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En qué consiste el juicio político y qué antecedentes hay

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:
  • El presidente Alberto Fernández presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.
  • Se trata del mecanismo institucional mediante el cual se puede juzgar por mal desempeño y eventualmente destituir al presidente de la Nación, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del Gabinete nacional y los jueces de la Corte.
  • Los ex jueces del máximo tribunal Eduardo Moliné O’Connor, en 2003, y Antonio Boggiano, en 2005, son los últimos funcionarios que fueron destituidos por esta vía.

Última actualización: 04/01/2023

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, sorprendió el 1 de enero de 2023 al publicar en Twitter un saludo de Año Nuevo y, en el mismo texto, anunciar que le presentaría al Congreso un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

Dos días después, anunció en la misma red social que firmó dicho pedido -que también pesa sobre los otros 3 miembros del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz- con el apoyo de 12 gobernadores de los 14 que habían participado de una reunión virtual y presencial con él para analizar el fallo de la Corte sobre la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, al día siguiente del anuncio del Presidente sobre la firma del pedido de juicio político, medios periodísticos informaron (ver acá y acá) que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hizo saber que no firmó dicha solicitud y que su par de Chubut, Mariano Arcioni, estaba en duda. Por la tarde, Fernández se reunió con diputados del oficialismo y formalizó la presentación del pedido.

En su mensaje del 1 de enero, Fernández dijo que el objetivo del planteo contra Rosatti es “que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”. En esta nota te contamos qué es el juicio político, con qué fines se le pide al Congreso que lo realice, sobre qué autoridades se puede hacer y qué antecedentes hay de funcionarios que hayan terminado destituidos tras un juicio político.

¿Qué es el juicio político y contra quiénes se hace?

El juicio político es el método de destitución de las máximas autoridades del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación.

¿En qué consiste y cuáles son las causales de juicio político?

El juicio es político y, por eso, su desenlace tiene sólo consecuencias de ese tipo: su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así lo sostiene el artículo 60 de la Constitución: “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. La responsabilidad penal del funcionario, sostiene este artículo, queda a cargo de los tribunales ordinarios.

Las causales de juicio político, explicó en esta nota Andrés Gil Domínguez, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA), son 3. “El mal desempeño de las funciones, que es una causal subjetiva y, por otro lado, la comisión de delitos en ejercicio del cargo o por fuera de la función pública, que son 2 causales objetivas que requieren una condena previa”, explicó el especialista.

¿Quién decide y cómo es el procedimiento?

La Cámara de Diputados es quien ejerce la acusación, con una mayoría de 2 tercios de los presentes, ante el Senado, que con la misma mayoría juzga al acusado por Diputados. Antes de eso, el pedido de juicio político, que puede ser presentado por un funcionario o por un particular, debe ingresar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

En la Comisión se decide qué denuncias son admisibles y cuáles no. Recién cuando se considera admisible la denuncia, esa Comisión inicia un sumario que puede incluir la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado. Concluida la investigación, la Comisión debe emitir un dictamen, con la mitad más uno de los miembros presentes, para que se desestime o se inicie el juicio político en la Cámara de Diputados.

Actualmente, el Frente de Todos tiene 16 de los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político; Juntos por el Cambio tiene 14, y como representante por el interbloque Federal se encuentra el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez. Pero el avance de ese expediente después requiere mayorías especiales en los recintos. 

Si los 2 tercios de la Cámara baja aprueban el dictamen, la misma Cámara debe elegir a uno o 2 diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. La Cámara alta, por su parte, decidirá por 2 tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante este proceso.

El Frente de Todos no cuenta en la actualidad con los 2 tercios necesarios en ninguna de las 2 cámaras. Ni siquiera llega al quórum (la mitad más uno de los miembros), el número mínimo necesario para iniciar las sesiones.

¿Qué antecedentes existen?

La institución del juicio político no es una herramienta muy utilizada en la Argentina. Si bien existen muchas denuncias realizadas en las últimas décadas, la mayoría queda archivada en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. “Para impulsar un juicio político necesitás una mayoría agravada y un consenso difícil de alcanzar”, señaló Gil Domínguez.

La Comisión registra poca actividad en los últimos años. En casi todos los casos, se reúne únicamente para la designación de nuevas autoridades. Según consta en la web de la Cámara de Diputados, la última vez que la Comisión dio tratamiento en profundidad a un expediente fue a mediados de 2015.

En aquella oportunidad, el Frente para la Victoria impulsó una investigación para “evaluar la capacidad psicofísica” del ex ministro de la Corte Carlos Fayt, que en ese entonces tenía 97 años. Si bien llegó a tratarse en Comisión (se creó una subcomisión para analizar el caso), el expediente no prosperó y Fayt renunció en diciembre de ese año.

Si bien tiene poca actividad, la Comisión -que actualmente preside la diputada Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos)- recibió en los últimos 5 años 49 pedidos de juicio político, según consta en la web de la Cámara baja. En casi la totalidad de los casos, la causal elegida por los denunciantes es la de mal desempeño en el ejercicio de las funciones y algunos de los funcionarios destinatarios de los pedidos son, además de Rosatti, el presidente Fernández; la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; ex ministros del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), como Juan José Aranguren (Energía) y Germán Garavano (Justicia); el ex ministro de Salud de la gestión del Frente de Todos, Ginés González García; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; y el canciller Santiago Cafiero, entre otros.

¿Cuándo fue la última vez que se destituyó a un funcionario tras un juicio político?

La última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue cuando se inició el cambio de la Corte Suprema en el comienzo del gobierno de Kirchner, que impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces del máximo tribunal que había conformado Carlos Menem: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. Sin embargo, Nazareno, López y Vázquez renunciaron durante el proceso de enjuiciamiento para evitar la destitución.

Moliné O’Connor fue destituido en diciembre de 2003. La Cámara de Diputados lo había acusado por 9 cargos y el Senado alcanzó la mayoría necesaria de dos tercios de los presentes en 2 de esas 9 acusaciones. No alcanzó esa mayoría, sin embargo, para dictar la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El último caso se dio en 2005. En septiembre de ese año, el Senado destituyó a Boggiano. En este caso, se alcanzó la mayoría en 6 de las 14 acusaciones y además se resolvió la inhabilitación por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos.

Actualización 02/01/2023: esta nota fue actualizada con la última información disponible.

Actualización 04/01/2023: esta nota fue actualizada con la última información disponible.

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Comentarios

  • Argañaraz17 de agosto de 2021 a las 7:31 pmSi lo hacía cualquier ciudadano marchaba preso o peor, por qué medir al presidente y sus allegados con otra vara?
  • isidoro Trettel Buteler1 de enero de 2023 a las 1:43 pmMUCHAS GRACIAS por l información, fue la única y didáctica que se encuentra en toda la web
  • Ricardo4 de enero de 2023 a las 1:41 pmENTRE CORRUPTOS NO SE VAN A PISAR EL PONCHO PERO A ESTE GOBIERNO HAY QUE HACERLES JUICIO POLÍTICO A TODOS JAJAJA XDXD!!!
  • hector7 de enero de 2023 a las 3:41 amY por que no iniciarle juicio politico a la vice condenadapor corrupcion que aun esta en funciones,no se deberia esperar a que el fallo este firme,creo quue una persona con algo de dignidad ya hubiese dado un paso al costado al menos pedir licencia sin goce de su sueldo,alguien escribio algo muy interesante sobre la dignidad : " La diggnidad suele pagarse muy cara,pero el digno no acepta rebaja " Esta Sra. le falto el respeto al poder judicial pero jamas dijo soy inocente,es que ella luego de un juicio justo contodas las garantias constitucionales,tal ves esperaba la impunidad .Da lastima ver a legisladores de una mediocridad que rayan en la inmoralidad juridica defendiendo a quien fue acusada y en jucio justo fue condenada por corrupcion
  • PE11 de enero de 2023 a las 7:47 amGracias por la Información muy clara. El juicio político está contemplado en la constitución. Resulta increíble que los legisladores del PRO amenacen con no tratar temas que son de interés de la sociedad. Simplemente están chantajeando para defender a la Corte. No les pagamos para que chantajeen , les pagamos para que trabajen. Debemos recordar estas actitudes al momento de votar. Es inconcebible estas formas de proceder mafiosas se los votó para trabajar en diputados no para proteger a quienes están atropellando los otros poderes de la República. Muchas Gracias.

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