Aborto: la legalización reduciría el impacto económico de la práctica

Hoy se debate en el Senado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Durante el debate en las dos cámaras, entre muchos otros argumentos, se hizo referencia al impacto económico que tendría la legalización de esta práctica en el sistema de salud argentino.

Para responder a esta pregunta se hicieron al menos tres estimaciones: una pública y dos privadas. ¿Qué resultados arrojaron? Todos coinciden en que se ahorraría dinero público y de las pacientes. A continuación los principales datos:

Semanas atrás, el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, presentó un estudio realizado por la Dirección de Economía de la Salud que depende de su cartera. De acuerdo con las estimaciones oficiales, de aprobarse el proyecto de ley, el 90% de los abortos se haría con medicamentos (misoprostol y mifeprestona) con distintas dosis según el período de gestación. El acceso a una práctica más segura reduciría así significativamente las complicaciones y, por ende, los gastos en internaciones en los hospitales.

Además, si el Estado nacional comprara las drogas los precios de éstas serían menores. En la actualidad, el oxaprost (el único medicamento comercializado en la Argentina que contiene misoprostol) tiene un precio de mercado de alrededor de 3300 pesos. “En licitaciones públicas, por ejemplo, por el Fondo de Población de Naciones Unidas, el costo del misoprostol es 30 veces menor”, indicó Rubinstein.

Según calculó el Ministerio de Salud nacional, en la actualidad un aborto tendría un costo de $11.500 y en un escenario de legalización sería de 1.914 pesos. El costo anual total, con una estimación de 345.627 abortos por año, sería hoy de más de cuatro mil millones de pesos y si se aprobarala legalización caería a $678,60 millones, un 83% más bajo.

De acuerdo con esta estimación, el costo anual total es financiado en más de un 50% por el gasto del bolsillo de quien quiere acceder a la práctica (lo que supone un desigual acceso entre ricas y pobres), en un 24% por el sector público y en un 26% por el sistema de seguridad social y las prepagas. De aprobarse la legalización, además de que el gasto sería significativamente menor, sólo el 35% del costo sería cubierto por el sector público y el restante por las obras sociales y las prepagas.

El ministro señaló: “La gran diferencia que existe entre los dos escenarios tiene que ver fundamentalmente con la reducción de internaciones. La reducción de internaciones, que es la fuente de costos más alta, son costos que hoy está enfrentando el sistema de salud, solo que no lo sabe”.

Otro de los estudios sobre el impacto económico de la legalización fue realizado por las economistas Sonia Tarragona y Malena Monteverde, integrantes de la Asociación de Economía de la Salud, una organización profesional presidida en la actualidad por el ex ministro de Salud de la Nación (2002-2007) Ginés González García, según figura en su sitio web.

Las economistas hicieron distintos modelos, teniendo en cuenta los métodos que se pueden aplicar para realizar abortos (con medicamentos y/o con aspiración manual endouterina), las diferentes estimaciones de la cantidad anual de abortos en el país, y los costos, ya sean mínimos, medios o máximos.

Con esta información señalaron que, teniendo en cuenta “la estimación más conservadora para el cálculo de los costos que demandan las complicaciones de los abortos inseguros, el ahorro para el sistema de salud (incluyendo público, privado y de seguridad social) de avanzar hacia la legalización estará entre los $3.658 y $4.394 millones por año si se registraran 300 mil abortos y entre $6.096 y $7.323 millones si los abortos llegaran a 500 mil por año”.

De acuerdo con el informe, en la actualidad “el sistema de salud gasta entre 2,4 y 8,4 veces más que lo que gastaría si se decidiera avanzar en la legalización”, y agrega: “Las diferencias serían tremendamente superiores si se incluyeran además en los costos actuales los desembolsos de bolsillo destinados a contratar las prácticas en el circuito clandestino”.

En línea con lo señalado por Rubinstein, si se aprobara el uso del misoprostol y la mifepristona y/o si se produjera en laboratorios públicos, los precios de venta de estas drogas se reducirían. De acuerdo con los ejercicios de simulación elaborados por las investigadoras, estos cambios supondrían una reducción del 50% del precio local, más cercano al valor de venta en otros países. “Esto permitiría un ahorro adicional de entre $501 y $835 millones por año”, según señala el informe.

Por último, la senadora nacional por Chubut Nancy González (FpV-PJ) -quien anunció que está a favor de la legalización- elaboró un informe con la colaboración de las doctoras Analía Messina, Patricia Rosenberg y Viviana Mazur. De acuerdo con sus estimaciones, la legalización del aborto “permitiría la reducción del 43% de lo que actualmente destina el Estado principalmente a atender casos con complicaciones”, y agrega también que con la producción pública de misoprostol el presupuesto sería un 55% menor al actual.

Para su aproximación consideran que, de legalizarse, la mayoría de los abortos se harán a través de medicamentos, lo que disminuirá las complicaciones y, por ende, las internaciones.

“Cuando una paciente llega al hospital público con un aborto en curso o con complicaciones, el procedimiento médico que requiere es en general complejo. En la mayoría de los casos la paciente debe permanecer internada, someterse a cirugías y puede requerir cuidados intensivos; todos procedimientos más riesgosos y costosos que las intervenciones ambulatorias que se realizan cuando el aborto es planificado”, concluye en sintonía el informe.