Aprehensiones en manos de la SIDE: qué cambia el DNU de Milei y qué dicen los especialistas

El presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) modificó a través de un decreto de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026 la Ley de Inteligencia Nacional. Reformó incluso cuestiones que este Gobierno ya había introducido mediante otro decreto en 2024, y adelantó que se está trabajando en una reforma integral más profunda que será debatida por el Congreso.

“La reforma del Sistema de Inteligencia Nacional era urgente debido al complejo contexto internacional que se está viviendo. Ejemplo de ello es la captura del principal dictador de la región y todas sus potenciales repercusiones, que ocurrió tan solo un día después de la publicación del decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las sesiones ordinarias del mes de marzo”, explicó la SIDE en un comunicado publicado en X en respuesta a una nota del diario La Nación.

El DNU le otorga a los espías de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) la facultad de aprehender personas en determinados contextos. Es uno de los aspectos más cuestionados y debatidos de la iniciativa.

Qué dice la ley hoy

El Código Procesal Penal de la Nación establece que “los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad” tienen, entre otras funciones, la de “aprehender a los presuntos culpables en los casos y formas que este código autoriza y disponer su incomunicación (…) por un término máximo de 10 horas, que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden judicial”.

También, en otro artículo, señala que “los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener, aún sin orden judicial”, a quien “sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad”. Se considera que hay “flagrancia” cuando el autor del delito es “sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo”.

Además, el Código Procesal Penal Federal, aprobado en 2015 y vigente en algunas provincias, establece que “en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión con la finalidad de impedir que el delito produzca consecuencias”.

Qué cambia el DNU de Milei

El artículo 19 del DNU incorpora a la Ley de Inteligencia un artículo que indica: “En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.

Es decir que el nuevo DNU no sólo habilita a los espías a detener en casos de flagrancia, sino también durante la realización de tareas de espionaje o ante el auxilio o requerimiento judicial.

Por qué se cuestiona su legalidad

El DNU ya fue judicializado: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -dirigido por Paula Litvachky- presentó un amparo para que se declare su inconstitucionalidad. En el escrito, la organización señala que la habilitación a actuar en casos de flagrancia es el aspecto menos cuestionable de ese artículo, ya que los códigos procesales suelen reconocer esta facultad incluso a “particulares” y no sólo a fuerzas de seguridad.

Sin embargo, cuestiona con mayor firmeza la facultad de aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia”, ya que el decreto las define como el “conjunto de tareas y procedimientos para identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”, un concepto “vago, amplio e impreciso”, que deriva la facultad de detención al “mero interés del Poder Ejecutivo Nacional”,  señala el CELS.

Más de 20 organizaciones (Amnistía Internacional Argentina, Poder Ciudadano y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, entre otras) firmaron un comunicado en el que advierten que “por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detener”. Y agregan: “La SIDE puede proceder a la ‘aprehensión’ de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial. Esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación”.

Agustín Romo, legislador bonaerense de La Libertad Avanza, se refirió en X al punto más polémico: la detención en el marco de actividades de espionaje. Sostuvo que la única finalidad de esa modificación es “proteger la propia operación, instalaciones, bienes o personal” y que los agentes deben dar inmediata intervención de las fuerzas de seguridad “para que no se vulnere ningún derecho”. Chequeado consultó a la Secretaría de Comunicación y Prensa sobre los cuestionamientos al DNU, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) -que preside el abogado Pablo Pirovano- señaló que el Ejecutivo tiene facultades para reorganizar las funciones de inteligencia, pero que no pueden extenderse a materia penal sin la intervención del Congreso, y dijo que la habilitación a realizar aprehensiones sin orden judicial “trasciende la esfera administrativa y se adentra en materia penal”.

Además, cuestionó que el DNU combina criterios ambiguos o disímiles para habilitar aprehensiones: desde situaciones con orden judicial -que no plantean dudas- hasta supuestos derivados del “interés” para la inteligencia nacional, sin estándares claros ni garantías constitucionales.