El conflicto docente en la región

La discusión salarial docente en la Provincia de Buenos Aires derivó en un paro por parte de los maestros que se extendió durante 17 días, en marzo de 2014. La paritaria nacional, tras dos años en los que el aumento se determinó por decreto del Poder Ejecutivo bonaerense, logró llegar a un acuerdo, aunque la negociación se prolongó durante casi un mes. El conflicto abrió la posibilidad de repensar el modo en que se discuten los salarios entre los gremios y los Gobiernos provinciales en la Argentina.

¿Qué ocurre en el resto de los países de América Latina? ¿Cómo se resuelven las negociaciones?

El modo de negociación en la Argentina fue establecido por la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada durante la gestión de Néstor Kirchner. Según este texto, el Gobierno nacional sólo interviene directamente para fijar a las provincias un piso salarial. Este piso se discute en la Paritaria Nacional Docente (PND), que la integran el Ministerio de Educación de la Nación y los cinco gremios con representación nacional: Ctera, CEA, UDA, Sadop y Amet.

La ley, en su artículo 9, dispuso la creación del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, con el objetivo de ayudar con recursos a las provincias “en las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos”, no logren alcanzar el piso establecido por la PND.

Este programa, sin embargo, no logró terminar con las desigualdades salariales que existen entre las distintas provincias. Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) muestra, con datos de 2010, que la inversión por alumno en Tierra del Fuego ascendía a $ 17.213 y en la Provincia de Buenos Aires era de 3.276 pesos.

“La desigualdad fiscal proviene de la dispar capacidad de recaudación de las provincias y de una muy desigual distribución de los recursos de coparticipación”, explica Pablo Bezem, coordinador del Programa de Educación de Cippec.

Brasil, por su parte, tiene un modelo que evita estas desigualdades. La Constitución establece el porcentaje de recursos que debe aportar cada jurisdicción: el Gobierno nacional debe destinar no menos del 18% de su recaudación proveniente de impuestos, mientras que los Estados, el Distrito Federal y los municipios deben asignar el 25% de sus recursos tributarios.

Ese dinero se destina al Fondo de Desarrollo de la Educación Fundamental y Valorización de los Maestros (Fundef), que es el que finalmente reparte los recursos entre los Estados de acuerdo a su cantidad de habitantes. De esta manera, se asegura un piso mínimo de inversión por habitante.

“México, como la Argentina, tenía una negociación nacional y una por Estado y ahora ha entrado en una transformación. Hubo un acuerdo entre todos los gobernadores del país y ahora ya no hay más paritarias por Estado. De manera que se han nacionalizado los salarios, es decir, que el Estado federal es el que va a pagar todos los sueldos docentes”, explicó Gustavo Iaies, licenciado en Ciencias de la Educación, director del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) y ex funcionario del Ministerio de Educación de la Nación durante la presidencia de Fernando De la Rúa.

Por el contrario, en la Argentina, la Nación cada vez paga una proporción más baja de los salarios docentes. Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) señala que en 2006 el Estado nacional, a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo de Compensación Salarial Docente, pagaba, en promedio, el 12,8% del sueldo de los maestros. En 2013, esa proporción cayó al 6,7%. Es decir que las provincias cada vez asumen una mayor parte de la masa salarial.

El Laboratorio de Políticas Públicas, organización académica creada por el Rectorado de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), realizó un relevamiento de conflictos docentes en los países de la región. En su análisis concluyó que entre 2004 y 2007 la Argentina fue el país que lideró este ranking, con 346 conflictos (incluyendo conflictos nacionales, provinciales, públicos y privados), seguida por Brasil, con 303. Otro relevamiento del mismo organismo realizado entre 1998 y 2003 ubicó a la Argentina en el segundo lugar, detrás de México.

Hay otra diferencia relevante entre la Argentina y los otros países de la región. En nuestro país no existen, ni a nivel provincial ni nacional, estímulos económicos a los docentes por los resultados de sus alumnos. Sólo algunas provincias tienen recursos extra por presentismo. En Brasil, durante el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva se agregó un piso, que está por encima del mínimo del Fundef, que está relacionado con resultados educativos.

Chile tiene, desde 1996, el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (SNED), que “otorga a los establecimientos que reciben una calificación de ‘excelente’ en la evaluación de sus resultados de aprendizaje, un premio monetario que se distribuye entre todos sus docentes”, según describe un trabajo sobre el modelo educativo de ese país realizado por el politólogo Marcelo Leiras, docente e investigador de la Universidad de San Andrés (UDESA).

México ofrece un programa similar al chileno, a través de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), que también otorga estímulos económicos a las escuelas con resultados destacados. Ecuador, a través del Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas (SER), se suma a los países mencionados anteriormente.

“Muchos países de la región están discutiendo cuestiones que relacionan lo laboral con la calidad educativa, mientras que en la Argentina sólo se discuten los aumentos salariales”, destacó Iaies. Colombia es otro de los países que aplican estas evaluaciones.

Además, hay países (como Costa Rica) que tienen un ajuste anual automático del salario docente que responde a determinada variable de la economía, como la tasa inflacionaria. En la Argentina eso no es posible debido a la adulteración del índice de precios oficial que se utilizaba para medir la variación de precios.

Bezem destacó la importancia de contar con indicadores confiables de inflación, ya que “el dato certero permitiría establecer cuál es el aumento necesario para mantener el poder adquisitivo del salario y también determinar el umbral a partir del cual se estarían mejorando las condiciones de vida de los docentes”.

En los últimos años la inflación ha sido alta (el Centro CIFRA, de la CTA, calculó para el año 2013 una tasa de 29,7% y se espera que para este año sea mayor). El Gobierno nacional lanzó en la actualidad un nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano, pero no existen propuestas para atar el valor del salario docente a los aumentos de precios.