Accesos a la Quinta de Olivos: cómo se accedió a la información y por qué se había denegado antes

El portal El Destape publicó en los últimos días una serie de notas sobre visitas a la residencia presidencial de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos) por parte de funcionarios del Poder Judicial, como los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, entre otros actores relevantes. Según señala el medio, accedió a estos datos a través de un pedido de acceso a la información pública.

El Destape no era, sin embargo, el único que estaba en la búsqueda de esa información. a Poder Ciudadano también había solicitado esa información al Estado nacional y, ante un primer rechazo y una entrega posterior de información incompleta, llevó su reclamo a la Justicia.

Según informó la ONG -que es el capítulo local de la organización Transparency International- desde 2016 solicita periódicamente el listado de personas que ingresan a la Casa Rosada, la Quinta de Olivos, el Congreso de la Nación y la Corte Suprema.

Ese año pidieron información de los ingresos a la residencia presidencial desde 2007 hasta 2016. En esa oportunidad, el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri entregó fotocopias de las planillas de ingreso a la Quinta; la ONG las digitalizó y las hizo públicas.

Entre los usos que se le dio a esta información, el diario El Cronista contrastó, por ejemplo, los registros oficiales con la información de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer del funcionario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, que publicó La Nación y que desató la llamada “Causa de los cuadernos de la corrupción” donde se investigan coimas en obras públicas.

En 2018, Poder Ciudadano solicitó la misma información pero para los años 2016 y 2017.  “En ese momento la gestión de Mauricio Macri se negó porque consideró que ponía en riesgo la integridad del Presidente. Entonces, nosotros apelamos a la Agencia de Acceso a la Información que nos dio la razón”, explicó a Chequeado Germán Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la ONG.

La Agencia de Acceso a la Información Pública es el organismo responsable de “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales”, se explica en su sitio. Todas las personas pueden reclamar ante esa dependencia si no reciben una respuesta a un pedido de acceso a la información; o cuando consideran que esta es incompleta o errónea.

Después de la resolución de la Agencia de Acceso de diciembre de 2018, el Gobierno nacional respondió con un listado de nombres ordenados alfabéticamente, que no incluía datos sobre la fecha de ingreso a la residencia, hora de entrada y de salida, entre otros detalles. Información, por otra parte, que sí había sido entregada por la administración de Cambiemos sobre el período de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Poder Ciudadano volvió a apelar a la Agencia que, por su parte, volvió a intimar a la Secretaría General de la Presidencia a responder lo que se le había preguntado, y con el nivel de detalle que se había requerido.

Ante la falta de respuesta, la ONG apeló a la Justicia, que en primera y segunda instancia consideró que se estaba violando el derecho de acceso a la información pública. Según indicó Poder Ciudadano, la semana última recibieron la respuesta oficial.

Cambios en la Agencia y oposición

En octubre último, la Sala II de la Cámara Federal en lo Contencioso y Administrativo rechazó la apelación que había hecho la Secretaría General de la Presidencia. En varias oportunidades, los magistrados hicieron referencia a las resoluciones de la Agencia, que había considerado acertados los reclamos de Poder Ciudadano.

Las resoluciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública cobran especial importancia en la actualidad, cuando el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo para liderar esta dependencia es cuestionado por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra Poder Ciudadano, por falta de idoneidad para el cargo.

En octubre último, Eduardo Bertoni, quien estuvo a cargo de la agencia desde su creación, renunció a su puesto aunque tenía mandato hasta 2022. Para su reemplazo, el Gobierno nacional propuso a Gustavo Fuertes, un abogado que actualmente se desempeña como asesor legal de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

En los últimos días, organizaciones como Directorio Legislativo, Democracia en Red, Fundeps, Fundación Vía Libre, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le solicitaron una entrevista al presidente de la Nación para manifestarle sus observaciones sobre la candidatura de Fuertes.

Principalmente, las organizaciones especializadas consideran que Fuentes no tiene los conocimientos ni la trayectoria suficiente para el cargo al que fue propuesto. Su rol, como se evidencia en este caso de ingresos a la Quinta presidencial de Olivos, es clave para que el derecho de acceso a la información no se obstaculice en el país.