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Quién es el juez Horacio Rosatti, a quien el Presidente le pidió juicio político

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:
  • Alberto Fernández pidió el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti.
  • El magistrado fue elegido en octubre de 2021 para estar al frente del máximo tribunal del país.
  • El jurista fue intendente de Santa Fe por el Partido Justicialista y durante 2 años ejerció como ministro de Justicia de la Nación, en la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007).

Última actualización: 04/01/2022.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti. El mandatario formalizó el planteo el miércoles 4 de enero último, ante diputados del oficialismo, días después del fallo dictado por el máximo tribunal del país en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la causa contra la Nación por los fondos de la coparticipación.

El pedido, que también pesa sobre los otros 3 miembros del máximo tribunal -Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz- fue apoyado una decena de gobernadores de los 14 que habían participado de una reunión virtual y presencial con el mandatario para analizar el fallo de la Corte.

En su mensaje del 1 de enero, Fernández dijo que el objetivo de la presentación contra el presidente del máximo tribunal es “que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”. En esta nota te contamos quién es el juez Horacio Rosatti.

¿Quién es Horacio Rosatti?

En octubre de 2021, Rosatti fue nombrado presidente de la Corte. El magistrado tiene 66 años y en 2016 había obtenido su primer cargo en el Poder Judicial, cuando fue nombrado juez del máximo tribunal.

Su trayectoria previa tenía más vínculo con la política y el peronismo. Se inició en la década del ‘80 como director de Técnica Legislativa de la provincia de Santa Fe y como fiscal del municipio de Santa Fe. A principios de los ’90 fue funcionario en la gestión municipal de Jorge Obeid y en 1993 renunció para asumir un cargo en el gobierno provincial de Carlos Reutemann, ambos peronistas.

En 1994 fue convencional constituyente para la reforma de la Constitución nacional en representación del Partido Justicialista (PJ). Un año después, y también con el sello del PJ, ganó las elecciones municipales y asumió como intendente de Santa Fe. En junio de 2003, volvió a la función pública, cuando Néstor Kirchner lo nombró Procurador del Tesoro de la Nación. Ocupó ese cargo durante un año, hasta que reemplazó a Gustavo Béliz como ministro de Justicia de la Nación.

Su gestión se caracterizó por sus críticas al Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos e Inversiones (CIADI) y la defensa del país ante los tribunales internacionales, como él mismo destacó en su carta de renuncia, en julio de 2005.

A pocos días de llegar a la Casa Rosada, en diciembre de 2015, Mauricio Macri nombró por decreto a Rosatti y a Rosenkrantz como jueces de la Corte “en comisión”. La decisión fue muy resistida, y finalmente ninguno de los 2 asumió hasta que se llevó a cabo el procedimiento de audiencias y acuerdo legislativo que establece la Constitución y el Decreto 222/2003.

Cuando asumió como presidente de la Corte, el jurista santafesino reemplazó a Rosenkrantz, que ocupaba el cargo desde octubre de 2018, cuando sucedió a Ricardo Lorenzetti. Rosatti fue propuesto como titular del tribunal por Juan Carlos Maqueda. A esta propuesta adhirieron él mismo y Rosenkrantz, quien se convirtió en vicepresidente. Ricardo Lorenzetti y Elena Highton no participaron del acuerdo.

El presidente de la Corte Suprema tiene tanto funciones políticas y judiciales como administrativas: está en la línea de sucesión presidencial, representa al tribunal ante los otros poderes del Estado, preside las audiencias públicas y dirige los acuerdos e influye en el temario de expedientes a tratar.

¿Qué es un juicio político?

El juicio político es el método de remoción de las máximas autoridades del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación.

El desenlace del juicio tiene sólo consecuencias políticas: su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. La responsabilidad penal del funcionario queda a cargo de los tribunales ordinario y las causales de juicio político son 3: el mal desempeño de las funciones, la comisión de delitos en ejercicio del cargo o por fuera de la función pública, que son 2 causales objetivas que requieren una condena previa.

La Cámara de Diputados es quien ejerce la acusación, con una mayoría de 2 tercios de los presentes, ante el Senado, que con la misma mayoría juzga al acusado por Diputados. Antes de eso, el pedido de juicio político, que puede ser presentado por un funcionario o por un particular, debe ingresar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en donde se decide qué denuncias son admisibles y cuáles no. Cuando se considera admisible la denuncia, la Comisión inicia una investigación, y una vez concluida, debe emitir un dictamen, con la mitad más uno de los miembros presentes, para que se desestime o se inicie el juicio político en la Cámara de Diputados.

Pero el avance de ese expediente después requiere mayorías especiales en los recintos. Si los 2 tercios de la Cámara baja aprueban el dictamen, la misma Cámara debe elegir a uno o 2 diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. El Senado, por su parte, decidirá por 2 tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado.

El Frente de Todos no cuenta en la actualidad con los 2 tercios necesarios en ninguna de las 2 cámaras. Ni siquiera llega al quórum (la mitad más uno de los miembros), el número mínimo necesario para iniciar las sesiones. El interbloque de Juntos por el Cambio, que posee 116 bancas, ya manifestó que rechaza el pedido de juicio político impulsado por el Presidente.

El juicio político no es una herramienta muy utilizada en la Argentina, aunque existen antecedentes. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces del máximo tribunal y fueron destituidos dos jueces del máximo tribunal, los últimos destituidos por esta vía: Moliné O’Connor, en diciembre de 2003, y Antonio Boggiano, en 2005.

Actualización, 04/01/2022: esta nota se actualizó con la última información disponible.

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Comentarios

  • Román2 de enero de 2023 a las 10:49 pmNo dicen nada respecto del nombramiento del juez.
  • Rubén3 de enero de 2023 a las 11:51 amLo que hace y lo que hizo, también hacen a quien es. Nada de esto se mostró en esta nota. Al parecer quieren seguir tapando cosas.
  • Ernesto5 de enero de 2023 a las 5:39 pmMe parece anti ético que sin el voto de Lorenzetti ni Highton el consigue su puesto por su propio voto. Un juez del alto tribunal, tiene por lo menos ser ético, por tal motivo es lógico en principio su destitución.
  • Liliana6 de enero de 2023 a las 4:47 pmQue no pusieran que fue puesto por decreto en la portada es tendencioso, obligan a abrir la nota, que no muchos lo hacen

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