La Corte y el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner: ¿qué se resolvió y qué no?
- A una semana del comienzo del primer juicio contra la ex presidenta, el máximo tribunal solicitó el expediente de la causa “Vialidad” para tratar recursos pendientes.
- La medida fue criticada porque podría haber demorado el inicio de las audiencias del debate oral y público.
- La Corte aclaró luego que esto no afecta el inicio del juicio y hoy devolvió el expediente.
“Por disposición del Tribunal, solicítense los autos principales con carácter de urgente”. Con un oficio de 12 palabras, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida de alto impacto político, que instaló la idea de que podría demorarse el inicio del primer juicio oral y público contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de la causa conocida como “Vialidad”, en la que se investigan irregularidades en el otorgamiento de obras públicas para el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
Tras el revuelo mediático y social generado y las críticas de referentes del oficialismo, la Corte emitió un comunicado en el que aclaró que su medida no afectaba el comienzo del juicio y hoy devolvió el expediente. A continuación, un repaso por la controversia.
Qué hizo la Corte
Lo que hizo la Corte el último martes fue pedir al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 2, a cargo del juicio contra Fernández de Kirchner y 12 acusados, que le envíe el expediente. Esta decisión se tomó a una semana del comienzo de las audiencias de juicio, que, según estableció el TOF, empezarán el martes 21 a las 12 del mediodía. La razón por la que la Corte tomó esta decisión es que aún quedan recursos de queja pendientes que deben ser resueltos por el máximo tribunal, y para el análisis de esos incidentes requería tener acceso a todo el expediente.
Actualmente, hay 9 recursos de queja pendientes de una resolución en la Corte, uno de ellos presentado por la ex presidenta, que reclama que se amplíe la pericia a las 51 obras por las que está imputada y no sólo a las 5 que fueron seleccionadas en las instrucción. Y, además, hay otros tres pendientes de respuesta en la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país.
La interposición de recursos de queja “no suspende la tramitación de la causa, la cual sigue su curso, pero existen casos en donde la Corte Suprema al advertir que puede haber una manifiesta violación de los derechos invocados resuelve suspender el trámite durante la resolución del recurso”, explicó en una columna de opinión el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y agregó que si solicita el expediente para analizar el recurso “en los hechos la solicitud tiene efectos suspensivos por cuanto mientras está el expediente en la órbita del tribunal la causa no puede seguir tramitando”. Esto se debe a una cuestión material. “Sin expediente principal no hay trámite”, aclaro a Chequeado Gil Domínguez.
Las reacciones a la medida
El oficio emitido por la Corte, que sólo lleva la firma del secretario penal del tribunal, Fernando Arnedo, instaló una idea central: sin el expediente no se puede empezar el juicio. “Genera bronca en una sociedad que tiene una demanda concreta de Justicia”, señaló ayer en su cuenta de Twitter el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. También criticó a la Corte Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, organismo que es querellante en este expediente y que presentó un escrito ante el TOF para que se dé inicio al juicio a pesar del oficio de la Corte.
No fue el único pedido. El fiscal federal a cargo del juicio, Diego Luciani, pidió al TOF que solicite a la Corte la devolución del expediente “con antelación suficiente”, teniendo en cuenta que el martes debía darse inicio al juicio. El fiscal sostuvo que si no existía tiempo suficiente para hacer copias del expediente, la Corte podía acceder a las copias digitalizadas y devolver el original.
El TOF envió el expediente a la Corte ayer a la mañana. El único pronunciamiento público fue de su presidente, Jorge Gorini. “El juicio a Cristina Kirchner de momento no fue suspendido”, dijo el magistrado en una entrevista en Radio La Red.
La aclaración final
Un rato más tarde apareció el comunicado de la Corte. Sostuvo que de los planteos presentados por los imputados no surgían elementos suficientes para resolver los recursos. Por eso, necesitaba acceder al expediente. “Esta medida es habitual en la Corte y ha sido adoptada en numerosas oportunidades”, sostuvo. Y aclaró que su pedido “no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido”.
Agregó que “una vez extraídas y certificadas las copias”, el expediente sería devuelto al TOF en “tiempo oportuno” y que de esta manera se cumple con los dos propósitos: la necesidad de que los procesos judiciales avancen y el respeto del derecho de defensa de los imputados. Y, sin hablar de casos puntuales, recordó anteriores experiencias en las que por no haber controlado a tiempo, “los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales”.
Luego de extraer las copias, la Corte devolvió esta mañana el expediente al TOF.
“Me parece bien que la Corte entienda que es posible hacer las dos cosas: perseguir la corrupción y respetar los derechos individuales de todos, se llamen como se llamen”, explicó a Chequeado Natalia Volosín, abogada especializada en temas de corrupción. Coincidió en que el máximo tribunal puede analizar los recursos con copias, y agregó: “Celebro que la Corte por fin le baje línea a los jueces inferiores en que debe atender al derecho irrestricto de defensa en juicio”.
¿Qué se investiga?
La causa se inició en 2016, con una denuncia presentada por la Dirección Nacional de Vialidad cuando el ex secretario de Energía de la Nación Javier Iguacel estaba a cargo del organismo. El funcionario entregó registros manuales de supuestos sobreprecios y licitaciones de obras digitadas que encontró en el organismo. En diciembre de ese año, el juez federal Julián Ercolini procesó a la ex presidenta por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. La causa fue elevada a juicio en marzo de 2018.
Además de Fernández de Kirchner, en el banquillo de los acusados también estarán, entre otros, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez. Se investigan maniobras para direccionar la obra pública de la provincia de Santa Cruz a favor de Báez.
Fecha de publicación original: 17/05/2019
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