El Gobierno porteño gastó casi US$ 48 millones en cámaras y sistemas de vigilancia

Entre 2024 y 2025, el Gobierno porteño a cargo de Jorge Macri (PRO) amplió y renovó su infraestructura de videovigilancia -cámaras fijas y móviles, sistemas aerostáticos (aeronaves más ligeras que el aire) y dispositivos en patrulleros- por un monto cercano a los US$ 48 millones. Sin embargo, no hay información pública sobre dónde están, y el Gobierno rechazó pedidos de acceso a la información invocando razones de seguridad pública. 

Los datos surgen de un informe de la ONG Amnistía Internacional sobre el crecimiento en el uso de tecnologías de vigilancia en el país, en el que también se indica que el Gobierno nacional de Javier Milei (La Libertad Avanza) adquirió tecnologías de seguimiento de las redes sociales, de reconocimiento facial y de vigilancia aérea por al menos US$ 1,2 millones. 

El Gobierno gastó al menos US$ 1,2 millones en tecnología de vigilancia: qué compró y qué normas lo habilitaron

Según Amnistía, las infraestructuras de ambas jurisdicciones se complementan y refuerzan entre sí: “El Gobierno nacional contrató tecnología orientada al abordaje de delitos federales a escala nacional, mientras que el GCBA adquirió herramientas que habilitan una mayor cobertura espacial en tareas de vigilancia dentro de la Ciudad”. 

Qué compró el Gobierno de la Ciudad

Amnistía Internacional realizó un análisis de los procesos de compra en el portal BA Compras, específicamente del Ministerio de Seguridad porteño, durante 2024 y 2025. En este listado no se incluye la información sobre adquisiciones que no son de acceso público debido a cláusulas de confidencialidad. 

En 2025 fueron 850 puntos de captura, por un total de 3.400 cámaras. Pero la ONG advirtió: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene publicada información relativa a la ubicación específica de las Cámaras del Sistema de Videovigilancia, algo que es de suma importancia a la hora de analizar el respeto de la privacidad de las personas que buscan manifestarse, así como su derecho a la protesta pacífica”. 

Además, al igual que Nación, la Ciudad adquirió servicios de la empresa estadounidense Clearview AI (US$ 828 mil) y de Nosis (US$ 93,8 mil), una empresa argentina que recopila, procesa y comercializa información crediticia, comercial y patrimonial sobre personas y empresas.

Según la infomación publicada en su sitio web, Clearview AI cuenta con una plataforma impulsada por tecnología de reconocimiento facial que “incluye la mayor base de datos conocida, con más de 70 mil millones de imágenes faciales procedentes de fuentes web de acceso público, como medios de comunicación, sitios web de fichas policiales, redes sociales públicas y otras fuentes abiertas”. 

La empresa fue cuestionada en países como Francia, Austria y Grecia, donde fue multada e incluso prohibida por la explotación masiva de datos personales de la que dependen sus operaciones.

Amnistía Internacional consultó en un pedido de acceso a la información al Gobierno de la Ciudad acerca del contexto de la implementación de Clearview AI. El Gobierno porteño respondió: “Clearview, herramienta tecnológica vinculada al reconocimiento facial, no se encuentra actualmente en uso por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni por la Policía de la Ciudad, en virtud de las disposiciones judiciales vigentes que ordenaron la suspensión de la utilización de sistemas de reconocimiento facial”. 

Diego Morales, director del Área de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó a Chequeado que “ni Nación ni Ciudad pueden hacer reconocimiento facial. Si hubiese una investigación judicial, pueden pedirle a la Policía Federal que reconozca con algunos programas a personas pero como parte de una investigación”.

Y aclaró: “Hay argumentos formales y de la práctica. Esto último, tiene que ver con que no pueden ir registrando una manifestación para después armar una base, o algo parecido. Eso está prohibido. Si hubiese algo así tiene que salir del Congreso. Y también se exige antes de su implementación o antes de su aprobación que haya estudios de impacto en la privacidad”.

Por qué el reconocimiento facial está suspendido en la Ciudad

Clearview AI no es la primera tecnología de reconocimiento facial que adquieren los gobiernos. Entre 2019 y 2020 funcionó el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), que cruzaba imágenes de cámaras de la vía pública con la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Co.Na.R.C.) y con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), la base biométrica del Registro Nacional de las Personas (Renaper). 

En 2020, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) presentó un amparo que cuestionaba la constitucionalidad y convencionalidad del sistema. Allí, sostuvo que estos programas comparan características biométricas de 2 rostros, que la mayoría presenta sesgos raciales y étnicos, y que la Ciudad nunca hizo una evaluación de impacto en privacidad. 

El CELS se sumó como parte al proceso colectivo y argumentó que el sistema aumentaba de forma innecesaria y desproporcionada el riesgo de arbitrariedades, sin mecanismos de control del flujo de información.

En 2022, la jueza Elena Liberatori, a cargo del Juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, declaró la inconstitucionalidad del SRFP. Los peritajes ordenados por la Justicia confirmaron 2 aspectos que el Gobierno porteño había negado: que el sistema siguió funcionando de manera esporádica durante la pandemia, y que se borró información de forma manual.

En la causa quedaron documentados problemas de fondo, como la mala calidad de los datos del Co.Na.R.C., que derivó en detenciones erróneas, ausencia de información pública sobre el funcionamiento del algoritmo, y software sin auditorías independientes.

Morales explicó a Chequeado: “Sigue suspendido porque el Estado de la Ciudad no informa el tipo de software que utiliza y los datasets, o sea, la parte operativa que usa el programa para realizar el reconocimiento. Esto es muy importante para ver el funcionamiento del software y su posible impacto discriminatorio. Hasta que eso no suceda el sistema está suspendido”.

Y agregó: “El sistema es solo para búsqueda de personas prófugas. No para registrar marchas o personas”.