Diputados aprobó la Ley Bases: ¿qué dice sobre reforma laboral, facultades delegadas y privatizaciones?

La Cámara de Diputados de la Nación sancionó la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. La iniciativa fue aprobada por el Senado hace 2 semanas, pero con modificaciones, lo que derivó en la vuelta del proyecto a la Cámara baja.

En esta nota, te contamos cómo salió la votación, cuál fue la posición de cada bloque y cuáles son las claves de esta ley tras las modificaciones que introdujo el Senado.

¿Cómo votó cada bloque la Ley Bases?

La Cámara de Diputados aceptó las modificaciones introducidas por el Senado con 147 votos a favor y 107 en contra, y 2 abstenciones. 

Votaron a favor los 38 diputados de La Libertad Avanza, los 37 del PRO, 34 diputados de la Unión Cívica Radical y 38 representantes de partidos provinciales o federales.

Por su parte, votaron en contra 99 diputados de Unión por la Patria, los 5 representantes del Frente de Izquierda (FIT) y los 2 socialistas de Hacemos y la cordobesa Natalia de La Sota, que pertenece a esta misma bancada. Mientras que Mónica Frade (CC) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) se abstuvieron.

Facultades delegadas al Poder Ejecutivo: sólo en 4 materias y por el plazo de un año

La propuesta original del Gobierno nacional declaraba la emergencia y le otorgaba al Ejecutivo facultades delegadas en 11 materias: económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. La delegación tenía un plazo de 2 años, prorrogable por otros 2 años a discreción del Ejecutivo. 

En el proyecto que aprobó Diputados, de esas 11 materias sólo quedaron 4: administrativa, económica, financiera y energética. Y por un plazo de 1 año.

Durante el período que dure la delegación en materias determinadas o por emergencia pública, el Presidente, con su firma y la del Jefe de Gabinete, puede ejercer funciones legislativas a través de decretos, siempre y cuando se cumpla con lo establecido por el Congreso en la ley de delegación, lo que se conoce como “las bases de delegación”.

Se aprobó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)

El RIGI establece “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” para “titulares de un único proyecto” de inversiones que superen los US$ 200 millones. El plazo de adhesión son 2 años a partir de que se sancione la Ley Bases, y el Poder Ejecutivo podrá prorrogarlo por un período de hasta un año.

Como se explicó en esta nota, el régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer grandes inversiones. Entre los beneficios salientes para los proyectos que adhieran al régimen normativo, se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones.

El RIGI ya no podrá ser aplicado a cualquier sector, como establecía el texto original, sino que quedó acotado a las siguientes áreas: forestoindustria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas.

Las 6 empresas del Estado que pueden ser privatizadas

El proyecto original contenía un listado de 41 empresas del Estado  que quedarían sujetas a privatización. En la segunda versión presentada por el Gobierno nacional, el número de empresas fue reducido a 11 (se quitó de la lista, entre otras, a YPF y el Banco Nación). Cuando el texto llegó al Senado, quedaban sólo 9. 

Y, tras las modificaciones de la Cámara alta, fueron retiradas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina y el listado se achicó a 6 compañías del Estado , que quedarán sujetas a privatización: AySA SA, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Corredores Viales, Enarsa e Intercargo.

Reforma laboral: fondo de cese laboral y período de prueba a 6 meses 

La Ley Bases establece que se modifica el período de prueba, que actualmente es de 3 meses. El plazo se eleva a 6 meses para las empresas con más de 100 empleados. En cambio, pasa a 8 para compañías de entre 6 y 100 trabajadores y se eleva a 1 año para las firmas de hasta 5 empleados.

Además, se crea un fondo de cese laboral, opcional, para solventar las indemnizaciones, al que los sindicatos deben adherir a través de sus convenios colectivos de trabajo. Y establece que mediante convenio colectivo de trabajo se podrá sustituir el régimen indemnizatorio por un fondo de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador.

En el Senado, además, se agregó un artículo que “configura grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”. Este artículo había sido incorporado en la versión de Diputados, pero se eliminó durante la sesión del 29 de abril. El Senado lo reflotó.

Esta reforma laboral también incluye una protección contra el despido por discriminación y habilita la posibilidad de que un trabajador independiente pueda contar con hasta otros “colaboradores”, sin generar una relación de dependencia, para llevar adelante un emprendimiento productivo. Para estos casos, se crea un régimen especial unificado.