Filtración de listas de personas que recibieron subsidios: qué puede hacer la Agencia de Acceso a la Información

El jueves último, el diario Página/12 publicó un artículo con el siguiente titulado: “De Carlos Rosenkrantz a [Carlos] Tévez: la lista de políticos, empresarios y deportistas que recibieron subsidios millonarios para pagar la luz. Quiénes integran el polémico listado, con cuánto dinero fueron asistidos y cuál fue su elevado consumo energético”. Antes, el conductor Jorge Rial había difundido el mismo listado en el programa “Argenzuela” por C5N.

La difusión de la nómina -de la que se hicieron eco otros medios de comunicación y que causó revuelo en las redes sociales- abrió interrogantes sobre la protección de los datos personales, la privacidad y qué acciones puede tomar la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Este organismo ya llevó a cabo investigaciones de oficio o de manera espontánea -es decir, sin la denuncia de un tercero- tanto a privados como al Estado, cuando sospechó sobre una posible violación al derecho a la privacidad y/o a la protección de datos: por ejemplo, a Yahoo y a la Policía Federal Argentina. También se destaca una actuación de oficio a WhatsApp, a raíz de la entrada en vigencia de su nueva política de privacidad.

Desde el equipo de Prensa del Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa, negaron, en diálogo con este medio, que esa cartera haya suministrado ese listado a los medios. Consultada sobre el listado difundido por Página/12, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, negó que esa información haya salido de su área y expresó su “repudio” a la divulgación de los nombres.

Tras una consulta de Chequeado sobre el listado de Página/12, desde la AAIP respondieron con un comunicado en el que el organismo indica que se encuentra evaluando “los posibles cursos de acción” ante la filtración de la lista de políticos, empresarios y deportistas que recibieron subsidios para pagar la luz.

Conflicto de derechos

Chequeado contactó a Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE) de la Universidad de Palermo, quien advirtió sobre un posible “conflicto de derechos: por un lado, el derecho a la privacidad de la gente listada y, por otro, el derecho a la libertad de expresión del periodista que la publicó”.

Consultado sobre este tema, en el programa “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?” de Radio Con Vos, Víctor Santamaría, director general del Grupo Octubre -que gestiona el diario Página/12-, defendió la divulgación de la lista y argumentó: “Esto tiene que ver con la libertad de publicar y de prensa que existe en cada uno de los medios, ¿no? Imaginate si… preguntámelo al revés: si hubiéramos prohibido esas listas, ¿qué era? ¿Censura?”.

Entonces, el conductor del programa, el periodista Ernesto Tenembaum, lo interrumpió para señalarle que en los medios periodísticos “hay criterio editorial” y que, si se decide publicar una lista, se debería “publicar la lista completa”. Santamaría respondió: “Nosotros tenemos un criterio editorial en el cual no contradice con lo que salió publicado en los diarios ni en el resto de los medios nuestros” (sic).

Para Del Campo, “esa lista, de ser cierta, se filtró de un organismo prestador de servicios públicos” y se trata de “una parcial, usada con fines políticos”. “Eso para mí es un segundo problema legal donde creo que deberían actuar las autoridades correspondientes”, planteó Del Campo. En este sentido, sostuvo que “la AAIP tiene parte de la Dirección Nacional de Protección de Datos, desde donde se puede generar una investigación o pedir información sobre la posible fuga de datos, es decir si esa lista surgió del organismo estatal o no, si es parte de una base de datos” y analizar medidas para la seguridad de esa información.

Sin embargo, la experta señaló que el enfoque correcto es “desde la privacidad y no tanto desde los datos personales”. “La Ley de Datos Personales regula el uso de bases de datos, el tratamiento de datos personales. Este listado parece ser parte de una base de datos. Este asunto en alguna parte toca a la AAIP pero, en otras, no necesariamente. Corresponde a otras autoridades determinar si algún organismo o empresa pública filtró esa lista y debería hacerse por lo menos una investigación administrativa”.