Emergencia alimentaria: claves de la nueva ley y la evolución de las políticas alimentarias

Luego de semanas de movilizaciones y acampes por parte de organizaciones sociales, el Congreso aprobó esta semana la ley que declara la emergencia alimentaria, algo que ya había sido implementado en nuestro país en 2002, durante la Presidencia interina de Eduardo Duhalde (PJ). Cuáles son los principales puntos de la nueva ley y qué pasó con los fondos para políticas alimentarias.

Con 61 votos afirmativos queda aprobado por unanimidad el proyecto de ley que prorroga la emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre del 2022

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 18, 2019

Si bien existen iniciativas de distintos bloques, los partidos de la oposición y los movimientos sociales consensuaron un proyecto que en su artículo 1 dispone la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la emergencia alimentaria nacional.

¿Por qué se trata de una prórroga? Porque durante la crisis de 2002 Duhalde declaró la emergencia alimentaria nacional, que luego fue discontinuada, y ahora la nueva norma la reimplementa hasta 2022. Desde 2016 y hasta el 31 diciembre de 2019 está vigente otra emergencia: la emergencia social, que también permite reasignar partidas en materia alimentaria, pero no es tan específica como la norma aprobada por el Congreso esta semana.

En primer lugar, la emergencia es un acto administrativo que agiliza los procesos, ya que le permite al Estado comprar bienes por contratación directa y no por licitación, y da discrecionalidad al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para tomar partidas de un área y asignarlas a otra. Esta es una de las facultades que da la nueva ley, según confirmó a Chequeado el diputado nacional Daniel Arroyo (Red por Argentina), uno de los firmantes del proyecto.

La emergencia alimentaria, además, dispone un aumento de como mínimo el 50% de las partidas presupuestarias vigentes para políticas alimentarias en 2019 y faculta al Ejecutivo a reasignar el presupuesto necesario para abordar la emergencia, aunque no puede sacar fondos de los Servicios Sociales (que incluyen seguridad social, los planes sociales, la salud y la educación, entre otras áreas).

Pero también establece cambios a futuro: dispone que a partir del 1° de enero de 2020 los fondos para las políticas alimentarias deben actualizarse trimestralmente para que no pierdan frente a la inflación de alimentos y bebidas.

Políticas alimentarias en alza, comedores a la baja

El dinero total destinado a políticas alimentarias, como la asistencia a comedores escolares y comunitarios, las tarjetas alimentarias o las ayudas al programa PROHUERTA, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se incrementó en los últimos años, casi siempre por encima de la inflación. El principal aumento se dio en el primer año de gobierno: en 2016 el presupuesto general de este área subió un 48% respecto de 2015. Al año siguiente el aumento fue del 42%. En ambos casos la inflación fue menor.

En 2018, sin embargo, los fondos crecieron un 39%, menos que la variación de precios que calcula el INDEC. Para 2019 se había establecido en el presupuesto una suba del 31%, pero a través de reasignaciones se modificaron las partidas y el presupuesto vigente es un 90% superior al que se ejecutó en 2018.

En cuanto a los comedores, los fondos variaron mucho durante la gestión de Cambiemos. El gobierno de Mauricio Macri empezó con una fuerte suba para este sector: en 2016 los fondos ejecutados para comedores escolares crecieron un 65% y para comedores comunitarios, un 85%.

En los años restantes los dos sectores tuvieron variaciones distintas, en algunos años con aumentos por encima de la inflación y en otros, por debajo. En 2019 hay una baja en ambos: de acuerdo con el presupuesto vigente, los fondos para comedores comunitarios crecen sólo un 9,5%, mientras que para los comedores escolares caen nominalmente un 5,4%. Sin embargo, el Banco Central estima que la inflación de 2019 finalizará en torno al 55% anual.

Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), estima que la mayor parte de los fondos para comedores escolares y comunitarios provienen de fondos provinciales, habiendo mucha heterogeneidad entre las provincias.

“Si bien desde 2013 en promedio, un tercio de la infancia es asistida por alguna ayuda alimentaria directa, en los últimos años dicha cobertura se incrementó de modo significativo revelando especificidades socioeconómicas y regionales”, señala un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). “En el Conurbano Bonaerense se registra la proporción más elevada de niños/as alcanzados por algún tipo de asistencia alimentaria (42,2%); mientras que la menor proporción se registra en la Ciudad de Buenos Aires (24,7%)”, agrega el informe.

Según datos oficiales, la cantidad de comedores comunitarios (en los que se le da de comer a personas con problemas alimentarios) en todo el país se mantuvo estable en estos últimos cuatro años. Los comedores escolares (los que están ubicados en unidades educativas estatales y brindan alimentación a los alumnos), por otro lado, casi se duplicaron entre 2016 y 2017. Pasaron de 11.144 a 20.523 y registraron una leve caída en 2018 y 2019 hasta llegar a 19.036. También se incrementó la cantidad de personas alcanzadas. En 2016 asistían a comedores escolares 1,6 millones de personas y en 2019 se calcula que son 2,7 millones, una suba del 71%.

“En el último período interanual hubo un incremento muy significativo de la pobreza y de la inflación, con lo cual es entendible que se haya incrementado la inseguridad alimentaria y que por primera vez desde el año 2010 las transferencias de ingresos no fueron suficientes”, señaló a Chequeado Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA. Y agregó: “Hubo un incremento de la ayuda alimentaria gratuita que sostuvo los niveles de inseguridad alimentaria en 2016 y 2017, pero en 2018 ya no fue suficiente”.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), un 4,6% de personas pasan hambre en la Argentina, según datos del período 2016-2018, bajando levemente con respecto al 4,7% del período 2004-2006. Por otro lado, según datos de la UCA, durante el 2018 un 7,9% de la población sufrió inseguridad alimentaria severa, entendida como la percepción de experiencias de hambre durante los últimos 12 meses por problemas económicos, siendo el mayor valor de la serie de esa institución que comienza en 2010.

Actualización 18/09/2019: la nota se publicó inicialmente el 11 de septiembre pero se actualizó luego de la sanción de la ley.