Privatizaciones de Milei: con 7.400 empleados y déficit de $ 117 mil millones, AySA cubre el 85% del AMBA

El Gobierno nacional reglamentó el Título II de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que, entre otros puntos, establece el procedimiento para privatizar 8 empresas del Estado.

Una de esas compañías es Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA SA), la empresa encargada de brindar agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El servicio de agua potable de esta región había sido privatizado durante el gobierno de Carlos Menem y concesionado a la empresa Aguas Argentinas SA, operada por el grupo francés Suez, pero en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner rescindió ese contrato y creó la empresa AySA, bajo control estatal. 

“El 90% del capital de la sociedad pertenece al Estado nacional, mientras que el 10% restante corresponde al personal a través de un Programa de Participación Accionaria”, detalla el informe del Ministerio de Economía sobre la ejecución presupuestaria de las empresas públicas.

En esta nota -la primera de una serie de radiografías sobre las empresas públicas que el proyecto de Ley Bases busca privatizar- las claves de AySA: su origen, su dotación de personal, su presupuesto, su relevancia estratégica y el debate sobre la necesidad de una empresa pública de agua.

¿Cómo evolucionó la cobertura de agua potable y cloacas de AySA?

La empresa brinda el servicio de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del Gran Buenos Aires. El último informe de sustentabilidad de la compañía, con datos de 2022, refleja que la cobertura de agua potable llega al 75% de la población y la de cloacas, al 61,7%. Sin embargo, estos datos esconden algunas aclaraciones necesarias.

Entre 2017 y 2018, durante la gestión de Cambiemos, se incorporaron al área de concesión de AySA 9 municipios del Conurbano bonaerense, casi todos provenientes de la concesión de Aguas Bonaerenses SA. Si se desglosa la cobertura con estas aclaraciones, como hacen los informes oficiales, se puede decir que desde la creación de AySA la cobertura de agua potable en el área de concesión original (CABA + 17 municipios) pasó del 76% en 2006 a 85% en 2022. Con este mismo criterio, la cobertura de cloacas pasó del 57% de la población en 2006 al 72,6% en 2022.

El porcentaje desciende cuando se incluye a los nuevos municipios porque son regiones con baja cobertura (36% en agua potable y 25% en cloacas)

¿Cuántos empleados tiene la empresa AySA?

El último dato oficial disponible es de marzo de 2024. Según el informe de dotación de personal de la Administración Pública Nacional que publica todos los meses el INDEC, ese mes la empresa estatal tenía 7.488 empleados. Casi la totalidad son trabajadores en relación de dependencia y menos del 0,3% son personal fuera de convenio o con otro tipo de contrataciones.

En noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Javier Milei, eran 7.799 empleados. Es decir que la dotación se redujo en 311 trabajadores, un 3,9% del total.

Más allá del informe del INDEC, la empresa pública informa todos los meses su cantidad de empleados. El último dato disponible es de enero. Eran 7.690 empleados, con el siguiente desglose: 46 directivos, 4.346 cargos técnicos y profesionales, 714 administrativos y 2.584 obreros y personal de maestranza.

El primer registro disponible de la empresa en su etapa de gestión estatal es de mayo de 2007. Ese mes registraba una dotación de 4.198 empleados. 

¿Cómo dan los números financieros de AySA?

A lo largo de 2023, las empresas públicas en su conjunto registraron un déficit operativo equivalente a $ 1,6 billones, según la Secretaría de Hacienda de la Nación. AySA ocupa el cuarto puesto entre las empresas con mayor déficit operativo, detrás de Enarsa (encargada de la importación de energía), la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (OFSE) y Aerolíneas Argentinas. 

El déficit operativo de AySA, de acuerdo con el informe del Ministerio de Economía sobre la ejecución presupuestaria de las empresas públicas del cuarto trimestre de 2023, fue de $ 117 mil millones. Es la diferencia entre los ingresos operativos de la empresa (sin contar las transferencias del Tesoro nacional) y los gastos operativos (remuneraciones, bienes y servicios y otros gastos).

Por otro lado, en 2023 el Tesoro Nacional le transfirió a AySA $ 86 mil millones para gastos corrientes (salarios y gastos de funcionamiento) y $ 198 mil millones para gastos de capital (obras de infraestructura), según consta en los informes de ejecución presupuestaria de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El último informe publicado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), organismo público que ejerce el control sobre la empresa AySA, es de 2022. “Se observa que la facturación sólo cubre el 61% de los costos operativos en el año 2022, sin considerar amortizaciones ni la inversión en el reemplazo o renovación de activos físicos, llegando a la menor cobertura de la serie. Esta situación se origina principalmente por el incremento de los costos asociados a una inflación anual del 94,80% y una adecuación tarifaria que no acompañó dicho aumento”, destacó el organismo. 

¿Cómo se presta el servicio de agua y saneamiento en la región?

Hay 3 países de América Latina que prohíben en su Constitución la participación privada en la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Son Bolivia, Ecuador (contempla excepciones) y Uruguay, de acuerdo con un informe publicado en 2021 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según este mismo documento, Chile es el único país de la región que tiene casi todos sus servicios de agua y saneamiento en manos de privados. En Brasil, hay empresas mixtas, privadas y públicas que operan en los distintos municipios y estados. 

En Paraguay, una empresa pública (ESSAP SA) tiene la concesión del servicio de agua en ciudades con más de 10 mil habitantes y hay prestadores privados en sistemas de baja escala. En Colombia, según los datos del BID, el 53,3% de los usuarios son abastecidos por empresas mayoritariamente públicas, el 24,1% por empresas mixtas y el 19,3% por empresas privadas.

En la Argentina, desde 1980, la administración del servicio de agua está en manos de los gobiernos provinciales, con excepción del AMBA, que está bajo jurisdicción nacional. A su vez, muchas provincias delegan los servicios de agua y saneamiento de algunas localidades en gobiernos municipales o en cooperativas.

Según datos recopilados en un informe de 2020 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en nuestro país hay 1.828 prestadores de servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas. De ellos, 23 son provinciales y regionales (el regional se refiere exclusivamente a AySA, que abarca 2 jurisdicciones -CABA y PBA-). De esos 23 prestadores provinciales y regionales, 15 son empresas públicas, 4 son entidades estatales y 4 son concesionarios privados. 

¿Hay evidencia sobre la conveniencia de una empresa pública o privada?

En la Argentina, la prestación del servicio de agua ya estuvo en manos públicas y en manos privadas. La región atravesó una tendencia similar, con una mayor preponderancia del sector privado en la década del ‘90 y una mayor participación del Estado en las décadas posteriores. 

Miguel Solanes, consultor internacional y ex asesor en Derecho de Aguas y Regulación de Servicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló en un trabajo realizado en 2015 que “el programa de privatización de servicios públicos de la década de los ‘90 no vino acompañado en la región, en términos generales, por una regulación sensible a las exigencias en materia de eficiencia y sustentabilidad del servicio que exigía la nueva figura del operador privado”.

Sin embargo, el trabajo del especialista no considera que exista una opción mejor que la otra: “No se conocen datos empíricos inequívocos que avalen de antemano la opción de elegir empresas públicas o privadas en el sector del agua”.

 

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Actualización 05/08/2024: se actualizó la nota con la reglamentación de la ley publicada en el Boletín Oficial.