amplio otorgado por los países de la región. Además, las empresas privadas tienen el permiso de informar sobre la cantidad de minerales extraídos -dato del que se deducen los impuestos- mediante declaraciones juradas, que se basan en estudios de laboratorios ubicados en el exterior.

Por otra parte, a partir de la aprobación del Código de Minería en 1886, el Estado tiene prohibida la explotación minera dentro del territorio nacional, ya que es un derecho otorgado a perpetuidad sólo a particulares. Otra de las restricciones que la autoridad estatal debe respetar está relacionada con la exploración: el Estado puede llevar a acabo la investigación geológica y los estudios de factibilidad. Pero en el caso de hallazgo de recursos, estos deben ser transferidos a empresas privadas en el plazo de un año a partir del descubrimiento, mediante un llamado a licitación pública.

Según Matar, también se debe tener en cuenta que el marco normativo aprobado en los ’90 respondía a otro escenario. “En la época de Menem muchos yacimientos no se iban a explotar por el bajo valor del oro y el cobre. Pero ante la suba de la cotización, éstos yacimientos dejaron de ser meros prospectos y comenzaron a ser explotados”, destacó el técnico. Y, además, agregó: “Por eso es necesario modificar la legislación vigente e introducir lo que los mineros llaman la ‘Ley de Corte Móvil’, para que las empresas paguen más cuando la cotización internacional de los metales preciosos y de transición suben”.

Alrededor del mundo está creciendo lo que las propias empresas mineras llaman el “nacionalismo de los recursos”. Los gobiernos, locales o nacionales, impulsan medidas para tener una mayor participación en las ganancias del sector, teniendo en cuenta el ascenso de la cotización de metales como el oro, la playa y el cobre en los últimos años, como se muestra en los siguientes cuadros.

En Australia, por ejemplo, la recientemente asumida Primer Ministro por el Partido Laborista, Julia Gillard, impulsa en su campaña un impuesto del 40% a las “superganancias” o “windfall taxes”  (es decir, ganancias inesperadas) de las empresas mineras. Y, según informa la agencia Bloomberg, la propuesta australiana podría contagiar a gobiernos como Brasil, Perú, Canadá, Sudáfrica e India. En Chile, el presidente Sebastián Piñera envió un proyecto al Congreso para incrementar el impuesto de regalías mineras  de un 4% (la tasa mínima actual) a un rango del 5% al 9%, que se iría incrementando según los márgenes operacionales de las compañías y el precio internacional del cobre.  

Basándose en la cada vez más difundida teoría de las ganancias sorpresivas extraordinarias, el Gobierno argentino decidió, en 2007, introducir retenciones del 5 al 10% para las exportaciones de metales en bruto (aunque muchas empresas apelan a la estabilidad fiscal para no pagarlas). La actividad estaba exenta hasta entonces del impuesto a la renta y pagaba menos que las exportaciones al dulce de leche, por ejemplo, mientras que en los últimos tres años las empresas habían aumentado sus ventas externas de unos US$ 1100 millones a unos US$ 2500 millones, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación.

Sin embargo, y a pesar que el país actualmente se encuentra en línea con sus pares de la región en cuanto al nivel de las regalías (rondan el 3%), un informe del Banco Mundial -que realiza una comparación de medidas económicas tomando como modelo una mina de cobre en diferentes países- ubica a la Argentina dentro del cuartil de naciones donde las empresas pagan las tasas impositivas más bajas.