CFK y las cautelares delivery

“Nadie está pidiendo que las cosas sean declaradas constitucionales. Lo único que se está pidiendo es que no se cree un fórum shopping o una medida de cautelares delivery para impedir que se gobierne e impedir aplicar leyes que son constitucionales”, dijo la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en su último discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso al criticar a lo que llamó el “Partido Judicial”.

Pero, ¿existen cautelares delivery que impiden al Poder Ejecutivo gobernar o, por el contrario, la Presidenta protesta porque se aplica el sistema de tutela o protección de derechos previsto en la Constitución de la Nación?

“La solicitud de una medida cautelar tiene por sentido evitar que una sentencia sea abstracta (esto significa, que no pueda cumplirse en el momento en el que se dicte). Su objetivo es mantener el status quo hasta que un tribunal dicte una sentencia definitiva, ni más ni menos que eso”, explicó Martín Bohmer, investigador del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destaca, amparado en la Convención Americana de Derecho Humanos, la importancia de “recursos judiciales sencillos y rápidos para la tutela de derechos, con miras a impedir que las violaciones se prolonguen en el tiempo”. Y agrega: “Las medidas cautelares constituyen medidas efectivas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad”.

En los casi ocho años de gobierno de Fernández de Kirchner es cierto que la Justicia demoró la aplicación de algunas leyes consideradas clave por el oficialismo a través de medidas cautelares. El caso más conocido, y al que se refirió explícitamente la Presidenta, es el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero ello no ocurrió en todas las leyes cruciales de este tiempo ni mucho menos.

Analizar si las leyes centrales del kirchnerismo fueron o no frenadas por la Justicia permitiría confirmar si es razonable la referencia de la Presidenta a las “cautelares delivery”. No existen en el país estadísticas unificadas ni sistemas de búsqueda de información que permitan identificar, de manera certera, todas las medidas cautelares dictadas contra el Estado nacional en los últimos años. Los criterios de búsqueda de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema no permiten acceder a esa información en forma completa. Sin embargo, un repaso realizado por Chequeado confirma que la Justicia estuvo lejos de “impedir gobernar” como declaró la Presidenta.

Las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas, YPF y las AFJP, la ley de matrimonio igualitario, la reforma política que implementó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central, del mercado de capitales y de la ley de abastecimiento fueron algunas de las leyes neurálgicas del kirchnerismo cuya aplicación no fue suspendida por la Justicia.

Además, las que sí fueron judicializadas tuvieron desenlaces dispares. Como ocurrió con la llamada “ley de medios”, en varios casos la disputa judicial finalizó con resultado favorable para el Gobierno. En otros casos, la Justicia declaró la inconstitucionalidad de la norma. Aquí presentamos un repaso por algunos de los conflictos entre el Poder Ejecutivo y la Justicia con cautelares de por medio.

– Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La aplicación de la ley, aprobada en octubre de 2009, fue suspendida dos meses más tarde por el juez federal en lo Civil y Comercial Edmundo Carbone y por varios jueces federales de al menos cuatro provincias. La Corte Suprema advirtió en 2010 que la cautelar debía tener un límite de tiempo y dos años más tarde fijó el 7 de diciembre como el plazo máximo de vigencia de la cautelar. Un día antes de este vencimiento, la Cámara Federal prorrogó la cautelar hasta que se dictara sentencia definitiva, que derivó, en octubre de 2013, en la declaración de constitucionalidad de la ley por parte de la Corte. En febrero de 2015, nuevamente a través de una cautelar, la Justicia suspendió la adecuación de oficio del Grupo Clarín dispuesta por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

– Memorándum con Irán. En enero de 2013 el Congreso aprobó un acuerdo con la República Islámica de Irán con el declarado objetivo de avanzar en las indagatorias a los acusados en la causa AMIA, en la que se investiga el atentado de 1994 que provocó 85 muertos. Las organizaciones DAIA y AMIA presentaron un recurso de amparo ante la Justicia federal para que no se avanzara con el Memorándum. La solicitud fue rechazada en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, pero la Cámara Federal hizo lugar al pedido de cautelar y declaró la inconstitucionalidad del acuerdo.

– Uso de reservas del Banco Central. El 15 de diciembre de 2009 el Gobierno creó el Fondo del Bicentenario mediante el cual dispuso que utilizaría reservas del Banco Central para pagar deuda pública. En enero de 2010 la jueza en lo contencioso administrativo María José Sarmiento dictó una cautelar que frenó esta medida y restituyó como presidente del Banco Central a Martín Redrado, que había sido removido por decreto, tras resistirse a renunciar. Dos meses más tarde la Presidenta anunció la creación del Fondo del Desendeudamiento Argentino. Ese decreto también fue frenado por una cautelar. A fines de marzo de ese año, la Cámara Federal del fuero revocó esas cautelares.

– Fibertel. En agosto de 2010 el Gobierno nacional anunció la caducidad de la prestadora de internet Fibertel, propiedad del Grupo Clarín. Un mes más tarde, un juez de La Plata suspendió la aplicación del decreto a través de una cautelar, que fue revocada por la Cámara Federal. Al mismo tiempo, jueces federales de Córdoba y San Martín rechazaron la solicitud de cautelares en contra de la resolución. En 2011 un fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial ordenó al Estado abstenerse “de afectar o limitar de cualquier forma la efectiva prestación del servicio de acceso a Internet que ofrece Fibertel” hasta que no se resolviera la cuestión de fondo.

– Venta de dólares. A fines de 2011 la AFIP estableció restricciones a la compra de divisas. La primer cautelar solicitada contra esta resolución fue rechazada por el juez federal de Quilmes Luis Armella. Lo mismo hicieron jueces de Mar del Plata y San Martín. Sin embargo, en junio de 2012 una jueza de Neuquén dictó una cautelar para permitir a una persona la compra de dólares para el pago de una operación inmobiliaria. La Cámara Federal de General Roca revocó lo resuelto en primera instancia. También la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se expresó en forma negativa ante el pedido de cautelares.

– Reforma judicial. En 2013 el Poder Ejecutivo envió al Congreso seis leyes de un paquete de reforma del Poder Judicial. En julio de ese año, un juez del fuero contencioso administrativo Federal suspendió, mediante una cautelar, algunos artículos de la ley que creaba Cámaras de Casación en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y del Trabajo y la Seguridad Social.

– Otros conflictos. En agosto de 2013 la jueza federal Claudia Rodríguez Vidal suspendió provisoriamente una resolución del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) que extinguía el contrato entre LAN Argentina y Aeropuertos Argentina 2000. La jueza Liliana Heiland también dictó una cautelar contra esta resolución. Ante un recurso interpuesto por el ORSNA, la Corte Suprema rechazó la solicitud de revocar la cautelar. También en 2013 la Cámara Federal en lo Civil y Comercial dictó una cautelar para suspender el decreto que declaró nula la venta del predio de la Sociedad Rural. Ante la apelación del Estado, la Corte nuevamente confirmó la cautelar.

Un freno, aunque sin cautelar

– Elección popular de consejeros de la magistratura. En el paquete de reformas de la Justicia que envió el Poder Ejecutivo al Congreso en 2013 se encontraba un proyecto que reformaba el Consejo de la Magistratura. La norma fue aprobada y un mes más tarde la jueza federal María Servini de Cubría la declaró inconstitucional, aclarando que por haber resuelto “respecto del fondo de la cuestión planteada, este Tribunal no habrá de expedirse respecto de la medida cautelar solicitada”. La Corte Suprema ratificó luego la resolución de Servini por seis votos contra uno.