¿Abrió el Gobierno los datos que prometió?

Durante la campaña presidencial Mauricio Macri prometió implementar medidas de “gobierno abierto” como, dijo, lo había hecho en la Ciudad. El concepto de gobierno abierto es muy amplio e incluye cuestiones que van desde la participación ciudadana en la toma de decisiones hasta estrictos códigos de ética para los funcionarios. Y, uno de los puntos que incluyen estas medidas, son los datos abiertos (el concepto nació de la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP por sus siglas en inglés).

La publicación de información confiable y datos de manera sistemática es uno de los elementos necesarios para que la ciudadanía pueda acceder a ellos, tener un diagnóstico de lo que pasa y, así, poder participar de las decisiones públicas, exigir y controlar a su gobierno. Sin duda, la normalización del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) es esencial para poder lograrlo, al igual que la publicación por parte de varios ministerios de información que en los últimos años se había dejado de difundir, como las estadísticas criminales.

Pero el concepto de “datos abiertos” tiene una definición precisa que no abarca a todos los “datos públicos” y se refiere a un tipo de información que es publicada en un formato que permite que sus datos sean procesados (por ejemplo, en excel o CSV), que estén disponibles para todos, sin exigir que se haga un trámite o tener que registrarse para acceder a ellos, tener una licencia abierta, para que puedan reproducirse sin barreras y estar actualizados de manera regular.

Silvana Fumega, investigadora y consultora en temas de datos abiertos, explicó a Chequeado que “los datos abiertos permiten que diferentes actores puedan darles distintos usos a los datos. Esto sirve para exigir una mayor rendición de cuentas, pero también para innovar, crear productos a partir de los datos que pueden tener un uso más masivo”. Un ejemplo es el caso de “A tu servicio” en Uruguay, una plataforma donde la organización DATA Uruguay junto con el Ministerio de Salud compilaron y procesaron datos de los prestadores de servicios médicos para que los ciudadanos pudiesen comparar a los diferentes prestadores de Salud cercanos para elegir el más conveniente.

El Ministerio de Modernización de la Nación, a cargo de Andrés Ibarra, es quien está a cargo de articular la publicación de este tipo de información en la Argentina, y para ello se dictó el Decreto 117/2016, el 12 de enero de 2016, con el cual se comprometía a los diferentes ministerios a proveer cierta información en forma periódica. En 180 días a partir de esa fecha, es decir en septiembre de 2016 si se cuentan como días hábiles, cada ministerio debía presentar su plan de apertura de datos ante Modernización, y en 90 días, es decir en mayo, cada organismo debía presentar una serie de información básica para que fuese publicada en el portal de datos abiertos.

“El decreto sirvió para generar conciencia al interior del propio Gobierno sobre la necesidad de implementar políticas activas de transparencia”, señaló a Chequeado Carolina Cornejo, entonces responsable de la agenda de gobierno abierto de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ). Para la especialista, también sirvió para que provincias y municipios se sumaran a  este tipo de políticas.

La Fundación Conocimiento Abierto hizo un análisis en junio de 2016 sobre los niveles de cumplimiento de los distintos puntos del decreto. El informe concluye que, más allá de ciertas falencias, “el cumplimiento del Decreto es un gran paso para que el Estado Argentino se transforme en un Estado Abierto”, y advierte que “es indispensable que haya mayor difusión respecto a la información pública al alcance de la ciudadanía, que se fomente la utilización y reutilización de los datos y que sirvan como herramientas para una ciudadanía informada y participativa”.

El portal de datos, datos.gob.ar, cuenta hoy con apenas 28 bases de datos. Entre ellas se encuentras las declaraciones juradas de los funcionarios de los años 2014 y 2015, la ejecución del presupuesto nacional o el registro de personas contratadas por el Ejecutivo nacional. El número parece escaso en comparación con las bases de otros países (Chile tiene publicados 3107 bases y Brasil 2057, por ejemplo). El número de bases de datos publicadas no señala la relevancia de los datos que se publican, pero sí da un indicio sobre la masa de información que está disponible para los ciudadanos.

Desde el Ministerio de Modernización aseguran que este primer año sirvió para sentar las bases de un sistema que luego crecerá de manera más rápida. “Durante este año se trabajó en asegurar las cuestiones técnicas y normativas para que a futuro todo el proceso de publicación de datos pueda hacerse de manera rápida. Se elaboraron guías de buenas prácticas para que los diferentes organismos sigan los mismos lineamientos, aunque sin imponer directivas estrictas porque puede haber situaciones muy diferentes entre los distintos organismos”, señaló a Chequeado Gonzalo Iglesias, director Nacional de Datos e Información Pública.

Hay algunos ministerios, de todas maneras, que lanzaron sus propios sitios de datos abiertos, como fue el caso del Ministerio de Justicia. La información, sin embargo, no se encuentra centralizada ni replicada en el sitio nacional.  “Incentivamos que cada jurisdicción tenga su propio catálogo de datos, de manera que al mismo tiempo los ministerios mantengan la responsabilidad sobre sus propios datos y estos sean accesibles a través de la plataforma datos.gob.ar”, explicó Iglesias.

A más de un año del Decreto 117/2016, Chequeado presenta El Abridor,  un análisis de nivel de cumplimiento del Plan de Apertura de Datos fruto decontrastar lo que se estableció en los diferentes puntos de la norma con el grado efectivo de apertura alcanzado. El objetivo de El Abridor es monitorear el avance en la apertura de datos en la Argentina en base a los objetivos que se propuso el propio gobierno para impulsar que haya más datos públicos abiertos disponibles.

El informe completo con el análisis de cada punto se puede ver acá.