Javier Milei promocionó una cripto que luego se desplomó: ¿por qué se está hablando de juicio político?

Un posteo del presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) en su cuenta de X provocó un revuelo que despertó críticas en la oposición. El mandatario promocionó la criptomoneda $LIBRA que, tras su recomendación, subió rápidamente y a las pocas horas se desplomó. Desde distintos bloques solicitaron que el mandatario brinde explicaciones y hasta se anunciaron presentaciones de juicio político en el Congreso.

En esta nota, repasamos: ¿qué anunciaron algunos dirigentes de la oposición? ¿Qué es el juicio político? ¿Qué antecedentes existen?

Los posibles pedidos de juicio político

La publicación del presidente dio origen a una ola de reacciones en la oposición. Uno de los primeros en expresarse fue el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista de Santa Fe, que presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explique lo sucedido, y anunció que el lunes presentará un proyecto de juicio político contra el mandatario.

Antes del descargo del presidente, el diputado Leandro Santoro (Unión por la Patria), tuiteó: “Más de 4 horas sin hacer declaraciones! Evidentemente no hay hackeo. Juicio político muchachos”.

El senador Martín Lousteau (Unión Cívica Radical), por su parte, señaló que van a “exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente”.

¿Qué es el juicio político y contra quiénes se hace?

El juicio político es el método de destitución de las máximas autoridades del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación.

¿En qué consiste y cuáles son las causales de juicio político?

El juicio es político y, por eso, su desenlace tiene sólo consecuencias de ese tipo: su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así lo sostiene el artículo 60 de la Constitución: “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. La responsabilidad penal del funcionario, sostiene este artículo, queda a cargo de los tribunales ordinarios.

El artículo 53 de la Constitución establece que este juicio se puede originar por “por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes”. En la web de la Cámara de Diputados, el ex secretario parlamentario Enrique Hidalgo explica que “las causales están establecidas en la Constitución, pero de un modo muy amplio al incluir el ‘mal desempeño’ como causal genérica. Esta causal no es susceptible de regulación legal: el mal desempeño es lo que en cada caso el Congreso resuelve que es”.

¿Quién decide y cómo es el procedimiento?

La Cámara de Diputados es quien ejerce la acusación, con una mayoría de 2 tercios de los presentes, ante el Senado, que con la misma mayoría juzga al acusado por Diputados. Antes de eso, el pedido de juicio político, que puede ser presentado por un funcionario o por un particular, debe ingresar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

En la Comisión se decide qué denuncias son admisibles y cuáles no. Recién cuando se considera admisible la denuncia, esa Comisión inicia un sumario que puede incluir la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado. Concluida la investigación, la Comisión debe emitir un dictamen, con la mitad más uno de los miembros presentes, para que se desestime o se inicie el juicio político en la Cámara de Diputados.

La Comisión tiene 31 miembros. En su composición actual, Unión por la Patria tiene la mayor cantidad integrantes. Ocupa 13 de las 31 bancas. La Libertad Avanza tiene sólo 4 representantes, que llegan a 5 si se cuenta a Oscar Zago (MID). El PRO, por su parte, tiene 5 bancas; la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y Democracia Para Siempre tienen 2 bancas cada uno; y la Coalición Cívica e Innovación Federal, una banca cada uno.

Si los 2 tercios de la Cámara baja aprueban el dictamen, la misma Cámara debe elegir a uno o 2 diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. La Cámara alta, por su parte, decidirá por 2 tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante este proceso, en este caso, Horacio Rosatti.

¿Qué antecedentes existen?

La institución del juicio político no es una herramienta muy utilizada en la Argentina. Si bien existen muchas denuncias realizadas en las últimas décadas, la mayoría queda archivada en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja por falta de mayorías para su impulso.

La Comisión registra poca actividad en los últimos años. En casi todos los casos, se reúne únicamente para la designación de nuevas autoridades. En 2024 sólo se pactaron 2 reuniones, en abril, para la constitución de la comisión, y las 2 fueron suspendidas.

Sí mostró más actividad en 2023, cuando el gobierno del Frente de Todos impulsó el juicio político a los jueces de la Corte. La anterior vez que se había dado tratamiento en profundidad a un expediente fue a mediados de 2015, cuando el kirchnerismo impulsó una investigación para “evaluar la capacidad psicofísica” del ex ministro de la Corte Carlos Fayt, que en ese entonces tenía 97 años. Si bien llegó a tratarse en Comisión (se creó una subcomisión para analizar el caso), el expediente no prosperó y Fayt renunció en diciembre de ese año.

En el último año se presentaron 3 proyectos de juicio político en la Comisión: contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; contra la ex canciller, Diana Mondino; y contra el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti.

¿Cuándo fue la última vez que se destituyó a un funcionario tras un juicio político?

La última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue cuando se inició el cambio de la Corte Suprema en el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, que impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces del máximo tribunal que había conformado Carlos Menem: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. Sin embargo, Nazareno, López y Vázquez renunciaron durante el proceso de enjuiciamiento para evitar la destitución.

Moliné O’Connor fue destituido en diciembre de 2003. La Cámara de Diputados lo había acusado por 9 cargos y el Senado alcanzó la mayoría necesaria de dos tercios de los presentes en 2 de esas 9 acusaciones. No alcanzó esa mayoría, sin embargo, para dictar la inhabilitación para ocupar cargos públicos. El último caso se dio en 2005. En septiembre de ese año, el Senado destituyó a Boggiano. En este caso, se alcanzó la mayoría en 6 de las 14 acusaciones y además se resolvió la inhabilitación por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos.

¿Un tuit del presidente puede considerarse un delito?

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló en su cuenta de X que la maniobra desarrollada a partir del tuit de Milei “implica la violación de varias normas penales, la ley de ética pública (basada en el art. 36 de la Constitución) y demás normas aplicables aplicables a estas situaciones”.

Por su parte, Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, descartó que estemos ante una “acción ilícita del presidente”, más allá de “toda consideración sobre oportunidad política”. Continuó: “En la Argentina cualquier persona puede iniciar una actividad económica sin venia del Estado. Los límites estarán dados por la legislación de orden público y por la legislación de derecho administrativo. Estamos ante la presencia de un bien que se ofrece y no demanda autorización estatal para ser vendido. Ese bien aparentemente ha sido promocionado para ser vendido a un precio exorbitante. Las cosas valen por lo que las personas quieren pagar (teoría subjetiva del valor)”.

Y concluyó: “No existe delito si el activo sigue existiendo y puede operar, aunque te hayan vendido un buzón”.

Por su parte, el abogado Jorge Grispo señaló en Infobae: “Bajo ninguna circunstancia los hechos descriptos constituyen delito alguno. La publicación de un tuit en el que Milei menciona una criptomoneda puede ser políticamente cuestionable por la oposición, buscando un claro rédito político, pero no constituye una infracción penal”.