Aborto legal: ¿por qué el proyecto fija un plazo máximo de 14 semanas y qué pasa después de ese límite?

El Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo -que envió el Poder Ejecutivo Nacional, obtuvo la media sanción con modificaciones en la Cámara de Diputados y ahora se debate en el Senado- fija como límite la semana 14 de embarazo inclusive para que el aborto sea legal, sin necesidad de explicitar las razones. Transcurrido ese plazo, sólo lo permite bajo 1 de 3 causales. 

Según el texto, estas causales son “si el embarazo fuere resultado de una violación (tal como lo establece ya el artículo 86 del Código Penal), con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente”; cuando la embarazada tuviera menos de 13 años, situación que también es considerada una violación y en cuyo caso “la declaración jurada no será requerida”, o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

¿Por qué se eligió el plazo de 14 semanas para permitir abortos sin causa? En Chequeado revisamos las explicaciones de funcionarios del Gobierno nacional y consultamos a especialistas y a dirigentes de organizaciones de mujeres, quienes explicaron que el límite es fruto de recomendaciones médicas y que toma en cuenta la experiencia de otros países.

Qué dicen en el Gobierno

En lunes último, al participar del plenario de las comisiones Banca de la Mujer, Justicia y Salud del Senado, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, explicó ante una pregunta del senador Matías Rodríguez (Frente de Todos-Tierra del Fuego) por qué el Gobierno fijó en su proyecto el plazo máximo de 14 semanas para los abortos sin causales.

Escoltado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Goméz Alcorta, y por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, González García señaló que en “la mayoría” de los países las legislaciones “están entre la semana 12 y la semana 14” y que “hay muchos más extensas, inclusive”. Esta afirmación se confirma con los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Centro de Derechos Reproductivos, que pueden observarse acá.

El ministro indicó, al respecto, que “el 90% de los procedimientos de índole médica para producir la interrupción legal del embarazo se hacen antes de terminado el tercer mes”; es decir, antes de la semana 12, pero que “queda un 10%” que está destinado a atender la situación de las personas “más vulnerables”, que “son las que llegan tarde [al hospital], por no tener información” o porque “no tenían educación, porque las familias no las acompañaban”. 

“Entonces, esta es una ventana para cubrir un poco más a ese grupo tan vulnerable. Esa es la razón de la semana 14”, explicó el funcionario.

A su turno, Ibarra señaló que “hoy los métodos validados internacionalmente hasta la semana 14 son seguros, no quirúrgicos, ambulatorios”, como “la ingesta de fármacos o la aspiración”.

Gómez Alcorta, finalmente, dijo que “a partir de la semana 14”, como se observa el artículo 86 del Código Penal de la Nación, en el proyecto “se mantiene la vigencia de 2 causales, que están previstas por fuera de ese período”, en alusión al “peligro para la vida o la salud de la madre” y a la “violación”, causal que fue interpretada ampliamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL, en 2012 (ver este explicador de Chequeado).

Otras voces

La tocoginecóloga Cecilia Ousset dijo a Chequeado que “prácticamente no hay diferencias en un embrión de 12 semanas y en uno de 14” y que se proponen “2 semanas más”, es decir 14 como máximo, “porque, a veces, las mujeres no se dan cuenta de que están embarazadas, pero estadísticamente sigue siendo el mismo riesgo”: un riesgo bajo de complicaciones, según resaltó.

“Esto no es antojadizo, está estudiado, corresponde a un embarazo del primer trimestre, que tiene mínimas complicaciones y presenta entre un 85% y un 90% de éxito para practicar su interrupción en la casa, de manera ambulatoria”, dijo la especialista.

Señaló que “ya en el segundo trimestre, en cambio, puede haber mayor retención de restos, tiene que actuar un médico especialista, a veces se requiere internación; es decir que presentan un mayor riesgo, hay un mayor índice de hospitalización”.

“En el primer trimestre el aborto puede ser medicamentoso; en el segundo, también, pero no tiene tanta tasa de éxito. En el primer trimestre lo pueden manejar las parteras, obstétricas, médicos generalistas, no necesariamente un médico especialista”, explicó la médica tucumana.

Ousset fue expositora del plenario de comisiones del Senado y de Diputados y asistió en la cesárea a “Lucía”, una niña de Tucumán que había sido violada a los 11 años por la pareja de su abuela, su abuelastro de 65 años, y que fue forzada a continuar con su embarazo y parir a las 23 semanas de gestación. La bebé pesaba 660 gramos al nacer, la llamaron Faustina y murió a los 10 días.

La ONG Amnistía Internacional Argentina señaló en un artículo publicado durante el debate de 2018 que “aquellos países que han introducido cambios legales similares al propuesto” en aquel año “observan entre un 10-12% de interrupciones realizadas después de las 14 semanas”. Por lo tanto, la gran mayoría de los abortos se realiza antes de ese límite.

“¿Quiénes son las mujeres que llegan a solicitar estas interrupciones después del primer trimestre? Son mujeres con fetos inviables, mujeres víctimas de violencia -en todas las expresiones- niñas y adolescentes que fueron abusadas sexualmente y que reconocen -tanto ellas como su familia o el equipo de salud que las asiste- que están embarazadas, y continuar con una maternidad forzada significa una violencia todavía mayor”, dijo Amnistía.

Por su parte, Pamela Martín García, dirigente de la UCR e integrante de la comisión redactora del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que también establece el plazo de 14 semanas, afirmó en diálogo con Chequeado que “diversos países poseen un marco jurídico que legaliza el aborto hasta una determinada cantidad de semanas” y que “la mayoría de los modelos regulatorios de estos países establece el límite entre las 12 y las 14 semanas de gestación, salvo que exista un riesgo para la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante o que el embarazo sea producto de violencia sexual, en cuyo caso el límite tiende a quedar sin efecto”.

“El plazo de las 12-14 semanas, es decir el primer trimestre, se asocia al menor riesgo que estas interrupciones implican para la salud y la vida de la mujer o persona gestante, a la vez de una mayor simplicidad de los métodos. Además, hay mujeres o personas gestantes que se enteran tarde del embarazo o llegan cerca del final del primer trimestre al sistema de salud, por diversos factores; el proyecto se basa en la experiencia de los países que han ido mejorando los marcos normativos”, dijo la politóloga.

Martín García señaló también que “a mayor desarrollo del embrión, mayor protección normativa” y que “por eso, en el primer trimestre no es necesaria la invocación de causales y en el segundo, sí”. “El embrión y el feto gozan de una protección gradual e incremental, no absoluta”, completó.

En esta nota de Chequeado realizamos un mapa mundial por países, según sus leyes, desde las más restrictivas, que prohíben la práctica o sólo la permiten para salvar la vida de la mujer, hasta las más liberales, que autorizan la realización de abortos con el mero pedido de la mujer, sin causales; y se indica en varios casos la cantidad de semanas.

El mapa está realizado sobre la base de datos de Naciones Unidas y del Centro de Derechos Reproductivos.

Por lo tanto, el plazo de 14 semanas es consecuencia de un consenso generalizado entre médicos -por supuesto, aquellos que promueven la interrupción voluntaria del embarazo-, dirigentes sociales -y del feminismo, específicamente-, y organismos internacionales, y está vigente en las legislaciones de varios países, como Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Rumania y España, según la citada base de datos de Naciones Unidas.

Mirá todos los datos y chequeos sobre el aborto en la Argentina.