¿Qué pide el GAFI?

La legislación fue presentada como una necesidad para cumplir los requisitos del Grupo de Acción Financiera (GAFI), quien sino, se argumenta, podría excluir a la Argentina del organismo. Julio Alak, ministro de Justicia, justificó la ley en su declaración en el Congreso explicando que existe “la necesidad de adecuar nuestras normas para no ser sancionados por el GAFI.”

El organismo, creado en 1989 para luchar contra el lavado de dinero, incluyó la lucha contra el financiamiento del terrorismo entre sus objetivos después de 2001. La Argentina está en la lista de países supervisados, a los que se exige una revisión de ciertas normas.

En su último informe sobre la situación del país el organismo destacó los avances de la ley sancionada en 2007, pero marcó los limites: “una organización terrorista está definida estrechamente”; no contempla la recolección o provisión de fondos para actos de terrorismo individual (sólo están previstos los grupos terroristas); y no está penalizada la recaudación o provisión de fondos para un grupo que actúe sólo en la Argentina.

Para ciertos críticos, como Raúl Zaffaroni, esta ley no era necesaria y es el resultado de las presiones del GAFI. Para Leonardo Filippini, especialista en derecho internacional y docente de la Universidad San Andrés y la Universidad de Palermo, incluso accediendo a los pedidos del organismo no había necesidad de aprobar esta ley: “Los informes del GAFI no pedían tanto. Simplemente, habían recomendado revisar el problema del financiamiento del terrorismo respecto de redes terroristas naciones y de actos terroristas individuales. Y no sólo por vía penal, sino, centralmente, a través de acciones de transparencia y de mayor eficacia y gestión que el proyecto no incluyó en modo alguno.”