Las causas y denuncias contra Ariel Lijo, el juez designado por decreto para la Corte Suprema

El Gobierno nacional confirmó el nombramiento por decreto de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El pliego del juez federal había logrado el dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado, pero hasta ahora no fue tratado en el recinto de la Cámara alta.

La designación de Lijo, quien actualmente es juez federal penal en la Ciudad de Buenos Aires, generó controversia desde el momento de su postulación en abril de 2024, tanto por su trayectoria como por las múltiples denuncias que enfrentó a lo largo de su carrera. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Lijo se encuentra entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, con un total de 34 denuncias disciplinarias desde que asumió en 2004. 

Ante la designación, más de 30 organizaciones de la sociedad civil presentaron un comunicado titulado ‘Grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional en la Corte Suprema’, que señala que “la decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a 2 varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional”. 

¿Cuáles son las principales acusaciones y denuncias contra el juez nombrado por Javier Milei para la Corte Suprema? Te lo contamos en esta nota.

Un juez con varias denuncias disciplinarias

Según un informe realizado por ACIJ, Lijo se encuentra entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, con un total de 32 denuncias disciplinarias entre 2004 y 2024. 

Sin embargo, desde la publicación de ese informe las cifras han cambiado. Al día de hoy, esas denuncias aumentaron a 34, según explicaron desde la organización a Chequeado. Con un promedio de 1,7 denuncias por año, Lijo acumula un historial que lo coloca en el segundo lugar entre los magistrados de Comodoro Py con más cuestionamientos ante el organismo encargado de designar y remover a los jueces. Solo lo supera el juez Marcelo Martínez Di Giorgi (con 2,58 denuncias por año).

De acuerdo con los registros del Consejo de la Magistratura, la mayoría de las denuncias presentadas (16) contra Lijo fueron finalmente desestimadas o rechazadas in limine (es decir, sin darles algún tipo de tratamiento). Según el informe de ACIJ, otras 11 fueron desestimadas luego de algún análisis, 2 fueron archivadas por el mero paso del tiempo, 5 continúan abiertas. Ninguna denuncia en su contra ha concluido en una sanción.

De los 5 procesos disciplinarios abiertos, uno es el que Elisa Carrió y Juan Manuel López (Coalición Cívica) presentaron en abril de 2024, donde se cuestiona la investigación del expediente por enriquecimiento ilícito en el que fue sobreseído por el juez Julián Ercolini. Otra es la denuncia de Pedro Amarillo Payé, quien acusa a Lijo de haber tergiversado su declaración en una causa donde denunciaba hostigamiento del sindicato de camioneros; y también una denuncia presentada por el diputado López por presuntas resoluciones arbitrarias en casos relacionados con la Obra Social del Poder Judicial.

La denuncia penal de Elisa Carrió

Por fuera de los expedientes disciplinarios, una de las denuncias más resonantes contra Lijo fue presentada en 2018 por la entonces diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica), quien lo acusó penalmente por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias.

La denuncia no solo incluía a Lijo, sino también a su hermano Alfredo (señalado como operador en los tribunales federales), al ex camarista federal Eduardo Freiler, al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y a su ex secretario privado, José María Olazagasti.

En esa causa, los hermanos Lijo fueron patrocinados en los tribunales por Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación, según consta en el Observatorio del Centro de Información Judicial (CIJ). La causa fue investigada por el juez federal Julián Ercolini, y estuvo a cargo del fiscal federal Franco Picardi. Finalmente, los acusados fueron sobreseídos.

Con la reciente nominación de Lijo para la Corte Suprema, esta denuncia volvió a la opinión pública. Tanto Carrió como el diputado Juan Manuel López presentaron nuevas denuncias contra el accionar del juez Ercolini y el fiscal Picardi por su manejo del caso y solicitaron que se audite su actuación. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también se pronunció contra la actuación de Ercolini y solicitó auditar su desempeño.

Cuestionamientos sobre su desempeño en causas de corrupción

El informe de ACIJ también señala que, de las 89 causas de corrupción que estuvieron a cargo de Lijo, sólo elevó a juicio oral 14, lo que lo convierte en el juez de instrucción de Comodoro Py con menor cifra total y el cuarto que menos elevó en términos relativos (15,7%).

De las 89 causas totales, 26 continúan en período de instrucción (algunas por períodos muy extensos), y de estas, 13 están en esa situación hace 10 años o más. Hay 3 casos que están abiertos desde hace más de 15 años: la causa de Edmundo Ruckauf, presidente de la Obra Social para el personal del Ministerio de Economía, abierta hace 17 años; la causa conocida como “vaciamiento y expropiación de YPF”, abierta hace 18 años, en la que se investiga a funcionarios como Amado Boudou, Julio De Vido, Axel Kicillof y Carlos Zannini; y la que corresponde al Caso Siemens, abierta hace 26 años, donde se investigan irregularidades en una licitación realizada durante el gobierno de Carlos Menem (Partido Justicialista).

Además, como se explicó en esta nota, Lijo fue el juez de la causa conocida como Correo Argentino, en la que se denunció un acuerdo “abusivo” por la deuda que la empresa, en concurso de acreedores desde 2001, mantenía con el Estado. El acuerdo, denunciado por perjudicial para el Estado, fue realizado por el Ministerio de Comunicaciones durante la presidencia de Macri (Cambiemos), cuya familia controla la empresa Correo Argentino. Este expediente todavía está abierto. En la causa fue indagado el entonces ministro Oscar Aguad. Macri está imputado.

Chequeado consultó al juez Ariel Lijo pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.