El estado de la Libertad de Expresión en América

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene el mandato de elaborar un informe anual donde repase lo hecho, analice el estado de situación en la región y formule recomendaciones para los Estados miembro.

A continuación, las principales conclusiones y las propuestas para los gobiernos americanos del documento 2014, firmado por el relator, el abogado y periodista uruguayo Edison Lanza:

– “Al menos 25 personas, la mayor parte de ellas periodistas, habrían sido asesinadas en la región”, por motivos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión, a lo que se suman otros “actos de violencia, agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores y medios”. Pese a algunos avances, “la mayoría de estos delitos permanece en situación de preocupante impunidad”.

– Frente a la existencia de detenciones, amenazas y agresiones vinculadas con manifestaciones, la Relatoría considera necesario “que los Estados diseñen marcos regulatorios que respeten el ejercicio de la protesta social”.

– “En algunos Estados miembros se registraron denuncias penales presentadas por funcionarios estatales por la publicación de opiniones o informaciones relacionadas con cuestiones de interés público”.

Al respecto, considera que la protección de la privacidad o el honor y la reputación “de funcionarios públicos o de personas que voluntariamente se han interesado en asuntos de interés público, debe estar garantizada solo a través del derecho civil”. En la Argentina, en cumplimiento del fallo “Kimel” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno impulsó en 2009 una reforma del Código Penal de la Nación que eliminó la posibilidad de aplicar sanciones penales en casos de “interés público”.

La reforma “condujo a que disminuyeran los casos iniciados por funcionarios o figuras públicas”, recordó a Chequeado Eduardo Bertoni, ex relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, aunque agregó que “el litigio no desapareció totalmente”.

– Se recibieron denuncias sobre “asignación de publicidad oficial con el objetivo de castigar o premiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”. Por lo cual, considera la Relatoría, “resulta necesario que los Estados miembros cuenten con marcos normativos que establezcan criterios claros, transparentes, objetivos y no discriminatorios para la determinación de la distribución de la publicidad oficial”. Critica además la utilización de otros mecanismos para presionar a los medios.

En la Argentina no existe una ley nacional sobre publicidad oficial. Y los datos sobre distribución de la pauta oficial y fallos judiciales indican la existencia de discrecionalidad en los criterios utilizados por el actual Gobierno nacional. “La tarea es ajustar los marcos institucionales a dos propósitos fundamentales: prevenir la posibilidad de que las facultades estatales sean utilizadas para premiar o castigar a los medios según su línea editorial y, de otra parte, fomentar el pluralismo y la diversidad en el debate público”, destaca la Relatoría.

– En respuesta a la necesidad de prevenir el delito y proteger derechos, varios gobiernos han aprobado leyes para regular Internet. Muchas, advierte el informe, “restringen de manera indebida la libertad de expresión”.

Destaca además “la promoción de regulación en el hemisferio para garantizar que no haya discriminación, restricción, bloqueo o interferencia en la transmisión del tráfico de Internet, en aplicación del principio de neutralidad de la red”.

– La Relatoría mostró “preocupación por la existencia de programas y prácticas de seguridad que puedan generar un perjuicio serio a los derechos universales a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión”. Para eso, pidió revisar la legislación para establecer límites a la vigilancia de comunicaciones privadas, y que los Estados establezcan mecanismos de control independientes para evitar un uso arbitrario.

– En el período, algunos Estados incorporaron “los estándares del sistema interamericano sobre acceso a la información”, aunque en varios “persisten las dificultades en cuanto a la regulación de las excepciones para el ejercicio de este derecho y a la implementación de algunas leyes”. Nuestro país todavía no cuenta con una ley nacional que garantice el acceso a la información pública en los tres poderes del Estado, más allá del Decreto 1172/03 -que rige en el Poder Ejecutivo Nacional- y normas provinciales y locales.

– “En algunos países de la región subsiste un problema de concentración de medios públicos o privados”. En línea con esta cuestión, la Relatoría consideró positiva la aprobación de marcos regulatorios en materia de radiodifusión “que representaron avances en algunos países de la región en relación con la situación prexistente, aunque también identificó disposiciones que podrían resultar incompatibles con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

Se deben asegurar “criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital”, agregó.