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Aumento de jubilaciones, moratoria y discapacidad: cuánto cuestan las leyes aprobadas por el Senado y de dónde podrían salir los recursos para pagarlo

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:
  • El presidente Javier Milei anunció que vetará las leyes aprobadas por el Senado sobre aumento al sistema previsional y emergencia en discapacidad por “atentar contra el equilibrio fiscal”.
  • Según la Oficina de Presupuesto del Congreso y la consultora Invecq, las 3 leyes tendrían un costo fiscal anualizado de hasta el 1,7% del PBI, superior a la meta del 1,6% de superávit fiscal acordada con el FMI.
  • Los ingresos que el Estado deja de percibir por tratamientos preferenciales son el 3,54% del PBI, el más alto desde 2002. En este grupo están las exenciones por Ganancias, a los jueces y al Régimen de Tierra del Fuego, entre otros. Además, el Gobierno destina fondos a la SIDE y a las jubilaciones de privilegio.

La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley un aumento a los jubilados, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

Tras la sesión, el presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza), anticipó que vetará las iniciativas y señaló que si el Congreso insiste con los proyectos podría judicializar la sesión. El mandatario aseguró que tomará esa medida porque las leyes aprobadas “atentan contra el equilibrio fiscal”. 

Legisladores de la oposición, por su parte, señalaron que los fondos necesarios para afrontar los gastos que generan las nuevas leyes podrían salir de otros rubros. 

La videpresidenta de la Nación, Victoria Villarruel (La Libertad Avanza) señaló en su cuenta de Instagram con respecto a la decisión del gobierno nacional de vetarlas: “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE, y listo”.

El diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) señaló en una entrevista con Infobae: “Hubo plata para eliminar el impuesto a los bienes personales, para blanqueos y para eliminar impuestos a los bienes suntuarios y autos de lujo”. Y se preguntó: “¿Por qué no se aplicaron los mismos principios de financiamiento para proteger y actualizar los derechos de los jubilados?”.

Cuál es el costo fiscal de los proyectos aprobados en el Congreso

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la consultora económica Invecq, que dirige Esteban Domecq, las 3 leyes aprobadas ayer por el Senado tendrían un costo fiscal anualizado de hasta el 1,7% del PBI, superior a la meta del 1,6% de superávit fiscal acordada entre el Gobierno y el FMI. No obstante, en 2025 el impacto sería inferior dado que se aplicaría en los últimos meses del año. 

La OPC estimó que el impacto fiscal de una nueva moratoria previsional equivaldría al 0,8% del PBI en el primer año, mientras que el aumento del bono previsional tendría un costo extra de entre el 0,14 y el 0,17% del PBI. 

Por su parte, Invecq señaló que el aumento del 7,2% en los haberes representaría un 1% del PBI. 

En tanto, la OPC estimó para la ley de emergencia en discapacidad un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.  

Los exenciones impositivas representan el 3,54% del PBI

Las exenciones impositivas (o “gastos tributarios”, como se los consigna en las cuentas públicas) son el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial, con el objetivo de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.

Es decir, no se trata de un gasto directo sino de una transferencia de recursos públicos vía reducción o exención de impuestos a ciertos sectores.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, en 2025 los gastos tributarios representan el 3,54% del PBI, esto es $ 27 billones. Ese porcentaje es el segundo más alto en los últimos 23 años, sólo superado en 2023 (último año de la gestión de Alberto Fernández, cuando representó el 4% del PBI). 

De acuerdo con datos oficiales, la mayor porción de los gastos tributarios proviene de exenciones y reducción de alícuotas del IVA (equivalentes al 1,2% del PBI). Casi la mitad de esos fondos se explican por la reducción del impuesto para carnes, frutas y verduras, y la exención del pago del impuesto en prestaciones médicas realizadas con obras sociales.

En segundo lugar, aparecen los beneficios impositivos del impuesto a las Ganancias con el 0,52% del PBI, equivalentes a casi $ 4 billones, lo que alcanzaría para cubrir la extensión de la moratoria, el aumento del bono extraordinario para jubilados y parte de la emergencia en discapacidad

En tanto, los regímenes de promoción económica (entre los que predomina el de Tierra del Fuego) representan un gasto tributario del 0,43%, casi la mitad del costo total de aumentar las jubilaciones un 7,2%.

Jueces que no pagan impuesto a las ganancias

En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, el Congreso sancionó una nueva norma que estableció que están alcanzados por el impuesto todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales del país nombrados a partir del 1 de enero de 2017.

Según datos del Consejo de la Magistratura de 2022 (última información disponible), en la jurisdicción nacional y federal hay 752 jueces y pagan Ganancias un 26% de ese total, es decir, poco menos de 200 jueces.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto 2025, la exención al pago del impuesto a las Ganancias de los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacional y provinciales es de $ 766 mil millones, lo que representa un 0,10% del Producto Bruto Interno (PBI). 

Esta cifra representa la mitad de lo que costaría subir el bono de la jubilación mínima de $ 70 mil a $ 115 mil para lo que resta del año ($ 1,5 billones, según la OPC). 

Según un informe de ACIJ, “las pérdidas fiscales por la exención del impuesto a las Ganancias para los ingresos de jueces, juezas y funcionarios del Poder Judicial serán, conforme estimaciones del presupuesto 2025, un 146% más altas que los fondos destinados al Poder Legislativo”.

SIDE: aumento en los gastos en Inteligencia

De acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional, los gastos reservados son fondos asignados a los organismos de inteligencia cuyo uso y destino no se hacen públicos por razones de seguridad nacional. El control de estos gastos está a cargo de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.

Como se explicó en esta nota, en julio de 2024 el Presidente Javier Milei, mediante el DNU 656/2024, asignó $ 100 mil millones extra a la SIDE, destinados íntegramente a gastos reservados. Sin embargo, el Congreso de la Nación rechazó el DNU

Como ocurrió el año pasado, en 2025 el Congreso no aprobó el presupuesto nacional, por lo que el Gobierno prorrogó el de 2024. En el caso de la SIDE, los recursos asignados eran de $ 48 mil millones, pero el Ejecutivo lo incrementó en 2 ocasiones (en marzo y mayo de este año), llevándolo a casi $ 80 mil millones.

Jubilaciones de privilegio 

Rafael Rofman, especialista en temas previsionales, señaló a Chequeado en esta nota que “la expresión ‘jubilación de privilegio’ no existe legalmente, es una forma de referirse genéricamente al conjunto de regímenes que existen por fuera del régimen general. Esto incluye esquemas diferenciales, especiales, retiros, provinciales, cajas profesionales, entre otros”. 

En Argentina, a marzo de 2025, había 306.141 personas que cobran jubilaciones en el marco de alguno de los 7 principales regímenes especiales, según datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social. De ese total, 7.872 pertenecen al Poder Judicial, y cobran en promedio $ 5.663.069. 

Además, 11 ex presidentes y vicepresidentes continuaban cobrando una jubilación de privilegio, de acuerdo con un pedido de acceso a la información pública realizado por el Centro de Datos de Chequeado. En total, le demandan al Estado $ 134,5 millones mensuales

Las pensiones de leyes especiales comprenden pensiones otorgadas a Presidentes y Vicepresidentes de la Nación Argentina; Jueces de la Corte Suprema de Justicia; Premios Nobel y Olímpicos; primeros premios nacionales a las ciencias, letras, y artes plásticas;  precursores de la aeronáutica; pioneros de la Antártida; sacerdotes, ex obispos y arzobispos; familiares de desaparecidos; ex presos políticos y personas trasplantadas.

Fecha de publicación original: 11/07/2025

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Comentarios

  • Enrique12 de julio de 2025 a las 9:13 amEl gobierno no envío el presupuesto, no es que el poder legislativo lo rechazo
  • Sandra Espinosa12 de julio de 2025 a las 4:56 pmLos privilegios de políticos, jueces y otros, son los mayores dolores del pueblo Argentino. El seguir insistiendo en mantener a los privilegiados, hace ver la ran miseria de los que llegaron más alto para mantener vigente la ley del gallinero. El que quiere servir a la patria debería cobrar lo mismo que un obrero. Nos ahorraría un fangote de guita y tendríamos un país de gente honorable
  • Laura Ulloa13 de julio de 2025 a las 10:58 amMe parece justo que el Senado falle a favor de l a emergencia que hoy afecta a los jubilados y discapacitados es su compro miso por el cargo que perciben para legislar derechos de la sociedad vulnerable que se viene viviendo desde muchos décadas. Considerando que este País arrasado merecía aun ordenarse para un gran futuro que así sea. Yo soy jubilada trabaje 43 años el estado cumplía respete amaba mi trabajo agradecida de haberlo tenido. No fui ñoqui Mis padres me enseñaron a que la plata se ganaba trabajando. Pero yo hoy siento los más vulnerables somos los más perjudicados.
  • Horacio crevena13 de julio de 2025 a las 11:38 amEstoy muy defraudado con este gobierno que vote esperando un cambio en la política y me encuentro peor que antes no tienen miramientos con los jubilados y discapacitados con lo chicos del garragan y muchos más no los voto más espero que cambien de dirección para la gente.
  • Cristina G.Valverde13 de julio de 2025 a las 1:01 pmYo vote a Dr.Javier Eduardo Milei, entiendo siin saber de economía, ni política creo en su gestión y su proyecto,va costar mucho y lo están logrando sacar a la oposición de los sectores importantes de manejo,yo soy jubilada en el 2019, pedí hasta los 65 años y lo negaron los radicales de Mendoza.Estoy totalmente de acuerdo con su economía de guerra, en mi opinión los discapacitados no pueden esperar mucho.Y los jubilados tampoco ,Dr.Milei ud.es muy inteligente algo debe haber para solucionar el tema jubilacion ,le ruego y agradezco por sus incrementos pero no nos alcanza .Mucha suerte y siga con sus proyectos ,siempre lo voy apoyar.Gracias por poder expresar mi opinión.
  • Cecilia14 de julio de 2025 a las 8:24 amOjo con el tema de "jubilaciones especiales" porque ahí no solo entran jubilaciones altas como las de jueces y diplomáticos, sino también científicos y maestros, que al día de hoy pasaron a pertenecer a la clase media baja. Para tener ese beneficio toda su vida aportan un porcentaje mayor que el de otros sectores. Uno de los pocos beneficios de esas profesiones es que se jubilan cobrando casi lo mismo que en etapa laboral. En estos casos los sueldos de personas que ya tienen antigüedad, están en promedio alrededor de 1 millón y medio. Es decir que de generalizar el recorte, se perjudicaría a gente que actualmente la está pasando mal también. En estos casos, lo que habría que hacer es que ninguna jubilación supere la máxima...ahí se evitaria perjudicar a esos sectores.
  • Jorge Pascucciello15 de julio de 2025 a las 2:56 pmEl informe debería contener los mismos criterios sobre el porcentaje de impacto en el PBI tanto de las exenciones impositivas, como el aumento del presupuesto a la SIDE considerando que ese aumento pasa de ser transparente a tener un destino incierto desde el punto de vista de la trascendencia y también del impacto que tienen las jubilaciones de privilegio porque al final solo le sacaron a la ex presidenta

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