El abecé de las sesiones extraordinarias

A través del decreto 1857/2010, publicado en el Boletín Oficial el último viernes, el Gobierno Nacional convocó al Congreso a sesiones extraordinarias. Aquí, algunos datos para comprender mejor de qué se trata el anuncio, que extiende el período parlamentario hasta el 30 de diciembre.

¿Qué son las sesiones extraordinarias?
Por ley, el Congreso nacional debe sesionar entre el 1° de marzo y el 30 de noviembre de cada año. Sin embargo, la Constitución -precisamente, el artículo 63 y 99 Inciso 9– permite al Poder Ejecutivo convocar a ambas cámaras a sesiones extraordinarias en cualquier momento del año, o prorrogar la extensión de las sesiones ordinarias en cada cámara.

En el primer caso, es el presidente quien determina los temas a tratar, mientras que en el segundo, el Congreso tiene libre iniciativa.

Por eso, luego de conocerse los dos puntos a tratar en la sesión prevista para la semana próxima, varios senadores de la oposición criticaron la decisión del oficialismo de convocar a sesiones extraordinarias sin incluir en el temario el debate sobre el Presupuesto 2011. Al mismo tiempo, acusaron al Gobierno de no querer aprobar la “ley de leyes”, porque eso le permitiría al oficialismo manejar los recursos financieros del año próximo con total discrecionalidad. Se recuerda que la sesión para votar el Presupuesto terminó en medio de un escándalo por denuncias de corrupción –luego desestimadas- la madrugada del 11 de noviembre último.

¿Por qué el Gobierno decidió convocar a sesiones extraordinarias?
Según puede leerse en el decreto 1857, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, llamaron a los senadores a extender las sesiones en la Cámara alta para tratar un temario limitado de proyectos, que incluye dos asuntos:

• El nombramiento y promoción de funcionarios de Cancillería, el ascenso del “personal superior” de las Fuerzas Armadas y la designación de funcionarios del Poder Judicial.

• El tratamiento del proyecto de ley que prorroga hasta fines de 2011 el impuesto adicional sobre el precio final de los cigarrillos, establecido por la Ley 24.625 y sus modificaciones posteriores.

Si bien la fecha estipulada por la Presidenta en el decreto habla de sesiones extraordinarias “desde el 14 hasta el 30 de diciembre”, los medios, tanto opositores como oficialistas, difundieron que la sesión se intentará convocar el miércoles 15, ya que la cámara acostumbra a sesionar los días miércoles y jueves.

Si el Ejecutivo puede convocar a ambas cámaras, ¿por qué se convocó sólo al Senado?
Los legisladores que forman parte de las cámaras de Diputados y de Senadores tienen funciones comunes, pero también exclusivas. Dentro de las atribuciones particulares del Senado, se encuentran:

• “Prestar acuerdo para la designación de jueces, embajadores y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas”.

• “Ser cámara de origen para en la ley-convenio de Coparticipación impositiva [es decir, en impuestos que se coparticipan a las provincias] y en todas las leyes que tienden a superar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.

Como los dos puntos mencionados en el decreto les corresponden discutir a los senadores, no se convocó a Diputados.

¿Cuáles son los principales puntos de conflicto en los temas a tratar?
La prórroga del impuesto a los cigarrillos parece ser el tema que más resistencia genera entre senadores oficialistas y opositores. Este proyecto cuenta con media sanción de la Cámara baja, pero aún no obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto del Senado, que no pudo discutirlo por falta de quórum. Por eso se prevé que será tratado la semana próxima en la reunión de comisión en busca de un dictamen de mayoría.

El objetivo del jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, será que se logre la prórroga del impuesto del 21% sobre el precio final de cigarrillos y no se considere la iniciativa de retrotraer la tasa al 7%, como estipula la ley sancionada en 1995, planteada por senadores de provincias tabacaleras.

Sobre la designación de funcionarios judiciales, la oposición se opone al nombramiento de Graciela Craig y Diana Cabral, dos camaristas laborales consideradas cercanas al diputado del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Recalde, y al secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, respectivamente. En cambio, el nombramiento de funcionarios de la Cancillería ya estaría acordado. La clave parece haber sido un acuerdo entre el FPV y la UCR, basado en la inclusión de embajadores de origen radical en la lista de los diplomáticos.

Por último, el ascenso de 322 oficiales de las Fuerzas Armadas propuestos por el Gobierno, parece contar con la aprobación de todos los bloques en el Senado, salvo cuatro oficiales, que fueron objetados debido a observaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).