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Claves para entender la polémica por la deuda del Correo Argentino con el Estado

10 Febrero, 2017 | Tiempo de lectura: 4 minutos
El Poder Ejecutivo Nacional aceptó una oferta para saldar una deuda que la empresa de la familia del presidente, Mauricio Macri, tiene con el Estado. Una fiscal del fuero comercial la rechazó por abusiva, pero la Cámara en lo Comercial será la que decida. Acá te explicamos el caso.

La fiscal del fuero comercial Gabriela Boquin rechazó una propuesta presentada por Correo Argentino SA para pagar una deuda que mantiene con el Estado nacional desde 2001. Se trata de una obligación que la empresa, propiedad de la familia del presidente, Mauricio Macri, contrajo mientras tenía la concesión del Correo.

Ocho puntos para entender el conflicto:

1- El Grupo Macri tuvo la concesión del Correo entre 1997 y 2003, año en que el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió la concesión. En el decreto de rescisión, el Poder Ejecutivo Nacional señaló que la empresa sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año de concesión y que a 2001 la deuda del Correo con el Estado en concepto de canon ascendía a $296 millones, que en ese entonces equivalían a US$ 296 millones, porque en el país regía la ley de convertibilidad.

2- La causa judicial por la deuda que la empresa mantiene con el Estado se inició en septiembre de 2001, momento en el que la empresa entró en concurso de acreedores, es decir, cuando una empresa no puede cumplir con todos los pagos que adeuda.

3- Entre 2003 y 2015 el Correo Argentino realizó distintas propuestas que fueron rechazadas por los representantes del Estado nacional, que es el acreedor mayoritario (33% de las deudas). En junio de 2016, ya con Macri como presidente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia de la empresa con los acreedores para lograr un acuerdo. Luego de una primera propuesta rechazada, los representantes del Estado aceptaron la segunda oferta presentada.

4- ¿Qué propuso la empresa? El Correo ofertó el pago del “100% del capital verificado”, en referencia a los $296 millones, en “15 cuotas anuales y consecutivas” a pagar desde fines de 2017. Estableció los siguientes plazos:
-El pago del 1% del capital en cada una de las primeras cuatro cuotas (de la 1 a la 4).
-El pago del 2% del capital en cada una de las cuatro cuotas siguientes (de la 5 a la 9).
-El pago del 3% del capital en cada una de las siguientes dos cuotas (cuotas 10 y 11)
-El pago del 15% del capital en cada una de las siguientes dos cuotas (cuotas 12 y 13)
-El pago del 20% del capital en la cuota 14.
-El pago del 30% del capital en la cuota 15.
-En la cuota 16 fijó el pago de los intereses acumalados durante esos 15 años, con un interés anual de 7 por ciento.

Según los cálculos de la Procuración General de la Nación, la suma de los intereses a pagar en la última cuota alcanza los $258 millones, por lo que sumados al capital pagado previamente, el monto total que recibiría el Estado a 2033 sería de $555 millones.

5- Esta propuesta no está vigente. Es sólo un acuerdo de la empresa con los acreedores que debe ser homologado por la Justicia Comercial. Hasta ahora sólo se expresó la fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, quien rechazó la oferta. De acuerdo con lo que establece la Ley de Concursos y Quiebras, todo está en manos ahora de las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero -presidenta del tribunal-, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi.

6- ¿Qué dijo la fiscal? En su dictamen del 29 de diciembre de 2016, que dio a conocer ayer la Procuración, Boquin sostuvo que la propuesta es “abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”, y explicó que la empresa “se benefició con un estado de ‘eterno’ concurso y logró suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores”.

De acuerdo con los cálculos de la Procuración, la propuesta realizada por el Correo contiene una quita del 98,82 por ciento. Para llegar a este cálculo, el organismo contabilizó los intereses y la diferencia en el tipo de cambio desde 2001 hasta 2016. Como en 2001 cada peso valía un dólar y en la actualidad el dólar cuesta $16, la Procuración sostiene que la cifra indexada a 2016 alcanza los $4,7 mil millones. Y agrega que extendiendo este cálculo a 2033 (fecha en que finalizaría el pago del Correo según su propuesta), el Estado dejaría de percibir una cifra cercana a los $70 mil millones.

7- ¿Qué respondió el Gobierno? El subsecretario de Regulación del Ministerio de Comunicaciones de la Nación, Oscar González, criticó el dictamen de la fiscal, explicó que la propuesta implica el pago del 100% del crédito inicial ($296 millones) y argumentó que, según la Ley de Concursos y Quiebras, el inicio de un concurso preventivo suspende los intereses de cualquier deuda anterior. Desde el Gobierno, además, se explicó que la ley de convertibilidad, que tiene algunos artículos vigentes, prohíbe la indexación de deudas.

Según la fiscal Boquin -que hoy realizó una nueva presentación-, para evaluar la “abusividad” de la propuesta debe “apreciarse la incidencia de los intereses posconcursales suspendidos”, es decir, los intereses del período 2001-2016 que, según el Gobierno, no deben ser contabilizados. Para la fiscal, la Ley de Concursos y Quiebras refiere a “suspensión” y no a “interrupción o condonación” de los intereses. Y citó algunos antecedentes de la Cámara Comercial en los que se aceptó este criterio.

8- En el mismo dictamen Boquin dio cuenta de una denuncia presentada por Correo Argentino contra el Estado el 13 de junio de 2016, dos semanas antes de la audiencia en la que se llegó al acuerdo entre las partes. En la denuncia, la empresa reclamó al Estado la falta de pago por inversiones realizadas durante el período de concesión y dos meses más tarde amplió la demanda por montos cercanos a los $2.300 millones, con un interés anual del 11 por ciento.

Según Boquin, la empresa “adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal” por no comunicar en la audiencia el inicio de esta demanda. Además, sostuvo que esta demanda “convierte en más abusiva aún la propuesta formulada al Estado nacional”, ya que mientras le ofrece un pago con un interés del 7% anual, “reclama al mismo acreedor un interés de 11 por ciento”. Al cierre de esta nota, el Gobierno no se había pronunciado sobre este punto.

Temas

35 Respuestas

Gustavo Bustos 10 de Febrero de 2017 a las 10:59 pm

O sea decir que le perdonó 70 mil millones es correcto o no? Yo entiendo que no es, pero… qué es entonces?

Santi 11 de Febrero de 2017 a las 12:46 am

Tres cosas. Primero: el calculo extendido según el criterio de la fiscalía no parece ser del todo serio dado que calcularon un dólar a 16 y no sabemos a cuánto estará en 2033. Así que como primer punto la estimación de los 70 mil millones es bastante objetable. Segundo: me parece central el argumento de la fiscal cuando habla de “suspensión” pero nunca de “interrupción o condonación”. Y tercero, una apreciación más política: es llamativo como el gobierno se muestra tan rigurosamente apegado a la ley en este caso particular y no se muestra tan apegado a la ley en otros casos. Por ejemplo, a la ley de financiamiento educativo que establece que la paritaria nacional actúa como piso de referencia de cada paritaria provincial. Este año parece que la paritaria nacional está “suspendida”.

Dario Fernando Picco 21 de Julio de 2018 a las 8:36 pm

No pueden haber paritaria nacional por maestros dado que ya ninguna escuela pertenece al gobierno nacional todas pasaron al ámbito provincial y por pedido de los gobernadores dado que no todas las provincias se encuentran en las mismas condiciones monetarias, y si leen la ley de concursos y quiebras podrán opinar mejor

Donato 4 de Octubre de 2018 a las 12:55 pm

Son dos temas totalmentente ajenos. Es conjetura suya esto. “Parece”… (?)… Directanente, NADA QUE VER. Piso de referencia? Esa ley está relativizada en su aplicación ; no puede Nación “obligar”, en ningún sentido, positivo o negativo, a ninguna jurisdicción privincial sin vulnerar su autonomía basada en la Constitución. EL TEMA DEL CORREO, ES ENTRE EL ESTADO, ACREEDOR DEL 33% DE LA DEUDA, O SEA 1/3, Y UNA EMPRESA PRIVADA. NADA QUE VER EN CUANTO ANALOGÍA DEL DERECHO APLICABLE. UN DISPARATE LA COMPARACIÓN.

Jorge 11 de Febrero de 2017 a las 10:03 am

Interesante y muy bien explicado el diferendo ¡

Ndaharley 11 de Febrero de 2017 a las 10:35 am

Chequeado, falta el punto donde el estado (Ministro aguad) acepta la propuesta en la misma reunion que rechaza la anterior, sin que sea verificada por ninguna persona o equipo competente. La fiscal tambien hace referencia a a ese punto acusando al estado y al grupo macri de haber pactado previamente a la audiencia solucitada por el estado.
Esto es otra estafa a los argentinos por parte de un grupo de delincuentes.

Donato 4 de Octubre de 2018 a las 12:58 pm

Falso. Es un invento suyo.

Omar 11 de Febrero de 2017 a las 2:04 pm

porque bonadio que quiere preso al gob anterior por dolar futuro que beneficio con dolar futuro claramente al gob de turo (que decidieron cuanto millones iban a ganar) no le inicia una causa a macri quien, no solo por panama entre tantas otras se beneficia siendo el gobierno? me da por las… que yo , teniendo un plan de pagos de afip , tenga que pagar mucho de intereses y obligado para seguir laburando y ellos pueden hacer lo que quieran!!!!!

ale 19 de Febrero de 2017 a las 8:26 pm

Porque el jue de la causa Panama papers es Cassanello y el fiscal Federico Delgado, asi que nada puede hacer Bonadio en ese caso

Jorge Antonio Hilbert 11 de Febrero de 2017 a las 2:50 pm

Si le aplicamos 7 % de interes a la deuda original sin pagar un solo centavo al final del periodo de 15 años la deuda se incrementa a 12.119 pesos no se como llegan a una cifra de 70.000 efvidente mente deben estar indexando por una inflación teórica.

Sol Minoldo 20 de Febrero de 2017 a las 11:37 am

No, los 70 mil surgen de actualizar la deuda actual a 4 mil millones y aplicar el plan de pagos que propone la empresa. Así, con el interés que se pagaría en el plazo de devolución, al momento del pago habrían abonado 70 mil millones.

carlos 20 de Febrero de 2017 a las 4:15 pm

Pq los 256 millones de deuda original son en dolares-pesos en ese entonces. Ya es 256 x 16.. Y después aplican interés del 7

Tom 21 de Febrero de 2017 a las 3:05 pm

Si hacés el devengamiento anual te da 1145 M, si lo hacés mensual, como un plazo fijo cualunque te da mucho más.

maxi 12 de Febrero de 2017 a las 2:48 pm

O sea que en 2028 va a estar pago solo el 18 por ciento de la deuda sin intereses? Con razón hay mas inflación que con la cretina, a este ritmo para esa fecha el 82 % y los intereses no van a alcanzar ni para comprarse un auto usado

Ezequiel 13 de Febrero de 2017 a las 1:49 am

Podrían ustedes aclararnos que dice la ley y la jurisprudencia aplicada para casos de concurso (aunque es evidente que debe haber pocos casos similares de 14 años sin acuerdos). Aquí no está solo en Estado perjudicado sino otras empresas privadas…

Aleardo Laría 13 de Febrero de 2017 a las 1:09 pm

El punto 6 del informe es incorrecto. La fiscal no hace esos números ni toma el valor en dólares de la deuda. Simplemente lleva a valores actuales los importes de los pagos propuestos tomando la taa de interés del BNA en 2001 y considera que la “nueva” oferta de la empresa es aún más baja que la oferta que rechazó el Estado en 2003.

Sol Minoldo 20 de Febrero de 2017 a las 11:38 am

Exacto

eva peciña gasco 13 de Febrero de 2017 a las 5:37 pm

¿Quiénes eran los representantes del Estado en el punto 3) que aceptaron la propuesta de pago?

Ignacio 6 de Mayo de 2018 a las 1:20 am

el Estado no aceptó la propuesta de pago ¿¿??

Gustavo Bustos 14 de Febrero de 2017 a las 11:09 pm

O sea, le perdonó o no la deuda?

Sol Minoldo 20 de Febrero de 2017 a las 11:39 am

El estado aceptó un plan de pago que equivale a que se abone el 2% del valor real de la deuda (si se actualiza el valor de pesos de 2001 a pesos actuales). Pero ese acuerdo no fue aprobado por la justicia todavia

Dario Fernando Picco 21 de Julio de 2018 a las 8:42 pm

A ver no mezclen el que le rechazo la oferta fue el gobierno de 2003

Jusein 15 de Febrero de 2017 a las 2:17 pm

Seria bueno hacer otra nota (sino seria muy larga incluir todo aqui) sobre la legalidad o no de indexar una deuda en pesos, y las postruras a favor y en contra de la vigencia de intereses cuando se entra en concurso (si se aplican o no intereses a la deuda, cuando el acreedor pide el concurso). Lei la.nota buscando mas informacion, y me encontre con algo q ya todos saben. Esta nota no me.aporta nada para profundizar la noticia.

Jusein 15 de Febrero de 2017 a las 2:20 pm

Se supone q el concurso de acreedores suspende los intereses para permitir a las partes negociar. Si la negociación falla, calculo q se pide la quiebra, y el pago con intereses de la deuda hasta donde se puedan cobrar. Tb habria q ver si la insolvencia de la empresa es por un vaciamiento intencional. Al año siguiente de ser restatizada, la empresa daba ganancias. Si es asi, hubo vaciamiento. Le ley esta para proteger al deudor caído en desgracia, no para permitir eludir las deudas.

hernan 22 de Febrero de 2017 a las 8:56 am

Estuve buscando si este dato. Porque si el cambio de un año “privado” a uno “estatal” es demasiado grande, es clara la maniobra de vaciamiento y esto cambia totalmente el marco para el concurso de quiebra, y pasa a ser una estafa.

Dario Fernando Picco 21 de Julio de 2018 a las 8:46 pm

No porque los pasos se hicieron como corresponde, se llamo a junta de acreedores y se declaró quiebra y se acepto el valor de la deuda y se pagó el Canon correspondiente esperando que acepten las formas de pago, o sea que si todas las partes aceptaron, los intereses y demás no se actualizan por ley por eso es el pago del Canon

Jusein 15 de Febrero de 2017 a las 2:26 pm

Tb seria bueno saber q sucede con la indexacion de deudas en pesos. Claramente se perjudica al acreedor, si la deuda se devalua x la inflacion. Se termina pagando menos de lo q se debe. Eso es inconstitucional, viola el.derecho de propiedad del acreedor a recobrar su propiedad prestada. Parece q la justicia civil,.q ejerce impiadosamente el derecho a.cobrar deudas cuando el.deudor es un pobre, no es tan implacable cuando el deudor es un rico. Segun este criterio de no indexar, yo podria no pagar el ABL hoy, y pagarlo dentro de 10 años al precio actual

Osvaldo Franceschi 16 de Febrero de 2017 a las 12:02 pm

Franco Macri debe 296 millones de pesos/dolares, que pague 296 millones de dólares , o su equivalente en pesos al cambio del día y no en 17años, sino en un año, si es en más que pague intereses. En cuanto a los que defienden los intereses del Estado, son tan laxos, porque a fin de mes cobran igual.

Raul 16 de Febrero de 2017 a las 11:13 pm

Cuando arreglas una quiebra se termina pagando dos pesos sin interés y en cómodas cuotas.! Siempre es así.! Ahora el tema es político por que Macri es presidente .! Si no hubiese un apellido en juego el arreglo seria lo más normal .! Esto es así.!

Tom 21 de Febrero de 2017 a las 3:09 pm

Bueno, es hora de cambiarlo

Leo 20 de Febrero de 2017 a las 2:09 am

No se entiende de dónde salen los 70.000 M; como una crítica a chequeado, no en defensa del gobierno.

Ya sea bueno o no el cálculo, es lo que más detallado tenía que estar.

Juan 22 de Febrero de 2017 a las 2:26 pm

Por ley se puede o no indexar una deuda? Pq ahi esta el quid de la cuestion. Si es licito para el grupo Macri pagar los 300 millones de pesos no se puede hacer nada. Igual si tenes 2 dedos de frente te das cuenta de que es una maniobra tipica para estafar al estado (aunque sea por via legal). Me gustaria que si la ley NO permite la indexacion de la deuda cambie AHORA MISMO, pq le venimos pagando deuda a los mismos carroñeros delincuentes desde hace 40 años.

JorgeLMB 25 de Febrero de 2017 a las 4:33 pm

No creo que exista acuerdo de acreedores de un concurso que haya homologado la justicia donde no se incluyan intereses. Si no se llega a esa acuerdo o no se cumple con el que se hubiera aceptado se decreta la quiebra y se suba.stan los bienes y, en su caso, se acciona contra los directores, garantes y contra los controlantes.
Una pregunta: Que pasó con el 67% de los otros aceedores?. Cual el era el total de la deuda impaga?. Llegaron a algun arreglo por afuera del concurso?

Rafael 16 de Octubre de 2018 a las 9:18 pm

Cuando se salió de la convertibilidad, en 2002, todas las empresas de servicios debían haber quebrado; luz, agua, gas, colectivos, subtes, trenes, etc., pero no quebraron porque comenzaron con los subsidios; es evidente que al correo no le llegó ningún subsidio y decidieron quitárselo directamente al concesionario y luego no acordar ningún arreglo de manera de tenerlo agarrado al empresario y destruirlo; los k buscaron arrasar y quedarse con todos los negocios del país, sobre todo la obra vial y las grandes construcciones; hoy los mismos que generaron el problema, que se robaron cientos de miles de millones de dólares, crean el escándalo contra el viejo empresario. El concurso de acreedores presentado es normal en la mayoría de las empresas, para poder seguir operando. Con el gobierno de la Alianza, los dos años, comenzó el desastre; el freno a la economía y la vuelta atrás que posibilitó el estallido de 2001.

Edgardo Jauge 31 de Enero de 2019 a las 9:17 am

El cálculo de los 70 mil millones es algo a todas luces faláz. La ley de convertibilidad establece que el valor es $1 equivalente a u$s 1 y que las transacciones se hallan sujetas a tipo de moneda en que se realizaron. Lamentablemente el correo siempre cobró, tanto al Estado Argentino y a sus clientes particulares, en moneda nacional por lo que no es posible dolarizar esa deuda sin cometer delito. El segundo error lo cometió el Estado Argentino al rescindir el contrato de manera unilateral en el año 2003 ya que con eso provocó la quiebra de la empresa y su convocatoria de acreedores y la ley es clara y taxativa en ese aspecto ya que al ser parte activa de los causales de quiebra no puede ser demandante y mucho menos juez de la misma. Esto nos deja como enseñanza que debemos aprender de nuestros errores y evitar que los intereses personales de nuestros gobernantes quiten posibilidades de acción al Estado.

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