Alberto Fernández y la AFI: qué pasó con los fondos reservados

El Presidente, Alberto Fernández, anunció en su discurso ante la Asamblea Legislativa que intervendrá la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Pero además anunció que derogará el decreto que dispuso que vuelvan a ser reservados todos los gastos del organismo. Aquí, un repaso por los cambios legislativos de los últimos años para dar contexto al anuncio.

En 2015, en medio de tensiones entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la conducción de la Secretaría de Inteligencia (SI), el Congreso reformó la Ley de Inteligencia Nacional y creó la AFI, un nuevo organismo que reemplazó a la SI. Entre otros cambios, dispuso que el director y el subdirector del organismo fueran designados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) con acuerdo del Senado. 

Además del contexto político, esto fue también una respuesta a un compromiso asumido una década atrás por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de transparentar los fondos de Inteligencia, luego de que se comprobase su uso para el pago de sobornos en la causa AMIA, donde se investiga el ataque terrorista que provocó 85 muertos el 18 de julio de 1994.

El gobierno de Fernández de Kirchner, a través del decreto reglamentario de esa ley, creó entonces una “nueva doctrina de inteligencia nacional” que, entre otros cambios, distinguió entre los fondos públicos, sobre los que se podía conocer su monto y su uso, y los fondos reservados, que permanecían secretos sólo en casos que estuviese justificado.

Además, dividía al personal en tres escalafones (Inteligencia, Seguridad y Apoyo, que incluía a los empleados administrativos y a los recursos humanos en general) y restringía la protección de identidad sólo a los agentes de Inteligencia y para los casos en los que fuera necesario. 

En rigor, todos los avances consagrados en la nueva ley y en su decreto reglamentario no llegaron a aplicarse y no se pudo obtener información sobre los fondos de la AFI durante el tiempo en el que la norma estuvo vigente. “La gestión deficiente y sin voluntad de cambio en la AFI impidió llevar a cabo las reformas organizacionales y de las prácticas que proclamaba el decreto reglamentario”, señaló en un informe la Iniciativa Ciudadana para el Control de organismos de Inteligencia (ICCSI).

Mauricio Macri, en mayo de 2016, dictó el Decreto 656/2016, el que hoy Fernández anunció que derogará. La norma dejó sin efecto los principales artículos del decreto de 2015 y determinó que todos los fondos debían volver a ser reservados. Además, determinó que todos los empleados de la agencia sean considerados “agentes de inteligencia” y, por ende, no se puede conocer su identidad.

En la actualidad, lo único que puede saberse es cuál es el presupuesto total que el Estado nacional destina a la AFI, pero no a qué lo destina el organismo. En 2019 se le asignó un presupuesto de $ 2.697 millones. 

El único organismo con poder de control sobre estos fondos es la Comisión Bicameral de control de las actividades de inteligencia. Sin embargo, la propia institución de control también es opaca y esto se ha mantenido inalterable a lo largo de los años, según explicaron a Chequeado distintos especialistas en esta nota. La Comisión, integrada por 14 diputados y senadores y actualmente presidida por el radical Juan Carlos Marino, no lleva registro de la cantidad de reuniones que realiza y las actas de sus reuniones son secretas.

Esta nota es resultado del Chequeo en Vivo al discurso de asunción presidencial. Leé el resto de los chequeos en chequeado.com/chequeoenvivo