Nuevo chequeo a la inmunóloga Roxana Bruno: frases falsas, engañosas y aventuradas sobre el coronavirus

Después de que Chequeado verificara diversas inexactitudes en las afirmaciones de Roxana Bruno, integrante de la agrupación “Epidemiólogos Metadisciplinarios”, la inmunóloga se contactó con la redacción vía WhatsApp para realizar nuevas afirmaciones y aportar lo que ella consideraba documentación respaldatoria. 

Sin embargo, un nuevo análisis constata que muchas de ellas son falsas, otras engañosas y otras imposibles de contrastar en plena expansión de la pandemia. A continuación, una verificación de otros dichos de Bruno.

Sobre las otras enfermedades que causa la cuarentena

Según Bruno, la cuarentena (confinamiento) va a producir una “gran mortalidad por la desatención de enfermedades crónicas, por la pobreza, por las enfermedades mentales, por el sobrepeso, por la violencia”.

En rigor de verdad, organismos como la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han reconocido y alertado sobre el exceso de mortalidad derivado del desplazamiento de la oferta y la demanda de servicios de salud, lo que se ha traducido, por ejemplo, en la interrupción o disminución de tratamientos de afecciones crónicas no transmisibles. Eso no puede negarse.

Pero es prematuro en esta fase de la pandemia cotejar la magnitud de las muertes directas e “indirectas”. Una comparación más justa no sería con las muertes causadas efectivamente por la pandemia, sino con las que se podrían haber producido si no se hubieran adoptado las cuarentenas y otras medidas de salud pública.

Por ejemplo, un estudio del Imperial College de Londres publicado en junio en la revista Nature sobre 11 países europeos calculó que, entre el comienzo de la pandemia y el 4 de mayo, las cuarentenas lograron evitar entre 2,8 y 3,5 millones de muertes. En ese lapso, la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 solo produjo 130 mil decesos en los países considerados.

“No hay evidencia con respecto a que la cuarentena no se justifique, sino más bien lo contrario”, dijo a Chequeado el médico Agustín Ciapponi, doctor en salud pública y director del Centro Cochrane Argentina y el Centro Cochrane del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), en Buenos Aires.

Ciapponi citó una flamante revisión sistemática rápida de Cochrane sobre 51 estudios que arriba a esta conclusión: “Los resultados indican consistentemente que la cuarentena es importante para reducir la incidencia y la mortalidad durante la pandemia de COVID‐19, aunque existe incertidumbre sobre la magnitud del efecto”.

Sobre la mortalidad comparada con la gripe

Como hizo en su momento el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Bruno compara la COVID-19 con la gripe. Y asegura que la mortalidad “es inferior a la gripe”, una afirmación que ya fue refutada por Chequeado.

El médico Ciapponi, del Centro Cochrane Argentina, aportó a este medio más precisiones: no solo la tasa de mortalidad por el coronavirus parece mayor a la de la gripe estacional, “aunque se tardará un tiempo en determinar la verdadera tasa”, sino que en números absolutos la primera ya ha causado más muertes. 

Al 15 de septiembre último, según datos de la Universidad Johns Hopkins, había 929.026 muertes por COVID-19, mientras que la Organización Mundial de la Salud estima que entre 290 mil y 650 mil personas fallecen por causas respiratorias relacionadas con la gripe estacional.

Sobre el ibuprofenato de sodio

En su comunicación con Chequeado, Bruno afirmó que las nebulizaciones con ibuprofenato de sodio, aplicadas en casos graves con COVID-19, “tienen un éxito de casi el 100%”. 

Es una afirmación aventurada. El ibuprofenato de sodio -una forma soluble en agua del ibuprofeno que al ser inhalado podría ejercer un efecto antiinflamatorio directo sobre los pulmones- es un desarrollo de científicos cordobeses que parece haber mostrado resultados promisorios en 201 pacientes con COVID-19 moderado a severo.

Sin embargo, Ciapponi recordó que el medicamento aún se encuentra en etapa experimental (fase 2) y resta demostrar eficacia y seguridad en grandes poblaciones (fase 3), un paso previo y obligatorio para que el producto sea autorizado. “Aunque se lo esté utilizando en forma compasiva, no debe olvidarse que lo mismo ocurría con la cloroquina y la hidroxicloroquina hasta que quedó demostrada su ineficacia e inseguridad”, advierte.

Sobre la supuesta infertilidad que causarían las vacunas

Bruno indicó que el receptor ACE2 (lo que conocemos hasta hoy como la “puerta de entrada” del virus SARS-CoV-2 a las células) no se expresa en el pulmón humano y que sí se encuentra “mayoritariamente” en testículos, lo que explicaría, según ella, que el efecto secundario de la vacuna en modelos animales y en pacientes humanos sea la infertilidad. 

Pero el razonamiento es falso. Respecto de la expresión del receptor ACE2, Bruno se basa en un estudio publicado en 2000, realizado con la tecnología de esa época. Sin embargo, un trabajo más reciente muestra que el tejido con mayor expresión de receptores ACE2 es el tracto intestinal, seguido por los riñones y los testículos, mientras que su presencia en pulmones y tracto respiratorio es baja, pero no nula.

Por otra parte, también se encontró que la expresión de estos receptores en el tejido pulmonar es estimulada por nuestra propia respuesta inmune al virus. “Es verdad que los valores basales de ACE2 en pulmones son bajos frente a otros tejidos. Pero se encontró que esta concentración se modifica por muchos factores, entre ellos la propia respuesta inmune antiviral”, indicó a Chequeado Eva Acosta, investigadora independiente del Conicet, especialista en inmunología y docente en la Universidad Nacional de Córdoba.

El hecho de que los testículos expresen el receptor ACE2 tampoco debería vincularse con supuestos efectos adversos sobre la fertilidad masculina de las vacunas, explicó Acosta, porque el objetivo de estas fórmulas es presentarle al cuerpo proteínas del coronavirus SARS-CoV-2 en baja concentración para que el sistema inmune las identifique, las recuerde y pueda defendernos del virus en caso de infección.

“Por lo tanto, en ningún momento el material de la vacuna (ya sea vacuna tipo vector viral no replicativo, ARN mensajero o virus atenuado) va a interactuar con los receptores ACE2”, afirmó.

Lo que sí puede suceder es que por presencia de receptores ACE2 en testículo haya infección por el virus en ese tejido, de la misma manera que se han dado infecciones en muchos de los órganos con presencia de receptores. Si bien falta estudiar más el tema, hay un trabajo científico que propone un mecanismo por el cual la infección con coronavirus SARS-CoV-2 podría generar orquitis e infertilidad. Pero esto es una consecuencia de la enfermedad, no de la vacuna.

Por último, no se encontró ninguna bibliografía o reporte que haga referencia a la presencia de infertilidad o esterilidad en ratones u otros modelos animales en los estudios preclínicos correspondientes al desarrollo de las vacunas para el SARS-CoV-2 en desarrollo hasta el momento, tal como afirma Bruno.

Quizás el error surja de una mala interpretación del término “inmunidad esterilizante”, que se refiere a una inmunización que consigue que no queden rastros del microorganismo en el animal de estudio, pero nada tiene que ver con un efecto negativo sobre la función reproductiva.

O tal vez se trate de la recirculación local de algunas afirmaciones conspirativas falsas que han circulado en las redes, como, por ejemplo, un posteo del 17 de junio de 2020 en la página de Facebook de un grupo antivacunas australiano, que aseguraba (sin ninguna prueba) que ya había una vacuna contra el coronavirus que incluía “antígenos que podrían causar infertilidad en hasta el 97% de quienes la reciban”, lo que probó ser factualmente incorrecto.

Sobre la “inmunidad legal” que pretenderían los fabricantes de vacunas

Bruno declaró que efectos graves y muy graves a largo plazo de los candidatos a vacunas no se van a observar en los estudios de seguridad (de 28 días o 6 meses) que planean las compañías farmacéuticas y que por esa razón piden “inmunidad legal”. De alguna manera, desliza que los laboratorios se resguardan porque saben que sus vacunas son peligrosas y no quieren hacerse cargo, o no tienen manera de anticipar los riesgos eventuales debido a la premura con que se llevan adelante los ensayos clínicos. 

En realidad, con las vacunas ocurre lo mismo que con cualquier nueva intervención médica: los ensayos clínicos, aunque cumplan todos los pasos estipulados, no involucran tantos participantes como para revelar todos los posibles eventos adversos serios que tienen muy baja incidencia. 

“A medida que se pasa de la fase 1 a la fase 2 y 3, de 20 o 100 personas a cientos y decenas de miles de personas, uno reduce la incertidumbre. Pero nunca se la elimina”, reconoció en el sitio especializado Medscape Paul Offit, profesor de Vacunología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos.

Respecto de la inmunidad legal para las compañías productoras, lo que buscan los sistemas legales de algunos países es dar un marco de agilidad, no en detrimento de sus ciudadanos, sino para facilitar el trabajo de investigación ante crisis sanitarias. 

En los Estados Unidos existe, desde el 2005, la Ley de Preparación para Emergencias y Preparación del Público (PREP, por sus siglas en inglés) autoriza al Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) de ese país a limitar la responsabilidad legal por pérdidas relacionadas con la administración de medidas médicas como diagnósticos, tratamientos y vacunas para “emergencias de salud pública”, como ha sido declarada la pandemia de la COVID-19.

En el supuesto caso de un daño, se hace cargo el Estado de la demanda con fondos compensatorios especialmente designados a tal fin (por ejemplo, el Programa Nacional de Compensación por Lesiones por Vacunas).

Pero las leyes no son iguales en todos los países, y más allá de los convenios internacionales para el desarrollo de las vacunas, cada país responde por su población con sus leyes.

“En la Argentina, darle inmunidad legal a un laboratorio es imposible en términos fácticos y en términos jurídicos. La Constitución y el Código Civil plantean que cuando hay un daño hay derecho a pedir una reparación integral de ese daño”, explicó el abogado Ignacio Maglio, jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz y coordinador del área de Promoción de Derechos de la Fundación Huésped.

La transferencia de responsabilidad del privado al Estado “es imposible”, agregó Maglio.

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