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En qué consiste la herramienta del juicio político y qué antecedentes existen

Cámara de Diputados

15 Agosto, 2021 18:38 pm | Tiempo de lectura: 5 minutos
15 Agosto, 2021 18:38 pm
| Tiempo de lectura: 5 minutos

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

  • El presidente Alberto Fernández fue denunciado ante la Comisión de Juicio Político del Congreso luego de que se dieran a conocer las fotos que dan cuenta de reuniones sociales en la Quinta de Olivos durante el confinamiento.
  • Esta Comisión recibió cerca de 250 denuncias en las últimas 2 décadas, pero son muy pocas las que prosperan.
  • Los ex jueces de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano son los últimos funcionarios destituidos por esta vía.

Con la difusión de los listados de ingresos a la Quinta de Olivos y la publicación de fotos de encuentros sociales protagonizados por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la Primera dama, Fabiola Yánez, se originaron fuertes críticas por parte de los líderes opositores. Pero las críticas no sólo se tradujeron en expresiones públicas sino que surgieron además pedidos de juicio político en el Congreso contra el primer mandatario.

De acuerdo con los registros oficiales del Parlamento, el último pedido de juicio político presentado data del 27 de julio último y también está dirigido al Presidente, aunque en este caso la motivación no fueron los encuentros sociales en Olivos y la violación de la cuarentena, sino presuntas irregularidades en las negociaciones por las vacunas.

Sin embargo, aunque aún no figure en la página oficial del Parlamento, diputados del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron hacia el final de la última semana un pedido de juicio político en el que enumeran diversos problemas de gestión vinculados a la pandemia e incluyen el incumplimiento del aislamiento por parte de Fernández y Yáñez a partir de la publicación de las fotos de Olivos. En esta nota, repasamos en qué consiste la herramienta del juicio político y qué antecedentes existen.

¿Qué es el juicio político y contra quiénes se hace?

El juicio político es el método de remoción de las máximas autoridades del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación.

¿En qué consiste y cuáles son las causales de juicio político?

El juicio es político y, por eso, su desenlace tiene sólo consecuencias de ese tipo: su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así lo sostiene el artículo 60 de la Constitución: “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. La responsabilidad penal del funcionario, sostiene este artículo, queda a cargo de los tribunales ordinarios.

Las causales de juicio político, explicó en esta nota Andrés Gil Domínguez, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA), son 3. “El mal desempeño de las funciones, que es una causal subjetiva y, por otro lado, la comisión de delitos en ejercicio del cargo o por fuera de la función pública, que son 2 causales objetivas que requieren una condena previa”, explicó el especialista.

¿Quién decide y cómo es el procedimiento?

La Cámara de Diputados es quien ejerce la acusación, con una mayoría de 2 tercios de los presentes, ante el Senado, que con la misma mayoría juzga al acusado por Diputados. Antes de eso, el pedido de juicio político, que puede ser presentado por un funcionario o por un particular, debe ingresar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

En la Comisión se decide qué denuncias son admisibles y cuáles no. Recién cuando se considera admisible la denuncia, esa Comisión inicia un sumario que puede incluir la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado. Concluida la investigación, la Comisión debe emitir un dictamen, con la mitad más uno de los miembros presentes, para que se desestime o se inicie el juicio político en la Cámara de Diputados.

Si los dos tercios de la Cámara baja aprueban el dictamen, la misma Cámara debe elegir a uno o dos diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. La Cámara alta, por su parte, decidirá por dos tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante este proceso.

¿Qué antecedentes existen?

La institución del juicio político no es una herramienta muy utilizada en la Argentina. Si bien existen muchas denuncias realizadas en las últimas décadas, la mayoría queda archivada en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. “Para impulsar un juicio político necesitás una mayoría agravada y un consenso difícil de alcanzar”, señaló Gil Domínguez.

La Comisión registra poca actividad en los últimos años. En casi todos los casos, se reúne únicamente para la designación de nuevas autoridades. Según consta en la web de la Cámara de Diputados, la última vez que la Comisión dio tratamiento en profundidad a un expediente fue a mediados de 2015.

En aquella oportunidad, el Frente para la Victoria impulsó una investigación para “evaluar la capacidad psicofísica” del ex ministro de la Corte Carlos Fayt, que en ese entonces tenía 97 años. Si bien llegó a tratarse en Comisión (se creó una subcomisión para analizar el caso), el expediente no prosperó y Fayt renunció en diciembre de ese año.

Si bien tiene poca actividad, la Comisión -que actualmente preside la diputada Josefina González (Frente de Todos)- recibió casi 250 denuncias desde 1999. En casi la totalidad de los casos, la causal elegida por los denunciantes es la de mal desempeño en el ejercicio de las funciones.

En lo que va de 2021, se presentaron 6 pedidos de juicio político: 3 contra el Presidente (uno de ellos incluye a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner); uno contra el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero; otro contra el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; y uno contra el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti.

La última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue cuando se inició el cambio de la Corte Suprema en el comienzo del gobierno de Kirchner, que impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces del máximo tribunal que había conformado Carlos Menem: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. Sin embargo, Nazareno, López y Vázquez renunciaron durante el proceso de enjuiciamiento para evitar la destitución.

Moliné O’Connor fue destituido en diciembre de 2003. La Cámara de Diputados lo había acusado por 9 cargos y el Senado alcanzó la mayoría necesaria de dos tercios de los presentes en 2 de esas 9 acusaciones. No alcanzó esa mayoría, sin embargo, para dictar la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El último caso se dio en 2005. En septiembre de ese año, el Senado destituyó a Boggiano. En este caso, se alcanzó la mayoría en 6 de las 14 acusaciones y además se resolvió la inhabilitación por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos.

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