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Demanda de Ciudad a Nación: qué datos presentarán Larreta y Fernández

Casa Rosada

16 Septiembre, 2020 14:54 pm | Tiempo de lectura: 4 minutos
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Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

  • El presidente Alberto Fernández (Frente de Todos) le quitó un punto de la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires para asistir financieramente a Axel Kicillof (Frente de Todos).
  • El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), anunció que reclamará ante la Corte Suprema los fondos que le cedió el ex presidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio).
  • La diferencia principal radica en que la Ciudad calcula lo que recibió de coparticipación sobre el total de dinero que destinó a la Seguridad pública, mientras que la Nación lo hace exclusivamente sobre el personal transferido. Sobre estos argumentos deberá decidir el máximo tribunal.

En una entrevista con el diario La Nación, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, fue consultado por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que quitó un punto de la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aumentarle el sueldo a los efectivos de la Provincia de Buenos Aires, que la semana última llevaron su protesta a los alrededores de la Quinta de Olivos.

“El Gobierno de Juntos por el Cambio le dio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de forma discrecional un monto de coparticipación mayor del que era requerido para financiar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad”, señaló el ministro en referencia al decreto de 2016 por el cual el ex presidente Macri terminó aumentando 2,1 puntos de coparticipación al Estado porteño.

Dado que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya anunció que reclamará los fondos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (es decir, se iniciará una causa judicial), en esta nota se cuenta que argumentos hay en juego de ambas administraciones y sobre los que deberá decidir el máximo tribunal del país.

¿Cómo se originó el conflicto actual entre Nación y Ciudad?

Hasta enero de 2016, la Ciudad de Buenos Aires recibía un monto de la coparticipación federal que era equivalente al 1,4% de la masa total de impuestos recaudados por el Estado nacional. Pero ese mes el ex presidente Macri dictó un decreto a través del cual incrementó ese coeficiente a 3,75%. Ese incremento, según señaló en ese momento Horacio Rodríguez Larreta, estaba vinculado al traspaso de una parte de los agentes de la Policía Federal Argentina a la órbita porteña para que la Ciudad se hiciera cargo de la seguridad en el distrito.

El coeficiente fue corregido por el propio Macri en 2018, luego de la firma del Pacto Fiscal, y se mantuvo hasta la última semana en un 3,5%.

En medio de un conflicto entre la Provincia de Buenos Aires y efectivos de la Policía Bonaerense, que reclamaban mejoras salariales, el presidente de la Nación, Alberto Fernández (Frente de Todos), dictó otro decreto para retrotraer ese coeficiente a 2,32% y poder asistir financieramente a la gestión que gobierna Axel Kicillof (Frente de Todos).

Estableció, además, que una vez que el Senado aprobara la transferencia total de las funciones de Seguridad a la Ciudad, el coeficiente volvería nuevamente a 1,4%, como hasta 2015.

El Gobierno nacional aduce que la administración porteña estaba avisada de que este cambio ocurriría, mientras que la gestión de la Ciudad señala que la última reunión por este tema había ocurrido en marzo último y que no habían llegado a un acuerdo con las autoridades nacionales.

¿Qué plantea la Ciudad?

El jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, rechazó la medida tomada por el Gobierno nacional y anunció que reclamará los fondos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que tiene competencia originaria en los conflictos entre estados.

Chequeado accedió a los documentos (ver acá, acá, acá y acá) que reportó el Gobierno porteño ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI), un organismo compuesto por un representante de la Nación y uno de cada provincia. Estos documentos muestran que desde que se hizo la transferencia de facultades y el aumento del coeficiente en 2016, la Ciudad gastó cada año en Seguridad pública (no sólo en la Policía sino en todos los conceptos que incluye el área de seguridad pública) más que lo que Nación le aumentó de transferencia.

Es decir que, según sostiene la Ciudad, el distrito financió parte de la seguridad con recursos propios y no sólo con recursos de origen nacional. La documentación sostiene que en 2016 la Ciudad recibió $17.385 millones en concepto de lo que la Nación le aumentó en la coparticipación (los 2,35 que resultan de la diferencia entre el 1,4% inicial y el 3,75 final) y gastó en Seguridad $21.555 millones.

La tendencia continuó en los años siguientes: en 2017 recibió por ese 2,35% un monto de $23.721 millones y gastó $28.696 en Seguridad; en 2018 recibió $34.354 millones y gastó en Seguridad $35.248 millones; y en 2019 recibió $50.707 y gastó $51.055.

¿Qué argumenta la Nación?

El Ministerio del Interior de la Nación elaboró un informe, al que accedió Chequeado, que calcula que en el período 2016-2019 la Nación se excedió en la transferencia de recursos a la Ciudad para solventar el traspaso. Y le pone un número a ese supuesto exceso: $86.269 millones acumulados en los 4 años.

“El modo en que se financió la transferencia de servicios con un incremento en el coeficiente de coparticipación de la CABA la benefició ampliamente porque excedió los mayores gastos ocasionados”, dice. El informe sostiene que para atender los mayores gastos por la Seguridad alcanzaba con una ampliación de 0,92, para llegar a un coeficiente de 2,32%.

“Adicionalmente -agrega el documento- debe consignarse que el mecanismo utilizado para el financiamiento no ha sido el más apropiado debido a la diferente evolución entre los gastos netos en consideración y la dinámica de la masa coparticipable. Es por ello que el coeficiente de coparticipación necesario para cubrir el gasto neto fue calculado en 2019 en el 0,58%”. Por eso, la cartera que dirige Eduardo “Wado” De Pedro propone como una de las alternativas que el coeficiente resultante sea de 1,98% (el 1,4% histórico más el 0,58% al cual equivaldrían las transferencias de 2019).

La metodología que utiliza el Ministerio del Interior es la siguiente: 2016 fue un año de transición y la Nación continuó pagando los haberes, la comida y el recargo de servicio del personal transferido. Ese gasto efectuado por Nación ascendió a $8.047 millones durante ese año. Como a su vez el Gobierno nacional dejó de percibir recursos por “venta de bienes y servicios” del personal (por ejemplo, los llamados adicionales de los efectivos), el gasto neto de la transferencia para 2016 se calculó en $6.826 millones.

El Ministerio hace un cálculo de cuánto significó ese monto para los años siguientes, cuando la erogación ya estaba en manos de la Ciudad. Ese cálculo lo hace con la actualización de un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario de la policía (“por la importancia que tiene el componente salarial en los gastos de seguridad transferidos”, sostiene) y en un 20% por el índice de precios al consumidor de la Ciudad.

De esta manera, el Ministerio estima que en 2016 se transfirieron $10.560 millones más de lo que significó el gasto neto de la transferencia; en 2017 fueron $15.260 millones de más; en 2018 fueron $23.823 millones de más; y en 2019 fueron $36.617 millones. De esta manera, se llega a los $86.260 millones extra.

¿Cuál es la diferencia principal entre la Nación y la Ciudad?

La diferencia principal radica en que la Ciudad calcula lo que recibió de coparticipación sobre el total de dinero que destinó a la Seguridad pública, mientras que la Nación calcula exclusivamente sobre el personal transferido de Nación a Ciudad, que según los informes, son alrededor de 19 mil agentes.

Sobre esto deberá decidir la Corte Suprema cuando la Ciudad presente su demanda en el máximo tribunal, que tiene competencia originaria en los conflictos entre estados.

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