Aborto legal: más de 300 mil prácticas desde su sanción y fuertes disparidades entre provincias, según datos oficiales

Entre enero de 2021, cuando entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y diciembre de 2024, se reportaron un total de 314.492 abortos. Es decir que, en promedio, se realizaron 78.623 interrupciones voluntarias del embarazo al año desde la legalización. 

El dato se desprende de una solicitud de acceso a la información que presentó ADNSUR -medio que integra la Red Federal de Periodismo e Innovación- ante el Ministerio de Salud de la Nación.

El salto tras la legalización del aborto: qué pasó entre 2020 y 2021

Los primeros registros compartidos por Nación son de 2020, cuando la práctica estaba permitida solo para los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, en base a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A.L”, es decir, que el aborto era legal si el embarazo fuera producto de una violación o si existía un riesgo para la salud de la madre. Era lo que entonces se conocía como “aborto no punible”. 

Si se comparan estos números con los de 2021, cuando entró en vigencia la Ley 27.610, se observa un incremento a nivel nacional de 223,4% en la cantidad de procedimientos. 

A nivel provincial, la variación fue muy diferente. La Rioja registró el salto más importante: pasó de 51 abortos no punibles en 2020 a 755 interrupciones en 2021, un incremento del 1380%. Le sigue Tucumán, con una variación del 503%. En cambio, en Río Negro la variación fue de apenas el 0,73%. En Neuquén, incluso, se registraron menos procedimientos que el año anterior (de 750 a 656).

Mariana Romero, especialista del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e investigadora del Conicet, advirtió a ADNSUR que toda la información previa a la sanción de la ley debe ser tomada con cautela. “Se supone que en el pasado los datos también deberían haber sido sistemáticos, pero no siempre sucedió. La Ciudad de Buenos Aires fue, desde 2016, la única jurisdicción que hizo reportes públicos y sistemáticos de abortos no punibles. Por lo tanto, es la única que tenía una serie para hacer un análisis”, explicó la experta. Allí, el incremento entre 2020 y 2021 fue del 12%.

Según Sol Ferreyra, médica de la UBA y comunicadora en temas de género, el promedio de 78.623 practicas anuales puede dar cuenta del largo recorrido que han tenido en el país las políticas de prevención, ya que en el pasado, cuando la práctica era ilegal, las organizaciones estimaban que se realizaban alrededor de 450 mil abortos por año.

“Podemos pensar en el Plan ENIA, que ahora fue desmantelado y que sirvió para reducir el embarazo adolescente. También fue clave la formalización de la Educación Sexual Integral (ESI), que pone especial foco en la prevención del embarazo no intencional. Sucedieron una serie de cosas con la llegada de los feminismos que tuvieron impacto, como la importancia de que las mujeres conozcan su ciclo menstrual y hasta las consignas que invitaron a pensar el deseo de maternidad”, señaló Ferreyra.

Acceso desigual: la radiografía provincia por provincia

Si bien la provincia de Buenos Aires es el territorio donde más abortos se realizaron en términos absolutos, cuando se analizan los datos por cada 100 mil habitantes, la primera que aparece en el listado es Salta, con una tasa de 1.247 desde que se sancionó la ley. El segundo lugar lo ocupa la Ciudad de Buenos Aires, con una tasa de 1.054.

En orden decreciente, la tasa en el período 2021-2024 se ordena así: La Rioja (1.029), Tucumán (1.014), Jujuy (935), Catamarca (928), Tierra del Fuego (890), y sigue la lista hasta San Juan, con la tasa más baja del país (270).

Para Romero, que 2 distritos tan diferentes como Salta y CABA tengan una tasa similar puede ser el puntapié para otras investigaciones. “No sorprende que suceda en la Ciudad de Buenos Aires, donde, por ejemplo, los centros de salud entregaban Misoprostol desde antes de la ley. Salta sí puede llamar la atención, pero no se puede sacar una única conclusión solo con los datos”, reflexionó.

Ferreyra, por su parte, subrayó que es imposible pensar el acceso al aborto por fuera de la Educación Sexual Integral. “Nuestro sistema de salud no te va a buscar, sino que las personas tienen que acercarse. Por eso todavía es muy frecuente que haya chicas que llegan cuando ya están a punto de parir. Hay personas que no menstrúan un mes, tampoco el otro y tampoco el otro. Cuando llegan, la posibilidad de acceso quizás ya no está”, contó la experta.

El monitoreo, una política clave en pausa

El Proyecto Mirar, una iniciativa de la organización especializada CEDES junto a Ibis Reproductive Health -de Sudáfrica-, tiene el objetivo de monitorear la implementación de la ley del aborto. Romero contó que hasta diciembre de 2023 el Ejecutivo nacional elaboraba informes con estos números, pero que la administración de La Libertad Avanza los suspendió.

“El monitoreo de una política pública, sobre todo de una que inicia su proceso de implementación, es clave: te permite mirar cómo es su desempeño, hacer comparaciones con otros países o reconocer cuáles son los problemas que presenta. Por ejemplo, podés pensar en si la distribución de efectores es homogénea o no en todo el país. A las organizaciones de la sociedad civil, además, estos datos nos pueden dar una idea sobre cuáles son las acciones de incidencia que hay que hacer”, explicó Romero. 

Desde la Nación explicaron a ADNSUR que la información sobre abortos realizados por jurisdicción es provista de manera voluntaria y que, en la actualidad, no existe una base de datos única y de acceso público.

Los insumos distribuidos y la información que falta

En la solicitud de acceso a la información, además de requerir la cantidad de procedimientos, ADNSUR pidió detalles sobre el tipo de procedimiento (aborto farmacológico, combinado o quirúrgico), la edad gestacional al momento de la intervención y el ámbito de atención (intituciones públicas o privadas, obras sociales o medicina prepaga). Esos datos no fueron incluidos en la respuesta elaborada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, a cargo de Mara Pérez Reynoso. 

Se trata de información relevante para comprender mejor qué sucede en la actualidad con el acceso a la ILE. “Los argumentos en contra del aborto suelen instalar la idea de que las personas abortan con embarazos muy avanzados. Y se sabe que en general no sucede, aunque sería un buen dato para conocer”, sostuvo Ferreyra.

Aunque desde el Ministerio de Salud explicaron que cada efector debe hacerse cargo de la adquisición de insumos, la respuesta incluyó un listado de los medicamentos que Nación envió a las provincias entre 2021 y 2023. El Misoprostol y el pack combinado con Mifepristona fueron los que se distribuyeron en mayor cantidad. “Esto nos podría hacer pensar que los procedimientos de preferencia son los fármacos, que son ambulatorios y menos invasivos”, reflexionó Ferreyra.

En 2021, según la respuesta oficial, Nación distribuyó 74.057 unidades de Misoprostol 200 mcg entre todas las provincias. En 2022 fueron 62.323 de Misoprostol 200 mcg. y 28.577 de Combipack (Mifepristona 200 mg + Misoprostol 200 mcg). 

En la información de 2023, las autoridades nacionales incluyeron otros insumos. En total, distribuyeron 88.578 de Misoprostol 200 mcg; 62.586 de Combipack; 15.000 de tratamientos combinados (1 blister mifepristona + 1 blister misoprostol); 1.000 kits Ameu (aspirador más cánulas); y 15.000 cánulas endouterinas.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.