Claves del expediente que terminó con la quiebra de Correo Argentino SA
- Una jueza del fuero comercial decretó la quiebra de la empresa perteneciente a la familia Macri, que hace casi 2 décadas había entrado en concurso de acreedores.
- Durante el gobierno de Mauricio Macri, que en las últimas horas denunció una persecución judicial contra él y su familia, se había llegado a un acuerdo entre la empresa y el Estado, que luego fue denunciado por la fiscal Gabriela Boquín.
- La compañía tuvo la concesión del servicio de correo entre 1997 y 2003, año en que el presidente Néstor Kirchner rescindió la concesión por incumplimientos en el pago del canon.
La jueza en lo Comercial Marta Cirulli dictó la quiebra de la empresa Correo Argentino SA, compañía perteneciente a la familia del ex presidente Mauricio Macri, quien 24 horas antes había denunciado una persecución del Gobierno nacional contra él y su familia por el devenir de este expediente judicial. La causa en cuestión no es nueva, sino que lleva casi 2 décadas de trámite en el fuero Comercial.
En esta nota, repasamos las claves del caso.
El origen del conflicto
El Grupo Macri tuvo la concesión del Correo entre 1997 y 2003, año en que el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió la concesión. En el decreto de rescisión, el Poder Ejecutivo Nacional señaló que la empresa sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año de concesión y que a 2001 la deuda del Correo con el Estado en concepto de canon ascendía a $296 millones, que en ese entonces equivalía a US$ 296 millones, porque en el país regía la ley de convertibilidad.
El inicio del expediente
La causa judicial por la deuda que la empresa mantiene con el Estado se inició en septiembre de 2001, momento en el que Correo Argentino SA entró en concurso de acreedores, es decir, cuando una empresa no puede cumplir con todos los pagos que adeuda.
Qué pasó entre 2003 y 2015
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Correo Argentino realizó distintas propuestas que fueron rechazadas por los representantes del Estado nacional, que es el acreedor mayoritario (33% de las deudas).
Qué pasó con el cambio de gobierno
En junio de 2016, ya con Macri como presidente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia de la empresa con los acreedores para lograr un acuerdo. Luego de una primera propuesta rechazada, los representantes del Estado (en este caso, Juan Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, entonces a cargo de Oscar Aguad) aceptaron la segunda oferta presentada.
El Correo ofertó el pago del “100% del capital verificado”, en referencia a los $296 millones, en “15 cuotas anuales y consecutivas” a pagar desde fines de 2017 hasta 2033. La suma del pago del capital más los intereses arrojaban un pago total acumulado de $ 555 millones, según estimaciones del Ministerio Público Fiscal.
La respuesta del Ministerio Público
La fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, emitió un dictamen a fines de 2016 en el que señaló que la oferta aceptada era “abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”.
De acuerdo con los cálculos de la Procuración, la propuesta realizada por el Correo contenía una quita del 98,82%. Como en 2001 cada peso valía un dólar y en 2016 el dólar valía $16, la Procuración sostuvo que la cifra indexada a 2016 alcanzaba los $4,7 mil millones. Y agregó que extendiendo este cálculo a 2033, el Estado dejaría de percibir una cifra cercana a los $70 mil millones.
La reacción del Gobierno
El ex presidente Macri, tras la presentación de Boquín, sostuvo que se volvería “a foja cero” en este expediente y renegociaría nuevamente la deuda. En el medio, se inició una causa penal en la Justicia federal que investiga la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en ese acuerdo de 2016. La causa tramita en el Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo.
El cambio de gobierno
El 18 de diciembre de 2019, ya con otro gobierno en la Casa Rosada, la Cámara Comercial ordenó el salvataje de la empresa, que consiste en un llamado público a particulares o entidades para que manifiesten su intención de comprar una empresa que no está en condiciones de pagar sus deudas. En agosto de 2020 se abrió el llamado “Registro de cramdown” para estas inscripciones.
Además, en marzo de 2020 Ciruli dispuso la intervención de la empresa. El último suceso relevante fue una nueva oferta presentada por la compañía en marzo de 2021. El Estado nacional, representado por la Procuración del Tesoro, cuyo titular es Carlos Zannini, rechazó la oferta.
El domingo último Macri planteó: “¿Por qué Zannini hace esto? Porque si aceptara que la deuda fuera pagada no podría pedir la quiebra. ¿Y por qué quiere pedir la quiebra? Porque mis hijos fueron accionistas. Esa es la razón. Es la forma de atacarlos para atacarme. Esta es la verdad. No es justicia, es persecución y venganza”. Menos de 24 horas después la Justicia decretó la quiebra de la compañía.
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