¿Qué pasó con el blanqueo de capitales?

El Congreso nacional aprobó en mayo de 2013 la llamada “ley de blanqueo de capitales” con el objetivo de repatriar dólares para reactivar el mercado inmobiliario, la construcción y el sector energético. La medida, por la cual el Gobierno anunció que planeaba ingresar US$ 4.000 millones al país en tres meses, fue prorrogada en siete oportunidades desde entonces.

A casi dos años de aquel anuncio, vale la pena preguntarse: ¿Se cumplió la meta que esperaba el oficialismo? ¿Cuál es el monto de divisas que se logró blanquear?

La Ley 26.860 permitió que ciudadanos que no habían declarado sus tenencias y evadieron impuestos pudieran “blanquear” esos recursos sólo a través de tres tipos de instrumentos financieros propuestos por la ley: el Certificado de Depósito para la Inversión Inmobiliaria (CEDIN), el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico (PADE). A diferencia de la ley de blanqueo anterior (sancionada en 2008), ésta no contempló posibilidades de regularización de empleo no registrado ni la necesidad del pago de impuestos, y exigió la obligación del ingreso físico de los dólares.

El día en el que la plana mayor del equipo económico anunció la medida, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó que con el blanqueo de 2008 se habían repatriado US$ 4.000 millones y que con el nuevo se esperaba alcanzar una suma similar o mayor en tres meses.

“Se trata de crear las condiciones para repatriar una parte de la abrumadora fuga de capitales que durante muchos años ocurrió en la economía argentina y que, según datos del propio proyecto, ascendía a fines de 2012 a US$ 160.000 millones”, explicó el contador público nacional de la Universidad Nacional del Litoral e investigador asociado del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Walter Agosto, en un documento publicado en 2013.

El también ex ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Santa Fe agregó, sin embargo, que “estimaciones privadas consideran que el ‘blanqueo’ de capitales solo podría alcanzar los US$ 2.000 millones, la mitad de lo que espera el Gobierno”.

La ley de blanqueo de capitales no especificó que los dos organismos de aplicación -la AFIP y el Banco Central de la República Argentina (BCRA)- tengan que brindar información sobre este tipo de operaciones. Pero una manera de averiguar el alcance del blanqueo es rastrear en los informes del BCRA los montos ingresados por la compra de Cedines, Baades o Pades, los únicos mecanismos que autoriza la ley.

Veamos los datos:

– A fines de 2013, cuando ya habían vencido los plazos de la ley original y de la primera prórroga, el Banco Central detalló en su informe cuatrimestral: “Las suscripciones netas del Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) y del Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) totalizaron US$ 512 millones. Del total suscripto, unos US$ 40 millones correspondieron a repatriaciones de fondos en el exterior”.

– El año último, cuando el blanqueo ya había sido prorrogado en seis oportunidades, el Banco Central volvió a dar información al respecto en su informe del cuarto trimestre. Anunció que “se registraron ingresos por suscripciones netas de rescates del Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) y del Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) por US$ 121 millones en el año”.

– Hasta la sexta prórroga, entonces, el Gobierno nacional había recaudado US$ 633 millones netos, según los datos oficiales disponibles. Es decir que, con seis decretos que lo extendieron (lo que equivale a 18 meses más de duración que lo previsto inicialmente), el blanqueo de capitales recaudó menos de un cuarto de lo que el Gobierno había pronosticado recaudar en tres meses.

El titular de la AFIP dio argumentos que explican el no cumplimiento de los objetivos de la medida. En 2013, antes de que la Presidenta decidiera prorrogar el blanqueo por primera vez, Etchegaray hizo pública su recomendación de que no se extendiera el plazo, y explicó que el poco éxito era consecuencia del escaso apoyo que habían tenido del sector bancario. “Este sector consideró infundadamente que alentar el blanqueo podía llevar a recibir penalidades por los organismos que fiscalizan el lavado de dinero”, justificó.

En este sentido, Alberto Abad, titular de la AFIP entre 2002 y 2008, había anticipado a Chequeado en una nota explicativa de los dos blanqueos de capitales que en la ley vigente estaba “totalmente abierta la posibilidad de utilizar ‘testaferros’ para el blanqueo”.

Las dos últimas prórrogas se decretaron luego de que la AFIP denunciara 4.040 cuentas de argentinos no declaradas en el banco HSBC de Suiza. Si bien el Banco Central todavía no publicó el informe correspondiente al primer trimestre 2015, una nota publicada por el diario La Nación menciona un repunte del blanqueo de capitales por el caso de las cuentas de Suiza (que llegaría a US$ 1.400 millones).

“La ley plantea entrar capitales en dólares que evadieron sin pagar impuestos, pero esos recursos se deben ingresar al país al tipo de cambio oficial”, aclaró a este medio Luciana Díaz Frers, economista y ex directora del área de Política Fiscal del Cippec. Es decir que, según la especialista, “el que quiera maximizar el valor de su dinero, continuará esperando mientras no los necesite con la expectativa de que haya una devaluación del peso”, concluyó.

Mientras tanto, el Gobierno nacional continúa extendiendo el blanqueo. El 31 de marzo de este año, a través del Decreto 471/2015, lo hizo por séptima vez.