Gobierno vs. AFA: las 3 claves para entender el conflicto por los aportes jubilatorios

El Gobierno nacional aumentó el porcentaje de aportes que deben realizar los clubes de fútbol para sostener el sistema de jubilaciones del sector, y desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aseguraron que se trata de una maniobra para “ahogar” a las instituciones, en el marco de la pelea por la inclusión de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). 

En este contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró a través de su cuenta oficial de X que la medida buscaba terminar con los privilegios de la “casta” futbolera a costa de los jubilados.

¿Cómo es el régimen previsional de los clubes de fútbol?

El régimen de aportes que el Gobierno busca derogar fue establecido en mayo de 2003 a través del Decreto 1212/2003, firmado por el entonces presidente Eduardo Duhalde (Partido Justicialista).

El decreto estableció que, en lugar de pagar los aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social proporcionales a los salarios de sus empleados (como ocurre en el sistema general, que se descuenta un porcentaje del sueldo bruto), los clubes destinarían un porcentaje de la recaudación por la venta de entradas, las transferencias de jugadores y los derechos de televisación. 

La medida alcanza a jugadores de fútbol, técnicos, médicos y auxiliares que trabajen con los planteles profesionales, además del personal de la AFA. 

El decreto original justificó esta medida al sostener que las instituciones deportivas se encontraban “en una compleja situación económica”, por lo que “es necesario que el Estado, tomando en cuenta la función complementaria que las entidades cumplen en el proceso formativo, preserve e incentive su funcionamiento institucional”.

En 2003 se estableció en 2% el porcentaje de aportes de los clubes, sumado a un 0,5% para saldar deudas previsionales. No obstante, la alícuota aumentó al 6,5% en agosto de 2005; al 6,75% en 2019 y al 7,5% en 2023.

Finalmente, en octubre de 2024 el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) resolvió eliminar el régimen especial al sostener que los fondos recaudados resultan “insuficientes” para sostener al sistema, lo cual provocó “una situación de desfinanciamiento”.

No obstante, abrió un período de gracia de 6 meses, durante el cual un comité especial integrado por representantes del Gobierno y de la AFA debían consensuar un nuevo sistema que permita obtener los recursos necesarios para sostener las jubilaciones del sector sin incurrir en déficit. 

El comité no llegó a un acuerdo y, ante la finalización del régimen (que implicaba que los clubes volvieran al sistema de aportes tradicional), la Justicia ordenó, a pedido de la AFA, una medida cautelar que suspendió la decisión del Gobierno. 

Ante esta situación, el Ministerio de Capital Humano publicó una nueva disposición que elevó el aporte de los clubes al 13,06% de su recaudación y añadió un 5,56% extra durante 12 meses para el pago de deudas previsionales. 

¿Cuál es la postura de cada parte?

Sturzenegger denunció que el régimen previsional especial del fútbol argentino, vigente desde 2003, permitió que los clubes aporten cifras deficitarias al sistema jubilatorio. 

“¿Quién se hacía cargo del déficit? Los jubilados”, señaló al explicar que el régimen que reemplazaba los aportes tradicionales por un porcentaje sobre entradas, transferencias y derechos de televisación no cubría los gastos del sistema. 

Para Sturzenegger, este esquema es “un privilegio injustificado” que generó un déficit creciente y denunció que incluso “la AFA y los clubes le encontraron la trampa a la trampa” al usar figuras como la venta de abonos (que, a diferencia de las entradas, no aportan al sistema) o por extender el beneficio a otras actividades, como la educación.

Desde la AFA, en cambio, sostienen que el régimen especial tiene antecedentes desde 1978 y fue creado para contemplar la especificidad del fútbol profesional. 

Además, señalaron que participaron activamente del Comité convocado por el Gobierno y presentaron una propuesta “basada exclusivamente en los datos aportados por el Estado” que elevaba la alícuota al 8,5% y obligaba a cada club a pagar los aportes de su propia masa salarial. 

Sin embargo, Sturzenegger aseguró que la propuesta era “claramente deficitaria”, e indicó que el Gobierno le pidió a la AFA que garantice los fondos para cubrir el dinero faltante. Sin embargo, la entidad se negó aduciendo que no puede predecir variables como el tipo de cambio o la inflación, que pueden modificar los costos del sistema. “Ninguna de esas variables puede ser garantizada ni por AFA ni por los clubes”, explicaron. 

Finalmente, tras la publicación de la Disposición que elevó la alícuota pagada por los clubes, la AFA denunció que se trata de una medida de presión para “ahogar” económicamente a los clubes “para que permitan incorporar la SAD, que no es otra cosa que permitir el ingresos de capitales golondrinas para hacer negocios”. 

“Lo único que le interesa [al Gobierno] es presionar a los clubes (…) para permitir el ingreso de capitales golondrina”, denunció la AFA. Por su parte, Sturzenegger criticó que, pese a este intento de reforma, “la casta encontró en la justicia un socio útil y eficaz”, tras la cautelar que restableció el régimen previo. 

¿Qué otros conflictos hubo entre la AFA y el Gobierno nacional?

El 13 de agosto de 2024, el Gobierno nacional reglamentó la constitución de las SAD en el deporte argentino y estableció el plazo de un año para que tanto la AFA como las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas modifiquen sus estatutos y adapten sus normas a esta medida. A diferencia de las asociaciones civiles sin fines de lucro, las SAD operan con fines de lucro, es decir buscan beneficios individuales y ganancias. 

Ante esto, la AFA emitió un comunicado de prensa en el que sostiene que el decreto “no tiene virtualidad” a raíz de un fallo judicial que el Estado apeló y que en este momento se encuentra en la Corte.

Este mensaje se suma al que la AFA había publicado en julio de 2024 donde sostenía: “La AFA ni sus entidades miembros se encuentran en oposición a las llamadas SAD y/o a que cada asociación civil (club, sea cual fuere su actividad) pueda decidir libremente la estructura jurídica a adoptar, pero sí rechaza que se quiera obligar a cualquier ente privado (la AFA y cualquier asociación civil, lo son) a asociar a entidades con diferente estructura jurídica a la de sus actuales miembros en clara oposición a sus estatutos conforme así lo establecieron sus socios”.